Bases de datos: Lecciones aprendidas sobre ‘limpieza de datos’ o control de calidad

Javier Casas

Abogado experto en libertades informativas. Miembro de @sumaciudadana

El tema de la ‘limpieza de datos’ es un elemento recurrente e importante en el discurso del tratamiento de bases de datos porque se refiere al control de la calidad de la información. Como veremos a continuación, en el Perú esto no sólo implica asegurar la integridad de los datos dentro de una misma fuente, sobre todo si se trata de una estatal. La experiencia nos obliga a sugerir el empleo de fuentes externas para confirmar la exactitud y vigencia de los datos.    

El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema.

La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Sosa Sacio

Miembro de Constitucionalismo Crítico

En la sentencia Exp. N° 05173-2011-PHD que resuelve el proceso de hábeas data dirigido contra la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, el demandante solicitó distinta información referida a oficiales y comandantes. Al sentenciar, el Tribunal Constitucional permitió que se entregara solo un grupo de información, pero denegó el acceso a otra, considerando que esos datos “suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”.

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos.

Consejos prácticos para solicitar información pública de manera eficaz

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas [1]

I.            Introducción

Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional señala que el deber de transparencia pasiva del Estado no se agota con la mera entrega de información a quien la solicita. El Estado está obligado a velar porque la información pública que entrega cumpla con un estándar de satisfacción mínimo, esto es, que sea “completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz” y sentencias posteriores le añadieron a dicho estándar la cualidad de ‘cierta‘. Pero conseguir esto de la administración no es fácil. Todavía la mayor o menor eficacia de una solicitud de información puede predecirse a partir de cuanto cuidado la persona haya puesto en la elaboración de su pedido información, antes de depositarlo en la entidad. En ese sentido, presentamos aquí algunos consejos que esperamos ayuden a mejorar el resultado de un pedido de información.

Rechazo de pedidos de información pública por su inexistencia o por defectos de la solicitud

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta oportunidad, se ha considerado conveniente hacer un breve recuento de las obligaciones que debe cumplir cualquier institución cuando deniega un pedido de información pública, de conformidad con el artículo 2, numeral 5, de la Constitución y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la Ley).

Los servicios públicos a la luz de las normas de acceso a la información pública y de protección al consumidor

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Master en Derecho por U.C. Berkeley

El artículo 9 del T.U.O. de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que “Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen”.

Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región.

Anotaciones sobre las características de la información pública

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre las características de la información objeto del derecho de acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional señaló que se trata de aquella que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado (Exp. Nº 01797-2002-HD/TC). Igualmente, ha señalado que también será información pública la que está bajo el dominio de personas jurídicas de Derecho Privado que prestan un servicio público o que desarrollen funciones administrativas, siempre que dicha información esté referida a las características del servicio, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que desarrollen (Exp. N° 0390-2007-PHD/TC y 03803-2008-PHD/TC).

Límites de las entidades para argumentar su negativa a crear o producir nueva información que se les solicita

Por: Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

Un asunto que ha llamado nuestra atención al revisar diversas sentencias de hábeas data se refiere, ya no al fondo o contenido de la información pública, sino a la forma en que esta puede ser entregada. Al respecto, la Ley y el reglamento señalan la posibilidad de acceder a cualquier información “si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”. Así, es claro que podemos acceder a “documentos” públicos. Sin embargo, la información que se encuentra en manos del Estado no es solo documentaria. Efectivamente, el Estado cuenta con diversas bases de datos que organizan o sistematizan información que es pública de acuerdo a la ley, por estar almacenada o haber sido financiada por el Estado. ¿Es posible acceder a ella?