Archivo de la etiqueta: acceso

Perú: Elementos relevantes en el diseño de la Autoridad para la transparencia y los datos personales.

Javier Casas*

Ha concluido el mandato otorgado por el ministerio de Justicia a un grupo de trabajo para elaborar un informe que sustente el diseño de una autoridad nacional dedicada a promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales. Y si miramos el concepto del proyecto normativo en su totalidad, hay tres elementos trascendentes que vale la pena describir y comentar brevemente. Se trata de la autonomía de la entidad, la unificación de sus funciones, y la exclusividad de su potestad sancionadora. Sigue leyendo

El ‘bloque de constitucionalidad’

Se trata de una noción jurídico-política que persigue la coherencia en el orden de las leyes, posibilitando al juzgador otorgarle a unas la cualidad de referentes para analizar la constitucionalidad de otras, siendo todas de igual jerarquía. Siguiendo esta línea conceptual, cabe preguntarse si es que Texto Único Ordenado de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública no forma parte acaso del ‘bloque de constitucionalidad’. Sigue leyendo

Proceso penal y acceso a la información

Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la PUCP. Socio Fundador de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Según el artículo 73 del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940 “La instrucción tiene carácter reservado”. La llamada “reserva del proceso penal” ha sido el manto protector frente al escrutinio público en un asunto que, en términos generales, es de interés público: la persecución penal y la imposición o no de la pena (artículo 139.4[1] del Constitución). Este interés público debe sin embargo ponderarse frente a la vigencia de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria y tributaria. Dos casos resueltos por el Tribunal Constitucional en procesos de hábeas data dan cuenta de esta tensión. Sigue leyendo

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

Consejos prácticos para solicitar información pública de manera eficaz

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas [1]

I.            Introducción

Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional señala que el deber de transparencia pasiva del Estado no se agota con la mera entrega de información a quien la solicita. El Estado está obligado a velar porque la información pública que entrega cumpla con un estándar de satisfacción mínimo, esto es, que sea “completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz” y sentencias posteriores le añadieron a dicho estándar la cualidad de ‘cierta‘. Pero conseguir esto de la administración no es fácil. Todavía la mayor o menor eficacia de una solicitud de información puede predecirse a partir de cuanto cuidado la persona haya puesto en la elaboración de su pedido información, antes de depositarlo en la entidad. En ese sentido, presentamos aquí algunos consejos que esperamos ayuden a mejorar el resultado de un pedido de información. Sigue leyendo

Imagen

Autoridad de Tutela del derecho de acceso a la información pública: Cuatro modelos

La Oficina Antifraude de Cataluña (España) ha elaborado un documento que analiza los elementos esenciales de una adecuada regulación del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Es de especial interés el análisis de las diversas modalidades de Autoridad de Tutela que presenta.

 

Rechazo de pedidos de información pública por su inexistencia o por defectos de la solicitud

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta oportunidad, se ha considerado conveniente hacer un breve recuento de las obligaciones que debe cumplir cualquier institución cuando deniega un pedido de información pública, de conformidad con el artículo 2, numeral 5, de la Constitución y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la Ley). Sigue leyendo

Acceso a la información en poder de las universidades nacionales y privadas

Dania Coz Barón
Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Gerente del archivo de Hábeas Data “Justicia y Transparencia”.

Hasta la fecha el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto 25 demandas de hábeas data dirigidas a obtener información en manos de universidades públicas o privadas. El tipo de información a la que se puede acceder depende de la naturaleza de la institución. Si se tratase de una universidad privada (entidad de derecho privado), será de aplicación el artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo solicitarse únicamente información relativa a las características del servicio que brinda, sus tarifas o a las funciones administrativas que ejerza. Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Constitucional al considerar que la educación es un servicio público, y como tal, las universidades privadas están comprendidas en artículo I inciso 8 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (STC N° 03887-2008-PHD/TC, 04602-2008-PHD/TC, 06238-2008-PHD/TC, entre otras). Sigue leyendo

Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región. Sigue leyendo

El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–. Sigue leyendo