Tracking Corruption and Conflicts of Interest in the Trump Administration–June 2017 Update

Last month, we announced the launch of our project to track credible allegations that President Trump, as well as his family members and close associates, are seeking to use the presidency to advance their personal financial interests.Just as President Trump’s son Eric will be providing President Trump with “quarterly” updates on the Trump Organization’s business […]

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US Courts’ Evaluation of Foreign Judicial Corruption: Different Stages, Different Standards — GAB | The Global Anticorruption Blog

Last August, a US appeals court may have finally brought to a close a case that the court described as “among the most extensively chronicled in the history of the American federal judiciary”: a lawsuit, initially filed in 1993, seeking damages for adverse environmental and health consequences of oil exploration and drilling by Texaco (later […]

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The role of referendums in the UK: the question of information — The Constitution Unit Blog

On 22 November the Constitution Unit and the Committee on Standards in Public Life hosted a joint seminar on ‘The Role of Referendums in the UK’. Bringing together eminent speakers from across academia, the media, government, and elsewhere, the seminar examined possible problems with the conduct of referendums in the UK, focusing particularly on two […]

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Ico: Transparency, innovation and building a culture of data confidence and trust

By Jo Pedder, Interim Head of Policy Delivery.

It is often argued that if people are increasingly willing to share information on social media and to allow their data to be collected by mobile apps, they’re presumably less concerned about how their data is being collected and processed. It won’t surprise you to learn that […]

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Bases de datos: Lecciones aprendidas sobre ‘limpieza de datos’ o control de calidad

Javier Casas

Abogado experto en libertades informativas. Miembro de @sumaciudadana

El tema de la ‘limpieza de datos’ es un elemento recurrente e importante en el discurso del tratamiento de bases de datos porque se refiere al control de la calidad de la información. Como veremos a continuación, en el Perú esto no sólo implica asegurar la integridad de los datos dentro de una misma fuente, sobre todo si se trata de una estatal. La experiencia nos obliga a sugerir el empleo de fuentes externas para confirmar la exactitud y vigencia de los datos.    

El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema.

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

La primera Constitución Política del Perú en donde se registra el deber de los funcionarios públicos de declarar su patrimonio es la de 1933. Sesenta años más tarde, en 1993, se registra constitucionalmente, por primera vez, el deber del Estado de publicar estas declaraciones juradas en el diario oficial.

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible.

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento.

Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales.