Una entidad garante del acceso a información pública y la protección de datos personales: importante y urgente.

Javier Casas

Abogado y miembro de @SumaCiudadana

Mientras cumplen con sus funciones, todas las personas asignadas a un cargo estatal producen, en conjunto, una gran cantidad de información. Mientras tanto, el sector privado y en general, la sociedad, hacen lo mismo. Toda esta información se recoge, procesa y registra en archivos y bancos de datos estatales y privados, de diverso tipo y con distintas finalidades. Nuestra Constitución señala que la información que producen, recogen, procesan y almacenan tanto el Estado como los privados puede ser accesible para cualquiera o sólo para determinadas personas debidamente autorizadas, o con derecho legítimo.

Entrevista a José A. Quiroga: “protección de datos personales vs interés público”.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

El entrevistado, el abogado José Álvaro Quiroga León, es un funcionario del ministerio de Justicia y en dicha calidad, es jefe de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP). La ley peruana encargó al ministerio de Justicia ejercer dicha función. La entrevista -grabada por ambas partes- estuvo inicialmente pensada para ser más breve dados los requerimientos formales de un blog. En ese sentido, algunas respuestas se han resumido escogiendo las ideas centrales del entrevistado. Lo mismo con las preguntas. No obstante, la intención de poner las luces sobre el criterio del funcionario para identificar y resolver conflictos entre la protección de los datos personales y el interés público, obligaron a brindarle al documento un espacio inusual. Queda por lo tanto en la esfera del lector ponderar la forma y el fondo de esta entrevista, cuyos temas, si bien no son todos los que son son todos los que están, lejos de agotarse en ésta, se mantienen abiertos a la discusión.

Controles para la producción de inteligencia periodística y estatal, a partir de los “DINIleaks”

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

Hace unos años al Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires no se le ocurrió mejor idea que ponerse en los zapatos de un ciudadano de a pie, y ejercer su derecho de acceso a la información pública para obtener la información pública que como funcionario se le negaba. Algo de esto es lo que lógicamente va a ocurrir si es que nos oponemos a ultranza al acopio de información pública por parte de funcionarios públicos, en este caso, por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Porque lo que sabemos con seguridad es que estos agentes han examinado o acopiado información pública, es decir, partidas de los Registros Públicos de bienes muebles e inmuebles de miles de personas.

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

La primera Constitución Política del Perú en donde se registra el deber de los funcionarios públicos de declarar su patrimonio es la de 1933. Sesenta años más tarde, en 1993, se registra constitucionalmente, por primera vez, el deber del Estado de publicar estas declaraciones juradas en el diario oficial.

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento.

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos.

Datos personales en la internet y el buscador de sentencias del Tribunal Constitucional

Erika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia.

Hace un tiempo se originó un debate en los Estados Unidos y en la Unión Europea a raíz de un proyecto de ley elaborado por la comisionada de Justicia de la  Unión Europea, Viviane Reding, en el que exige a las redes sociales y a cualquier entidad que almacene datos personales, eliminar toda esta información de manera  inmediata si su titular así lo solicitare. Este proyecto ha dividido a la opinión pública entre los partidarios de este “right to be forgotten” o derecho al olvido y los que se oponen a él.

Control de los datos personales y bases de datos en centrales privadas de información de riesgo

Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de A Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

1. Introducción: En esta oportunidad se comentará la sentencia al EXP. N.° 0831-2010-PHD/TC. La demandada, una Central Privada de Información de Riesgo (CEPIR), tiene información de riesgo del demandante. La pretensión constitucional de éste es que: a. se suprima determinada información por ser falsa; b. se suprima determinada información por ser innecesaria. Las dos primeras instancias han rechazado liminarmente (sin analizar el tema de fondo) la demanda, pero en tanto que la parte demandada “ha tomado debido conocimiento de su contenido (…) y ha ejercido de manera plena su derecho de defensa” (Fundamento 1), se presta el Tribunal Constitucional (TC) a ingresar a valorar sobre el fondo de la pretensión. En esta sentencia el TC formula una serie de  normas constitucionales adscritas, que permitirán resolver casos posteriores sustancialmente iguales.

La finalidad del derecho de autodeterminación informativa y su afianzamiento a través del hábeas data

Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de La Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

1. Introducción: El artículo 2.6 de la Constitución recoge el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. La pregunta más relevante que de este derecho es posible formular es la siguiente: ¿a qué da derecho este derecho fundamental? Esta pregunta enlaza directamente con su contenido esencial o constitucionalmente protegido. Saber determinar el contenido constitucional de este derecho fundamental, permitirá primero, saber a lo que faculta y a lo que no; y segundo, saber qué pretensiones pueden ser formuladas en un proceso de hábeas data. Ayuda a la determinación del contenido esencial o constitucional de un derecho fundamental, saber la finalidad que persigue, en otras palabras, saber acerca del bien humano que subyace y justifica al derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Una tal finalidad puede formularse en los términos siguientes: defender a la persona de los usos extralimitados del poder informático.

El derecho al olvido de los datos negativos inscritos en las centrales de riesgo

Erika Tejada Villar

Profesora adjunta en  Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN.

Uno de los derechos protegidos mediante el hábeas data es el de la  autodeterminación informativa. Este derecho garantiza el control de la información personal, contenida en registros, ya sean públicos, privados o informáticos.  Y permite que todos podamos conocer, actualizar, incluir,  suprimir o rectificar  información personal que se encuentre almacenada en entidades públicas o privadas en estos bancos de datos.