Archivo de la categoría: Información confidencial

Uso arbitrario de excepciones al derecho de acceso a la información pública: el caso del indulto y la gracia a favor de Alberto Fujimori.

Javier Casas
Abogado especializado en libertades informativas.

Toda la documentación que sustenta la decisión del presidente de la República de otorgar el indulto y la gracia al ex presidente Alberto Fujimori ha sido solicitada por diversas personas al ministerio de Justicia, por la vía del acceso a información pública. No obstante, la respuesta negativa del ministerio ha sido la misma para todos. Basándose en la Ley de Protección de Datos Personales, el ministerio ha señalado que niega todo el expediente porque no ha sido autorizado por el titular de los datos médicos allí contenidos, el Sr. Alberto Fujimori, para brindar esa información. Y, añade el ministerio que dado el carácter sensible de los datos médicos, requiere autorización expresa del Sr. Fujimori para brindarlos. ¿Quién tiene la razón? Sigue leyendo

Entrevista a José A. Quiroga: “protección de datos personales vs interés público”.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

El entrevistado, el abogado José Álvaro Quiroga León, es un funcionario del ministerio de Justicia y en dicha calidad, es jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP). La ley peruana encargó al ministerio de Justicia ejercer dicha función. La entrevista -grabada por ambas partes- estuvo inicialmente pensada para ser más breve dados los requerimientos formales de un blog. En ese sentido, algunas respuestas se han resumido escogiendo las ideas centrales del entrevistado. Lo mismo con las preguntas. No obstante, la intención de poner las luces sobre el criterio del funcionario para identificar y resolver conflictos entre la protección de los datos personales y el interés público, obligaron a brindarle al documento un espacio inusual. Queda por lo tanto en la esfera del lector ponderar la forma y el fondo de esta entrevista, cuyos temas, si bien no son todos los que son son todos los que están, lejos de agotarse en ésta, se mantienen abiertos a la discusión. Sigue leyendo

Controles para la producción de inteligencia periodística y estatal, a partir de los “DINIleaks”

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

Hace unos años al Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires no se le ocurrió mejor idea que ponerse en los zapatos de un ciudadano de a pie, y ejercer su derecho de acceso a la información pública para obtener la información pública que como funcionario se le negaba. Algo de esto es lo que lógicamente va a ocurrir si es que nos oponemos a ultranza al acopio de información pública por parte de funcionarios públicos, en este caso, por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Porque lo que sabemos con seguridad es que estos agentes han examinado o acopiado información pública, es decir, partidas de los Registros Públicos de bienes muebles e inmuebles de miles de personas. Sigue leyendo

La responsabilidad civil como método de protección de la privacidad

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

El caso: el demandante Especifica que en su condición de árbitro profesional fue designado para dirigir un partido de fútbol entre los equipos de Deportivo Municipal y José Pardo, cuyas incidencias originaron un reclamo del primero y que concluyó con una sanción de 15 días de suspensión al recurrente impuesta por la Liga Superior de Lambayeque. El presidente del club Deportivo Municipal, con el objetivo de perjudicarlo en su trayectoria, recurrió a los medios de prensa y presentó una copia de su hoja clínica de Essalud al diario El Ciclón, transgrediendo de este modo los incisos 5) y 6) del artículo 2 de nuestra Constitución, que protegen la reserva de la información que afecte la intimidad personal y familiar.  Agrega que la historia clínica es el documento de identidad de la salud de una persona, pues contiene información sobre sus enfermedades, hábitos de vida, antecedentes familiares, etc., y no se puede difundir sin perjudicar los derechos del titular, que es lo que ha ocurrido al haberse publicado información relativa a su estado de salud” (sentencia 04627-2006-HD/TC). Sigue leyendo

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

La primera Constitución Política del Perú en donde se registra el deber de los funcionarios públicos de declarar su patrimonio es la de 1933. Sesenta años más tarde, en 1993, se registra constitucionalmente, por primera vez, el deber del Estado de publicar estas declaraciones juradas en el diario oficial. Sigue leyendo

