Improcedencia del hábeas data por entrega (tardía) de información y la protección procesal preventiva

Por Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La correcta determinación del acto lesivo que se impugna a través de un proceso constitucional de tutela de derechos, como el hábeas data, tiene importantes repercusiones para el desarrollo del mismo, pues resulta esencial para que éste gire en torno a un problema principal y específico, y no respecto a materias poco claras, accesorias o no relevantes para la resolución del tema de fondo; y para que la autoridad judicial, en la sentencia respectiva, establezca un mandato concreto de dar, hacer o no hacer, que garantice el derecho afectado o amenazado. También permite verificar, con posterioridad al fallo, si lo ordenado por el juez se ha cumplido, o si –por el contrario- aún subsiste la amenaza o violación del derecho. De igual forma, si la sentencia establece de forma clara el acto lesivo que ha sido considerado como atentatorio de un derecho fundamental, se podrá identificar en forma rápida y sencilla si el mismo acto ha vuelto a llevarse a cabo. Por el contrario, si el acto lesivo no queda claramente determinado, de producirse un acto similar se presentará una dificultad para delimitar si existe homogeneidad entre ambos.

Los actos lesivos suelen ser clasificados en función a determinados criterios, los cuales son esenciales para evaluar la procedibilidad de una demanda. Al momento de presentarse la misma el acto lesivo debe encontrarse generando plenos efectos. En este sentido, la doctrina distingue entre actos lesivos subsistentes y no subsistentes. Si el acto lesivo subsiste al momento de presentarse la demanda, ésta debe continuar su curso; si ha cesado, debe ser declarada improcedente. En la legislación nacional, el cese del acto lesivo de los derechos fundamentales ha sido establecida como una causal de improcedencia en el artículo 5º inciso 5º del Código Procesal Constitucional, que dispone que no proceden los procesos constitucionales cuando “a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional (…)”.

La Base de Datos “Justicia y Transparencia” nos permite identificar que en muchas ocasiones, demandas de hábeas data presentadas con la finalidad de acceder a determinada información han sido finalmente declaradas improcedentes al haberse identificado que con posterioridad a su interposición el acto lesivo cesó como consecuencia de haberse entregado al demandante la información solicitada. Ello puede apreciarse, a modo de ejemplo, en las sentencias 03839-2011-PHD/TC, 05589-2009-PHD/TC y 01902-2009-PHD/TC. En tales supuestos no corresponde aplicar el citado artículo 5, inciso 5, del Código, pues se aplica a los casos en que el acto cesó antes de la presentación de la demanda. Si cesó después, la tendencia del Tribunal Constitucional ha sido declarar la improcedencia de la demanda por sustracción de la materia.

Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 1º del Código señala que si el acto lesivo ha cesado luego de presentada la demanda, no necesariamente en todos los casos debe declararse improcedente, pues puede estimarse fundada a fin de ordenar que la situación identificada como lesiva de derechos fundamentales no vuelva a repetirse en el futuro. Se trata de una tutela procesal preventiva. Para tal efecto, corresponde a la parte demandante sustentar adecuadamente, en la etapa procesal que corresponda, las razones que justifican adoptar una medida de este tipo, pues en caso contrario podría obtener una respuesta desfavorable. Así, en la sentencia 4092-2010-HD/TC, el Tribunal señaló, ante el pedido de aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del Código, que la parte demandante no expuso “justificación jurídica alguna para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, en la perspectiva de prevenir que una afectación similar de los derechos invocados [acceso a la información] se presente en el futuro”. De otro lado, en la sentencia 4530-2008-HD, preciso que “para este Colegiado la aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del Código obliga al juez a realizar una adecuada ponderación de los derechos y valores inmersos en el conflicto constitucional, y evaluar si resulta necesario en el caso concreto la aplicación de la tutela procesal preventiva en sede constitucional, que permitiría resguardar los derechos fundamentales de una lesión futura”.

Por ello, ante la omisión o negativa expresa de las entidades estatales de entregar una determinada información, corresponde identificar las consecuencias procesales del cese de tales actos, en atención al momento en que se produzca, que puede ser antes o después de presentada la demanda. En este último supuesto, queda la posibilidad que se emita un pronunciamiento sobre el fondo con efectos preventivos a futuro, pero ello no es automático, por lo que debe exponerse adecuadamente el sustento y la necesidad de un pronunciamiento en ese sentido.

Anuncios

¿Desea comentar este documento?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s