Gobierno abierto: un plan para un Estado disfuncional

Javier Casas

Abogado. Investigador local del Mecanismo de Reporte Independiente 2011-2013 de la Alianza para el Gobierno Abierto. Suma Ciudadana. @javiercasas

El Perú solicitó en 2011 ser incorporado a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que promueven el presidente de los Estados Unidos y la presidenta de Brasil. Una decisión que supuso para los entendidos una suerte de nuevo aliento hacia la modernización de la gestión pública, dado que esta iniciativa global busca que los países suscriptores se comprometan a llevar a cabo planes bianuales destinados a generar cambios importantes en cuatro campos: la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y el gobierno electrónico. Pero hasta la fecha no hay evidencias confiables de mejora. ¿Es posible revertir esto? veamos.

1. El Diagnóstico oficial

No es un secreto que el Estado peruano es disfuncional para alcanzar los objetivos que se propone. Este problema grave fue identificado y formulado oficialmente en 2013 por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros – la oficina gubernamental de nivel intermedio que impulsa el compromiso de gobierno abierto de Perú- en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Mediante esa norma la Secretaría reconoció que “las entidades públicas nacionales, regionales y locales no muestran en general, tener las capacidades de gobierno y de gerencia suficientes para proveer más y mejores bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos en todo el país, según su necesidad”. Y citando a un politólogo norteamericano, la norma concluyó que el “Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios públicos (educación, salud, agua potable, infraestructura) no llegan, y si llegan, son plagados por la corrupción y la ineficiencia. Los gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad administrativa. Y la seguridad y la justicia—funciones básicas del Estado— no son ni mínimamente garantizadas”.

La disfuncionalidad estatal también se ha reflejado en el plan de acción de gobierno abierto 2011-2013 de Perú que acaba de concluir con poco que mostrar como avance sustantivo, según lo señalado en el reporte independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto. Pero si analizamos y extraemos lecciones del primer plan, es una buena base para mejorar el siguiente.

En el caso peruano, la información disponible señala que básicamente las mejoras se han dado en el ámbito normativo y dentro de las competencias de la Secretaría de Gestión Pública. El Perú es reconocido como un país en donde se producen normas interesantes, pero que tiene serias deficiencias para su implementación. La falta de auto-evaluaciones rigurosas es un problema que impide al Estado diagnosticar los problemas que entorpecen la vigencia de las normas. En ese sentido, la evidencia más saltante recogida por el reporte independiente ha sido, en la etapa de diseño, la dificultad para asentar el plan de acción sobre un diagnóstico que defina objetivos transformadores y asigne a los actores responsabilidades claras dentro de un contexto de coordinación interinstitucional predefinido y medible.

En la etapa de implementación, la falta de información sobre el desempeño ha sido lo más relevante. Los compromisos del primer plan de Perú  han sido en realidad una lista de acciones que diferentes entidades públicas ya venían desarrollando o tenían planeado hacerlo siguiendo sus propios lineamientos, independientemente de la AGA, y en ese contexto la producción y traspaso de información confiable y oportuna sobre el proceso hacia la Secretaría también fue deficiente.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, ésta no ha salido del estándar que se reclama cambiar.

2. Una propuesta alternativa

Ahora bien, ¿Podrían estos planes de acción ser eficaces a pesar de la disfuncionalidad estatal, o incluso ayudar a revertirla? Creemos que sí.

En primer lugar, es necesario que un liderazgo político de primer nivel asuma el reto de definir el o los objetivos que se persiguen a través del gobierno abierto, y de reunir alrededor de dichos objetivos a las entidades autónomas y dependientes pertinentes. Este liderazgo en la actualidad no se percibe y ello ha sido puesto en evidencia por la sociedad civil. Pero dicha carencia no significa que no hayan espacios en donde pudiese generarse un compromiso del Estado para el Gobierno Abierto. Tal vez uno de los más interesantes sea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción cuya ley de creación la constituye como el espacio de generación de las políticas públicas en dicha área. Otro espacio que puede ser tomado en cuenta es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene objetivos acordes con los del gobierno abierto enfocados al desarrollo humano.

En segundo lugar, si se toma adecuada conciencia de la disfuncionalidad estatal, podríamos concluir que el ámbito o espacio de implementación del plan de acción debería acotarse en función de objetivos transformadores en áreas determinadas. En realidad sería interesante pensar en más de un plan de acción con sus propios objetivos tranformadores, de tal modo que cada uno pueda asegurar una coordinación interinstitucional eficaz que rinda frutos en el corto plazo (dos años). Por ejemplo, se podría elegir a un sector como el de Salud o Educación, o un servicio como la administración de justicia o el transporte público y aplicar en cada uno un plan de acción de gobierno abierto.

Luego, habiendo definido el ámbito de intervención y los objetivos, el plan de acción debe definir los compromisos necesarios para alcanzarlos, debe identificar a los actores estatales que deben intervenir dentro de sus competencias, establecer las reglas para asegurar una coordinación interinstitucional eficaz, y fijar la información que debe producirse para su seguimiento y evaluación. En estos espacios definidos se percibe mejor la utilidad de la transparencia y la participación ciudadana como mecanismo de control para verificar la idoneidad de las acciones y de los resultados.

Dadas estas condiciones, el plan de acción hará converger en el ámbito de implementación, de manera complementaria, coherente y concreta, cada uno de los cuatro campos que busca desarrollar: la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y el gobierno electrónico.

La visión que sostiene un plan de acción como el que se propone, es el ataque a la disfuncionalidad estatal mediante una acción coordinada por una diversidad de entidades públicas dentro de un espacio reducido o específico, y controlada mediante un monitoreo transparente de acciones y resultados. Se trata de un tipo de control novedoso en donde se verifica una acción o un resultado porque todos saben que se ha llevado a cabo, y en donde la evaluación de su idoneidad está directamente relacionada con la evidencia de avances tangibles, esto es, no asumidos a priori por el Estado sino confirmados por la ciudadanía.

Se trata en síntesis de establecer un plan que permita identificar avances y retrocesos -y reforzarlos o enfrentarlos, respectivamente-, abocado a implementar el gobierno abierto de manera continua, ejemplar y definitiva.

Salvo mejor parecer.

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Documento relacionado: Plan de acción de Gobierno Abierto y Política de Modernización ¿sancochado o filet mignon?

 

2 Respuestas a “Gobierno abierto: un plan para un Estado disfuncional

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