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento. Sigue leyendo

La reserva de la información elaborada por asesores jurídicos de la administración pública

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El artículo 17.4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene dos supuestos diferentes que conviene analizar por separado: (i) la reserva de la información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de la Administración, cuya publicidad pudiera revelar las estrategias legales a adoptarse en un proceso o procedimiento; y (ii) la reserva de la información protegida por el secreto profesional.  En el presente comentario, analizaremos el primero de ellos, conocido en la doctrina norteamericana como el “Privilegio del Producto del Trabajo del Abogado” (Attorney Work-Product Privilege). Sigue leyendo

El hábeas data no sirve para intentar romper el secreto de las fuentes periodísticas

 

En la sentencia 134-2003-PHD/TC (descrita en el video) el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

“El Hábeas Data no es un proceso destinado a obligar a los periodistas o empresas periodísticas a revelar sus fuentes de información, que, por lo demás, se encuentran protegidas por el artículo 2, inciso 18, de la Constitución, y menos a impedir el libre ejercicio de la libertad de comunicar.”

Las órdenes de captura (requisitorias policiales) son públicas gracias al hábeas data

VIDEO: El abogado Elmer Gurreonero cuenta la historia de la demanda de hábeas data registrada en el expediente 5060-2009-PHD/TC

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Javier Casas. Abogados especializado en libertades informativas.

La policía incumple desde hace años su obligación de hacer público el registro completo de personas requisitoriadas. Esta información está en su poder y en julio de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) señaló que estaba comprendida dentro la regla general de publicidad de los procesos judiciales, establecida en la Constitución. El TC dijo que la publicidad de esos datos personales no colisiona con la salvaguarda del debido proceso y tampoco con la reserva de la investigación y la presunción de inocencia.

La requisitoria, dijo el Tribunal, “no está referida a aspectos íntimos” y se limita “a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en [los] de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos”.

“Así las cosas -añade el TC- se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública”.

La sentencia se dio antes de que Perú tuviese su Ley de Protección de Datos Personales; norma que impone como regla la exigencia de recabar el consentimiento del titular de los datos personales, previo al tratamiento de sus datos (como copiar, transferir, organizar, etc.). Sin embargo, el caso de las requisitorias se enmarca en las excepciones a dicha regla, previstas por la misma ley. Primero porque la emisión  de requisitorias se inscribe dentro de las funciones constitucionales del Poder Judicial y de la policía, siendo un sinsentido admitir la posibilidad de que los ‘no habidos’ pudiesen autorizar su emisión. Y con respecto al tratamiento “publicar”, el Tribunal concluyó que no entorpece la misión estatal de asegurar el orden interno -podría hasta reforzarlo-, ni tampoco pone en riesgo la posición del no habido dentro del proceso que se le sigue. Por lo tanto, estamos ante datos personales que tienen como destino una base de datos accesible al público por mandato del TC.

Otra consecuencia importante de la decisión del TC ha sido señalada por quien litigó este asunto, el abogado Elmer Gurreonero, en un video que presentamos más arriba, visto ya miles de veces en internet. El abogado se propuso que el Tribunal Constitucional fijara un hito para frenar la corrupción policial alrededor del tratamiento de esa información. Su tesis es que la publicidad de las requisitorias reduce la posibilidad de que malos policías lucren con el acceso a dicha información, o con su ocultamiento. Se trata de una opinión bastante razonable y que refuerza la necesidad que la policía cumpla de una vez con el mandato de los jueces constitucionales, publicando la base de datos de requisitoriados, actualizada y en formato reutilizable.

@javiercasas

La reserva de la información protegida por el secreto profesional

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico

Uno de los dos supuestos de excepción regulados por artículo 17.4 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (aprobado por D.S. 043-2003-PCM) se refiere a “cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado”. Este supuesto se refiere a la información protegida por el secreto profesional de naturaleza legal. Sigue leyendo