Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal

M. Yolanda Doig Díaz

Profesora de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha

¿Puede cualquier ciudadano revisar una investigación penal en curso? ¿Tiene derecho a conocer la imputación que existe contra un inculpado en una investigación penal? ¿Y si el investigado es un funcionario público? ¿Tiene  derecho  a estar presente en las declaraciones testimoniales que se practiquen durante una instrucción? ¿Puede revisar un informe pericial? La presente reflexión pretende dar respuesta a estas interrogantes, pero exige, como paso previo, precisar ciertas reglas que informan el proceso penal y resaltar, también, los derechos en conflicto en un litigio penal.

Mientras los procesos civiles, laborales o administrativos requieren para su resolución de una  instancia única -sin perjuicio del potencial recurso que pueda interponerse-, donde el Juez es el destinatario de las alegaciones de las partes, valora la prueba practicada y dicta sentencia; en los proceso penales se articulan dos fases bien diferenciadas, atribuidas a órganos distintos: una primera, dedicada a preparar el juicio, que suele recibir el nombre de instrucción; y tras superar dicha fase, se celebra la segunda, que conocemos como juicio, donde acusación y defensa realizan las alegaciones, se practica la prueba y se culmina con la decisión judicial que pone fin al proceso.

De acuerdo con este reparto de funciones, en el Perú, el Código Procesal Penal Peruano de 2004 atribuye la fase de instrucción –llamada investigación preparatoria- al Ministerio Público, mientras que en España, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, dicha investigación continúa en manos del Juez. La existencia de una fase previa al juicio, que no existe en otros procesos, se justifica en la necesidad de contar con una investigación que permita decidir si se debe o no abrir juicio contra una concreta persona, y evitar que sea sometido a un juicio penal que puede carecer de soporte probatorio, en el que aparecerá como culpable ante la sociedad cuando se cuenta con solo una imputación en su contra. Por el contrario, si la investigación arroja indicios suficientes para llevarlo a juicio, se encargará el enjuiciamiento a un Juez o Tribunal distinto del que practicó la instrucción y, por lo tanto, absolutamente imparcial, que determinará si el acusado debe o no ser condenado.

Para realizar con éxito la fase de investigación previa al juicio, se impide que cualesquier ciudadano pueda acceder a las actuaciones que practique el Juez o el Fiscal,  que solo están disponibles para las partes involucradas.

Con estas premisas sentadas, si abordamos las preguntas formuladas al inicio de esta reflexión, podríamos afirmar que un ciudadano no tiene derecho a revisar las actuaciones penales en fase de instrucción, ni los informes presentados por las partes en dichas fases, ni las resoluciones judiciales, ni asistir a las declaraciones de los testigos y de las partes. Y cuando el proceso reúne indicios y elementos que incriminen al imputado,el juicio se celebra de forma  pública, y cualesquiera puede asistir a las sesiones plenarias –salvo excepciones relacionadas con seguridad nacional, menores o el honor- y presenciar los cargos expuestos por el fiscal y la defensa del abogado del imputado, escuchar las declaraciones de los acusados, de los testigos y de los peritos. Con esta publicidad se protege al justiciable de una justicia secreta, preservando la confianza de los ciudadanos en los Tribunales y garantizando un grado de fiscalización sobre la actividad judicial.

La instrucción, sin embargo,escapa de esa fiscalización, se mantiene abierta solo a las partes y no permite que terceros puedan conocer las actuaciones. El fundamento del carácter reservado de la instrucción responde a dos cuestiones de índole muy distinta. Por un lado, trata de proteger el derecho a la presunción de inocencia del imputado y evitar el descrédito público que provoca verse comprometido en un proceso penal, razón por la cual, aparta a la sociedad del proceso. Y, por otro lado, intenta que la investigación sea eficaz y efectiva, y ello exige impedir los obstáculos que terceros podrían provocar, llegándose incluso, en concretos y puntuales casos, a que la investigación sea secreta para el imputado.

Ahora bien, estas reglas sobre las que se afianza el proceso penal, y que responden a principios de eficacia y al derecho de defensa y presunción de inocencia del imputado,  experimentan cierta tensión con el derecho a recibir información veraz que tiene el ciudadano y el derecho a comunicar que ejercen los periodistas. Y con este reconocimiento, daremos respuesta a la pregunta que todavía no ha merecido una respuesta en este comentario, ¿qué pasa cuando el imputado en la instrucción es funcionario público? Cuando las actuaciones judiciales tienen por objeto un hecho noticiable, sea por la condición del presunto autor del delito o la magnitud o características del hecho investigado, es evidente que provocará un especial interés de los medios de comunicación y ello repercutirá en la opinión pública. En tales circunstancias, una ponderación entre la presunción de inocencia, eficacia de la investigación y derecho de información, debería permitir que se traslade a los medios de comunicación información del proceso en cuestión, que no suponga, de forma alguna, obstaculizar la investigación judicial.

Si se reconoce que un ciudadano tiene derecho a saber si un representante político o un cargo público está siendo investigado penalmente, los delitos que se le imputan y los hechos en los que se subsume la calificación penal; tendrá que admitirse que dicha información si es suministrada en términos descriptivos, por ejemplo, por la oficina de prensa del órgano de Gobierno del Poder Judicial, puede garantizar el derecho de información del ciudadano y cumplir con respetar la presunción de inocencia del imputado. Por el contrario, permitir que por la condición del imputado, cualquier ciudadano acceda a diligencias o piezas de la investigación judicial, supone desbordar el contenido de tales derechos, con el peligro que para el éxito de la investigación conlleva.

Puede decirse, para concluir, que el proceso penal es público, pero que tal publicidad se pospone a su fase de enjuiciamiento, mientras que la fase previa, requiere y exige para alcanzar su finalidad de la reserva de las actuaciones. Bajo este prisma, entendemos que debe darse lectura a la publicidad que invoca el art.139.4 de la Constitución Política del Perú, para los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, por delitos cometidos por medio de la prensa y los referidos a derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

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