El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento.

Empecemos por esto último. Nuestra Constitución reconoce el derecho de todos a examinar el patrimonio de los funcionarios públicos[2], desde que obliga la publicación de sus declaraciones juradas. En ese sentido, la legislación derogada (Ley 27482) partía del supuesto de que se trataba de un instrumento que contenía información pública y, por excepción, información confidencial. Ahora el Parlamento ha declarado que la naturaleza de dicho documento, por la información que contiene, es reservada, esencialmente confidencial y, por lo tanto, pública por excepción. Un cambio sustantivo y, creemos, no acorde con el espíritu del mandato de la Constitución.

Pero más allá de la interpretación jurídica, es en la práctica en donde se hacen evidentes los riesgos de la falta de publicidad. Dicha restricción hace más débil aún la posibilidad de la ciudadanía de informarse adecuadamente para participar en la lucha contra la corrupción. Porque aquí no hay otra verdad. Sólo la ciudadanía, tomada en conjunto, tiene la capacidad de descubrir y denunciar masivamente casos sospechosos de enriquecimiento ilícito, dado que siempre hay alguien que conoce los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos (aunque estén a nombre de terceros), y siempre surge una ocasión para denunciarlos.

¿Cómo puede la ciudadanía reconocer estos casos sospechosos si es que no cuenta con información pública? Difícil sino imposible. Peor aún si desde el Estado hasta ahora se nos propone un sistema de publicidad engañoso, una mera formalidad del cargo conforme a los intereses de los propios fiscalizados y que en la práctica no constituye una herramienta de control social. Para que cumpla con su finalidad, el acceso a dicha información debe ser completo, claro, amigable y en tiempo real.

Al derecho de acceso a la información patrimonial los funcionarios le oponen con firmeza el derecho a la intimidad para resguardar básicamente la seguridad personal. Nadie discute que nuestra endeble seguridad ciudadana es un problema que toca de nervios a todos. Pero ¿se puede luchar contra la inseguridad con policías, fiscales y jueces corruptos?, es más, ¿se puede luchar a favor o en contra de lo que sea en un ambiente de corrupción generalizada? Los funcionarios públicos -los decentes- deben reconocer que es necesario restringir su nivel de privacidad en salvaguarda de la integridad del servicio civil.

Otro problema, tal vez más grave, es el que ha creado el Congreso de la República con su decisión de reducir la información que se debe declarar para fines de control. Es un problema que ya no sólo afecta los intereses de una sociedad informada; afecta también la eficacia del trabajo de la propia Contraloría General de la República (CGR) y en general todo el sistema de persecución de la corrupción.

La nueva ley obvia la declaración de los bienes del cónyuge o conviviente. En todo caso, ahora será voluntaria. Y ello a pesar que desde hace años es evidente que muchos funcionarios públicos buscan liberarse formalmente de su patrimonio traspasándolo a sus familiares. No cabe duda que esta decisión es un golpe, y muy duro, a la lucha contra la corrupción. Y nadie, ni la CGR, han reclamado por ello.

Para terminar. No hay duda que la ambigüedad estatal respecto a este tema, en donde se puede decir que actúa como juez y parte, es el resultado de la falta de un debate nacional franco y maduro al respecto. La carencia de este diálogo es una gran deuda del Estado y de los partidos políticos con la sociedad. Es también el resultado de la falta del reconocimiento del rol central que tiene la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Solo mediante un debate juicioso podría ubicarse al combate de la corrupción en un lugar importante entre las prioridades nacionales, y sobre esa base, identificar y legitimarse a los actores, sus roles y los derechos y deberes conexos, los cuales derivarían en un marco jurídico adecuado. Dentro de este debate podría, por ejemplo, proponerse la lucha contra la corrupción como un plan de gobierno abierto.

_________________________

[1] Sentencia 4407-2007-HD/TC en los fundamentos:

26. (…) conviene recordar que el Tribunal Constitucional, en anterior jurisprudencia ha considerado que la lucha contra la corrupción constituye un mandato constitucional. Así lo señaló, por ejemplo, en la Resolución de fecha 23 de abril del 2007, recaída en el Expediente N.º 0006-2006-PCC/TC: “(…) la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución.”

27. Posteriormente, en las SSTC Nos 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (Acumulados), la lucha o proscripción de la corrupción fue consagrada como principio constitucional, en cuya labor de defensa el Tribunal Constitucional ha adoptado un rol activo. Por ello, menciona lo siguiente: “El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción –tanto aquéllas vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad civil– obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional concentrada y difusa, [a] tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país” (Fundamento Jurídico 55).

[2] Artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Perú

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2 Respuestas a “El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

  1. Pingback: ¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales | Suma Ciudadana

  2. Coincido plenamente con la reflexion. Normas de esa naturaleza echan por abajo todo esfuerzo contra la corrupción, por el contrario ésta se promueve.Nuevamente nos encontramos entre el dilema de l interés público con el interés general, . Rotundo retroceso en la politica del gobierno abierto….que paso?????

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