Uso inmotivado de excepciones al derecho de acceso a la información pública: el caso de la extradición de Alberto Fujimori.

Víctor Quinteros Marquina
Investigador principal del Laboratorio de Criminología de la Escuela de Gobierno de la PUCP

Desde su entrada en vigencia en el mes de julio de 2002, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N⁰ 27806, ha demostrado ser un instrumento de especial utilidad para periodistas, investigadores independientes y colectivos ciudadanos mayormente interesados en conocer información sobre el manejo de fondos públicos y, en general, ejercer control ciudadano sobre la gestión de sus autoridades e instituciones. En definitiva, un medio fundamental para transparentar la cosa pública, así como para la prevención y combate contra la corrupción.Sin embargo, esta misma herramienta también ha demostrado ser eficaz para fines académicos, como el estudio y análisis de políticas públicas, con la finalidad de destacar logros, rescatar modelos de gestión o, incluso, proponer medidas correctivas que contribuyan a la permanente mejora y perfeccionamiento de la acción estatal en sus distintos ámbitos. Tales fines académicos, y ello constituye una experiencia personal, motivaron que el 18 de abril de 2016, solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores la entrega de documentos relacionados con el proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori.

Dicha solicitud, tuvo por objetivo obtener evidencia documental –física– que sirva de respaldo a una publicación inspirada en lo que fue mi tesis para optar el grado académico de magister, siendo el tema central la descripción y análisis de los principales eventos del referido proceso de extradición, ocurridos entre los meses de junio de 2005 y agosto de 2006. Esto es, documentos correspondientes al periodo en que el entonces prófugo pasaba sus últimos días en Japón y, luego de su sorpresiva huida a Chile, hubo que diseñar y asumir la estrategia que derivó en la entrega de doce cuadernos de extradición al gobierno de este último país, un 3 de enero de 2006.

Los documentos solicitados fueron los siguientes:
• Nota RE (GAB) 6/33 dirigida a la Cancillería de Japón, de fecha 29 de julio de 2003 (Perú presenta el cuaderno de extradición referido a las matanzas de Barrios Altos y Cantuta).
• Informe sobre el proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, de fecha 30 de enero de 2005.
• Nota Verbal N⁰ 1915/LAC-SA de la Cancillería de Japón, de fecha 16 de mayo de 2005 (Japón solicita información complementaria respecto de dos cuadernos de extradición en trámite).
• Informe de situacional del 28 de junio de 2005.
• Primer balance de actividades al mes de agosto de 2005.
• Nota RE (CEJ) N⁰ 002/05, a la Embajada de Japón en el Perú, de fecha 26 de setiembre de 2005 (Perú entrega información complementaria solicitada por Japón).

Dentro del plazo establecido por la Ley N⁰ 27806, mediante Oficio RE (TAI) N⁰ 0-2-B/132, de fecha 28 de abril de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores atendió parcialmente el pedido de información haciendo entrega de copias de las tres notas diplomáticas solicitadas y del informe de fecha 30 enero de 2005. Por el contrario, los otros dos informes, situacional del 28 de junio y de balance de actividades de agosto del mismo año, fueron denegados por tratarse de documentos considerados de carácter “reservado” y “secreto”, pero sin mediar razón que explique o justifique tal calificación, lo que, de por sí, ya constituía una contravención al artículo 13⁰ de la Ley que exigía que tales razones deban ser expresadas en la respuesta oficial. Así, el 2 de mayo de 2016, fue presentado el respectivo recurso de apelación argumentando el carácter público de los dos informes solicitados.

Tales argumentos, en síntesis, fueron los siguientes:
• La respuesta oficial, contrariamente a lo que exige la Ley, omite señalar las razones por las cuales los informes solicitados debían considerarse de carácter “reservado” y “secreto”.
• Los informes no se refieren a aspectos que correspondan al ámbito militar ni de inteligencia que involucren riesgos a la seguridad nacional y la estabilidad democrática, por lo que no se trata de información “secreta”, conforme lo establece el artículo 15⁰ de la Ley.
• Los informes no se refieren a aspectos que correspondan al ámbito policial ni de inteligencia relacionada con el orden interno, o cuya revelación implique riesgo de seguridad e integridad territorial ni de defensa nacional, o que frustre negociaciones internacionales o implique riesgo a la subsistencia del sistema democrático, por lo que no se trata de información “reservada”, conforme lo establece el artículo 16⁰ de la Ley.
• A la fecha de presentación de la solicitud, el plazo de cinco años en que una información puede ser clasificada como “secreta” conforme a Ley, no sólo hubiese caducado una vez sino también su extensión por el mismo periodo, y cualquier causa que hubiese originado la clasificación de “reservada”, ya había desaparecido razonablemente.
• El contenido de los documentos requeridos formó parte de un proceso de decisiones que culminó con la extradición de Fujimori al Perú el 22 de setiembre de 2007.
• Atendiendo a la misma naturaleza de los tres informes solicitados, no había razón por la cual darles un tratamiento diferenciado, es decir, que uno haya sido entregado y los otros dos denegados.

Finalmente, en segunda instancia administrativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que los informes situacional y de balance solicitados no tenían carácter “reservado ni “secreto”, atendiendo a que meses antes, el 09 de diciembre de 2015, por Resolución Ministerial N⁰ 1138-2015/RE, había sido creado un grupo de trabajo al interior del Sector, encargado de clasificar, reclasificar y desclasificar la información considerada como secreta y/o reservada conforme a la Ley N⁰ 27806. Entre los documentos revisados por este grupo de trabajo, no estuvieron incluidos los informes en cuestión, lo que determinó –por defecto– su carácter público. De este modo, sin mediar evaluaciones de contenido sino más bien sobre la base de consideraciones de carácter administrativo, por Resolución de Secretaría General N⁰ 0714/RE del 16 de mayo del 2016, y dentro del plazo de Ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso estimar el recurso de apelación, así como la entrega completa de la información solicitada.

A partir de lo expresado y la satisfactoria experiencia que le sirve de marco, debe destacarse la importancia y utilidad del marco normativo vigente en materia de transparencia y acceso a la información, y su funcionalidad para los fines académicos que en estas breves líneas se intenta resaltar. También es necesario observar que la deficiente interpretación de la ley o su inobservancia no sólo resulta perjudicial para los fines de fiscalización ciudadana e investigación periodística, sino también, para los fines analíticos propios del ámbito académico en los que expresan legítimo interés estudiantes, docentes e investigadores interesados en el análisis de políticas públicas y la gestión de entidades públicas en general.

En buena cuenta, un rechazo infundado puede afectar por igual a quien busca fiscalizar la gestión, como a quien pretende contribuir a mejorarla, lo que representa un doble perjuicio para el interés público que trasciende a cada pedido. Por ello, cautelar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, independientemente de sus diversas motivaciones, entre ellas las académicas, debe ser de prioritario interés para el Estado a través de la recién creada Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Justicia, entidad llamada a asumir tal responsabilidad y desafío.

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Una respuesta a “Uso inmotivado de excepciones al derecho de acceso a la información pública: el caso de la extradición de Alberto Fujimori.

  1. En plena actualidad ….. el MINJUS ha denegado ni mas ni menos a la Defensoría del Pueblo el expediente de indulto a Fujimori so pretexto que es un tema de salud, tergiversando la norma, aduciendo por tratarse de información reservada; sin embargo, no ha podido alegar tamaña excusa ´ a la CIDH para denegárselo, Que esa denegatoria a la Defensoría y a los congresistas fiscalizadores sea sopesada como un antecedente en demérito del gobierno al momento de ser evaluado ese indulto ilegal..

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