¿Quién debe pagar las costas y costos de un proceso de Hábeas Data?

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

El artículo 56 del Código Procesal Constitucional señala que es la parte vencida, si la demanda es declarada fundada. Si la demanda es infundada, el juez podrá hacer pagar al demandante, cuando haya actuado con manifiesta temeridad. Sin embargo, tal como ha sido reseñado en un artículo de Dania Coz, la jurisprudencia ha contradicho dicha norma, creando una norma distinta: cada parte debe asumir sus propias costas y costos (CyC).  

La ejecución anticipada en los procesos de Hábeas Data.

Erika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia.

La ejecución anticipada es un instituto procesal que otorga al juez la potestad para que, en cualquier momento del proceso y antes de que dicte sentencia, solicite al demandado la entrega de la información que motivó la interposición del Hábeas Data. Además, otorga la facultad para solicitar informes sobre el soporte técnico de los datos, la forma en la que se produjo su recolección, y en general, cualquier elemento que resulte útil para resolver el caso. Este pedido  podrá realizarse de oficio por el juez o a solicitud del recurrente, fijándose como plazo máximo tres días útiles para que la entidad remita al juez la información solicitada.

Actuación judicial ante el cese de la lesión del derecho de acceso a la información pública por demora en la entrega de información

Erika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional establece como una causal de improcedencia de los procesos constitucionales, que a la presentación de la demanda la amenaza o violación de un derecho constitucional haya cesado. Como toda regla, esta  encuentra su excepción  en los casos en que la violación o amenaza alegada, se produzca luego de haberse presentado la demanda. En estos casos, el artículo 1º del referido código, permite que el Juez, atendiendo al agravio producido, pueda declarar fundada la demanda precisando los alcances de su decisión.

Rechazo de pedidos de información pública por su inexistencia o por defectos de la solicitud

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta oportunidad, se ha considerado conveniente hacer un breve recuento de las obligaciones que debe cumplir cualquier institución cuando deniega un pedido de información pública, de conformidad con el artículo 2, numeral 5, de la Constitución y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la Ley).

Hábeas Data: adecuando las formalidades a los fines del proceso

Samuel B. Abad Yupanqui

Profesor de Derecho Constitucional de la PUCP. Socio del Estudio Echecopar

¿Puede una exigencia formal limitar el cumplimiento de los fines de un proceso de hábeas data? Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona solicita información a una entidad pública omitiendo referirse a un documento de su legajo personal y luego, en su demanda, pide copia del legajo completo?, ¿qué ocurre si se apela una sentencia desestimatoria sin detallar todos los agravios que ella produce al demandante? o ¿qué sucede si un proceso se inicia como amparo cuando en realidad era un hábeas data? En tales casos ¿deberá rechazarse la tutela solicitada? Veamos.

Luces y sombras sobre la condena al pago de costos por la parte vencida; a propósito de la sentencia 01133-2012 del TC sobre hábeas data.

Dania Coz Barón

Responsable del archivo web de sentencias de Hábeas Data “Justicia y transparencia” que administra Suma Ciudadana.

El artículo 56° del Código Procesal Constitucional dispone la obligatoriedad del pago de costos y costas por la parte vencida en los procesos constitucionales. A su vez, en los procesos de hábeas data, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la condena de costos y costas es consecuencia legal del carácter fundado de la demanda (STC N° 02776-2011-PHD/TC, 02661-2011-PHD/TC y 03143-2012-PHD/TC). Sin embargo, en la reciente sentencia recaída en el expediente N° 01133-2012-PHD/TC, el Tribunal se apartó de su línea jurisprudencial, señalando nuevos caminos de interpretación para los jueces.

La sentencia de hábeas data ‘perfecta’

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La parte resolutiva de una sentencia es de suma importancia para lograr su cumplimiento, razón por la cual corresponde que en ella se precise de forma clara el derecho que ha sido identificado por el juez como amenazado o vulnerado; el acto mediante el cual se lesionó el derecho (por acción u omisión); el mandato concreto (de hacer, no hacer o dar) para asegurar su protección; la autoridad, funcionario o persona a quien corresponde cumplir el mandato; el plazo para su cumplimiento y las medidas de presión (coercitivas) a aplicar en caso de incumplimiento. De esta manera, el juez garantiza una efectiva protección judicial de los derechos fundamentales, pues evita posteriores errores o interpretaciones divergentes sobre lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales.