Archivo de la categoría: Sujetos obligados

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

La primera Constitución Política del Perú en donde se registra el deber de los funcionarios públicos de declarar su patrimonio es la de 1933. Sesenta años más tarde, en 1993, se registra constitucionalmente, por primera vez, el deber del Estado de publicar estas declaraciones juradas en el diario oficial. Sigue leyendo

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento. Sigue leyendo

Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales. Sigue leyendo

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos. Sigue leyendo

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Autoridad de Tutela del derecho de acceso a la información pública: Cuatro modelos

La Oficina Antifraude de Cataluña (España) ha elaborado un documento que analiza los elementos esenciales de una adecuada regulación del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Es de especial interés el análisis de las diversas modalidades de Autoridad de Tutela que presenta.

 

Los servicios públicos a la luz de las normas de acceso a la información pública y de protección al consumidor

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Master en Derecho por U.C. Berkeley

El artículo 9 del T.U.O. de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que “Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen”. Sigue leyendo

El ‘prestigio’ de la administración pública vs la transparencia y la libertad de expresión

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas.

La Corte Suprema del Perú ha señalado recientemente en la sentencia 1233-2011 que todas las entidades de la administración pública, por ser personas jurídicas, tienen el derecho a gozar de prestigio como cualquiera de derecho privado y , como tales, pueden instruir a sus abogados a reclamar judicialmente, por ejemplo a un periodista, por daño moral originado en información falsa o inexacta. Sigue leyendo

Acceso a la información en poder de las universidades nacionales y privadas

Dania Coz Barón
Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Gerente del archivo de Hábeas Data “Justicia y Transparencia”.

Hasta la fecha el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto 25 demandas de hábeas data dirigidas a obtener información en manos de universidades públicas o privadas. El tipo de información a la que se puede acceder depende de la naturaleza de la institución. Si se tratase de una universidad privada (entidad de derecho privado), será de aplicación el artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo solicitarse únicamente información relativa a las características del servicio que brinda, sus tarifas o a las funciones administrativas que ejerza. Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Constitucional al considerar que la educación es un servicio público, y como tal, las universidades privadas están comprendidas en artículo I inciso 8 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (STC N° 03887-2008-PHD/TC, 04602-2008-PHD/TC, 06238-2008-PHD/TC, entre otras). Sigue leyendo

La conservación de la información pública por los sujetos obligados a brindarla

Érika Tejada Villar

Consultora en materia de transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principios que rige el derecho de acceso a la información pública es el principio de conservación de la información, en virtud del cual, se atribuye al Estado el deber de proteger la integridad y disponibilidad de la información pública, evitando su destrucción, deterioro o alteración con el fin de permitir el ejercicio pleno de este derecho. Sigue leyendo