¿Existe la vulneración indirecta del derecho de acceso a la información pública? Reflexiones a partir del caso “Diario Militar”

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 18 de febrero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el Caso Gudiel Alvarez y Otros vs. Guatemala, relativo a la detención y desaparición forzada de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco conocido como “Diario Militar”, en el marco del conflicto armado interno en dicho país.

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos.

El principio de transparencia activa para garantizar los derechos sexuales y reproductivos

Ursula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 10 de agosto de 2012, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia en la Acción de Tutela iniciada por 1278 mujeres contra el Procurador General de la Nación de ese país, quienes exigían –entre otras cosas- el reconocimiento y tutela de su derecho de acceder a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos[1]. Se trata de una sentencia importante que merece nuestro comentario, pues constituye un hito a nivel regional que aplica los principales estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictado por una corte extranjera de gran prestigio a cuyos desarrollos presta particular atención el Tribunal Constitucional del Perú.

Contenidos de la sentencia ‘Herrera Ulloa vs. Costa Rica’ de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 2 de julio de 2004:

Párrafo 109. (…) la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión “no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”[1].  En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente[2].

El derecho al acceso a la información electoral en Perú a propósito del caso Rafael Rodríguez Castañeda vs México

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

A inicios del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia interpuesta en favor del periodista mexicano Rafael Rodríguez Castañeda, y dirigida contra los Estados Unidos Mexicanos, por vulneración del derecho de acceso a la información pública protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según los peticionarios, el Estado había vulnerado este derecho al negarle al periodista y director del semanario Proceso, el acceso a información de carácter electoral, específicamente “el acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país para la elección de Presidente de la República.”

Contenidos de la sentencia ‘Myrna Mack Chang vs. Guatemala’ de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2003:

Párrafo 179. Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos donde cierta evidencia es mantenida en reserva por motivos de interés público (seguridad nacional, por ejemplo),  no es el rol del tribunal internacional  determinar si la reserva de la información es o no necesaria ya que como regla general ello corresponde a los tribunales nacionales.  En cambio, sí le corresponde determinar si el proceso interno respeta  y protege el interés de las partes.  Al respecto, dicho Tribunal Europeo señaló que el hecho de retener evidencia relevante argumentando el interés público,  sin notificar al juez de la causa, no cumple con los requisitos del artículo 6 del Convenio Europeo, el cual es equivalente al artículo 8 de la Convención Americana.

Contenidos de la sentencia ‘Gomes Lund y otros vs. Brasil’ (“Guerrilha do Araguaia”) de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2010:

• Párrafo 196. La Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la  libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.