Autoridad para la Transparencia: una promesa incumplida.

 

“…llamamos la atención del Presidente de la República, Sr. Pedro Pablo Kuczynski, sobre el grave retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública que supone el Decreto Legislativo N° 1353 que crea una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), calificándola como “Autoridad Nacional”, pero carente del nivel y de atribuciones mínimas para una entidad de esta naturaleza.”

 

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Perú: Elementos relevantes en el diseño de la Autoridad para la transparencia y los datos personales.

Javier Casas*

Ha concluido el mandato otorgado por el ministerio de Justicia a un grupo de trabajo para elaborar un informe que sustente el diseño de una autoridad nacional dedicada a promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales. Y si miramos el concepto del proyecto normativo en su totalidad, hay tres elementos trascendentes que vale la pena describir y comentar brevemente. Se trata de la autonomía de la entidad, la unificación de sus funciones, y la exclusividad de su potestad sancionadora.

El deber de conservar la información en poder del Estado mirado desde la archivística (I)

Marco Antonio Gózar Llanos

Especialista en administración de archivos de COINN Consultores Integrales en Archivos S.A.C.

En términos generales, documento es todo aquello donde se asienta información. Un documento de archivo es todo aquel documento generado y/o recibido por una persona natural o jurídica, en el ejercicio de sus funciones.  Un documento de archivo lo es independientemente de su soporte: soporte papel, soporte magnético (una cinta de video, un disco duro, etc.), soporte óptico (un CD, un DVD, etc.), soporte electrónico (un correo electrónico, un PDF, una base de datos en Excel, etc.).

El ‘bloque de constitucionalidad’

Se trata de una noción jurídico-política que persigue la coherencia en el orden de las leyes, posibilitando al juzgador otorgarle a unas la cualidad de referentes para analizar la constitucionalidad de otras, siendo todas de igual jerarquía. Siguiendo esta línea conceptual, cabe preguntarse si es que Texto Único Ordenado de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública no forma parte acaso del ‘bloque de constitucionalidad’.

El “interés público” en relación con el presunto conflicto entre el acceso a la información pública y otros derechos.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra), Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura), Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea).

El ejercicio judicial para la interpretación constitucional de los derechos humanos ha dado lugar a la creencia que éstos pueden colisionar entre sí; es decir, se asume la idea que los conflictos de derechos humanos (la libertad de información versus el derechos de intimidad por ejemplo) son posibles y se pueden evidenciar en un caso concreto; en ese sentido, la doctrina nos presenta dos teorías que buscan justificar esta afirmación.

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible.

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento.