Archivo de la categoría: Transparencia judicial

Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal

M. Yolanda Doig Díaz

Profesora de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha

¿Puede cualquier ciudadano revisar una investigación penal en curso? ¿Tiene derecho a conocer la imputación que existe contra un inculpado en una investigación penal? ¿Y si el investigado es un funcionario público? ¿Tiene  derecho  a estar presente en las declaraciones testimoniales que se practiquen durante una instrucción? ¿Puede revisar un informe pericial? La presente reflexión pretende dar respuesta a estas interrogantes, pero exige, como paso previo, precisar ciertas reglas que informan el proceso penal y resaltar, también, los derechos en conflicto en un litigio penal. Sigue leyendo

Proceso penal y acceso a la información

Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la PUCP. Socio Fundador de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Según el artículo 73 del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940 “La instrucción tiene carácter reservado”. La llamada “reserva del proceso penal” ha sido el manto protector frente al escrutinio público en un asunto que, en términos generales, es de interés público: la persecución penal y la imposición o no de la pena (artículo 139.4[1] del Constitución). Este interés público debe sin embargo ponderarse frente a la vigencia de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria y tributaria. Dos casos resueltos por el Tribunal Constitucional en procesos de hábeas data dan cuenta de esta tensión. Sigue leyendo

Datos personales en la internet y el buscador de sentencias del Tribunal Constitucional

Erika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia.

Hace un tiempo se originó un debate en los Estados Unidos y en la Unión Europea a raíz de un proyecto de ley elaborado por la comisionada de Justicia de la  Unión Europea, Viviane Reding, en el que exige a las redes sociales y a cualquier entidad que almacene datos personales, eliminar toda esta información de manera  inmediata si su titular así lo solicitare. Este proyecto ha dividido a la opinión pública entre los partidarios de este “right to be forgotten” o derecho al olvido y los que se oponen a él. Sigue leyendo

Hábeas Data: adecuando las formalidades a los fines del proceso

Samuel B. Abad Yupanqui

Profesor de Derecho Constitucional de la PUCP. Socio del Estudio Echecopar

¿Puede una exigencia formal limitar el cumplimiento de los fines de un proceso de hábeas data? Por ejemplo, ¿qué sucede si una persona solicita información a una entidad pública omitiendo referirse a un documento de su legajo personal y luego, en su demanda, pide copia del legajo completo?, ¿qué ocurre si se apela una sentencia desestimatoria sin detallar todos los agravios que ella produce al demandante? o ¿qué sucede si un proceso se inicia como amparo cuando en realidad era un hábeas data? En tales casos ¿deberá rechazarse la tutela solicitada? Veamos. Sigue leyendo

Las órdenes de captura (requisitorias policiales) son públicas gracias al hábeas data

VIDEO: El abogado Elmer Gurreonero cuenta la historia de la demanda de hábeas data registrada en el expediente 5060-2009-PHD/TC

_______________________________________________________

Javier Casas. Abogados especializado en libertades informativas.

La policía incumple desde hace años su obligación de hacer público el registro completo de personas requisitoriadas. Esta información está en su poder y en julio de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) señaló que estaba comprendida dentro la regla general de publicidad de los procesos judiciales, establecida en la Constitución. El TC dijo que la publicidad de esos datos personales no colisiona con la salvaguarda del debido proceso y tampoco con la reserva de la investigación y la presunción de inocencia.

La requisitoria, dijo el Tribunal, “no está referida a aspectos íntimos” y se limita “a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en [los] de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos”.

“Así las cosas -añade el TC- se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública”.

La sentencia se dio antes de que Perú tuviese su Ley de Protección de Datos Personales; norma que impone como regla la exigencia de recabar el consentimiento del titular de los datos personales, previo al tratamiento de sus datos (como copiar, transferir, organizar, etc.). Sin embargo, el caso de las requisitorias se enmarca en las excepciones a dicha regla, previstas por la misma ley. Primero porque la emisión  de requisitorias se inscribe dentro de las funciones constitucionales del Poder Judicial y de la policía, siendo un sinsentido admitir la posibilidad de que los ‘no habidos’ pudiesen autorizar su emisión. Y con respecto al tratamiento “publicar”, el Tribunal concluyó que no entorpece la misión estatal de asegurar el orden interno -podría hasta reforzarlo-, ni tampoco pone en riesgo la posición del no habido dentro del proceso que se le sigue. Por lo tanto, estamos ante datos personales que tienen como destino una base de datos accesible al público por mandato del TC.

Otra consecuencia importante de la decisión del TC ha sido señalada por quien litigó este asunto, el abogado Elmer Gurreonero, en un video que presentamos más arriba, visto ya miles de veces en internet. El abogado se propuso que el Tribunal Constitucional fijara un hito para frenar la corrupción policial alrededor del tratamiento de esa información. Su tesis es que la publicidad de las requisitorias reduce la posibilidad de que malos policías lucren con el acceso a dicha información, o con su ocultamiento. Se trata de una opinión bastante razonable y que refuerza la necesidad que la policía cumpla de una vez con el mandato de los jueces constitucionales, publicando la base de datos de requisitoriados, actualizada y en formato reutilizable.

@javiercasas

La sentencia de hábeas data ‘perfecta’

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La parte resolutiva de una sentencia es de suma importancia para lograr su cumplimiento, razón por la cual corresponde que en ella se precise de forma clara el derecho que ha sido identificado por el juez como amenazado o vulnerado; el acto mediante el cual se lesionó el derecho (por acción u omisión); el mandato concreto (de hacer, no hacer o dar) para asegurar su protección; la autoridad, funcionario o persona a quien corresponde cumplir el mandato; el plazo para su cumplimiento y las medidas de presión (coercitivas) a aplicar en caso de incumplimiento. De esta manera, el juez garantiza una efectiva protección judicial de los derechos fundamentales, pues evita posteriores errores o interpretaciones divergentes sobre lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales. Sigue leyendo

El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–. Sigue leyendo