El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema.

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Acceso a la información y costos de reproducción

Por Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Conforme al artículo 2º inciso 5º de la Constitución Política, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública conlleva la obligación de sufragar el costo que suponga el pedido. Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Ley) precisa en su artículo 20º que dicho costo sólo debe estar referido al “importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida”. Asimismo, dispone que el monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad estatal y que cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información, ante lo cual corresponderá aplicar las sanciones correspondientes.