Entidades obligadas a brindar información

Por Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El derecho de acceso a la información pública faculta a toda persona a acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales y, en determinados casos, de las entidades privadas. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante la Ley) aborda este tema en el artículo 9º al disponer que sólo las personas jurídicas sujetas al régimen privado que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público, bajo cualquier modalidad, están obligadas a brindar información bajo los alcances del artículo 2º inciso 5º de la Constitución Política. Además, precisa que la información que se encuentran obligadas a entregar debe estar relacionada con las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen.

A través de su jurisprudencia el Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre demandas de hábeas data dirigidas a acceder a información de entidades privadas, en particular de las empresas  prestadoras de servicios públicos e instituciones educativas, lo que ha dado lugar a que se precisen los alcances del citado artículo 9º de la Ley. Un aspecto a resaltar es que el Tribunal no haya cuestionado la constitucionalidad del citado artículo, pues una lectura literal del texto constitucional puede llevar a concluir que las personas jurídicas no pueden ser incluidas dentro del contenido del derecho de acceso a la información; sin embargo, ello no ha ocurrido y no existen mayores objeciones al respecto.

Otro aspecto a resaltar es que el Tribunal haya considerado como una lista cerrada la relación de entidades privadas y el tipo de información que éstas se encuentran obligadas a entregar. Ello se aprecia en la sentencia 1143-2011-HD, en la cual, asimismo, ha señalado que en lo que respecta al acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan detentar alguna que sea de naturaleza pública, y por ende susceptible de ser exigida y conocida por el público en general. Tomando como premisa el artículo 9º dela Ley, el Tribunal ha ido precisando a través de su jurisprudencia el tipo de información que se encuentran obligadas a entregar las personas jurídicas de derecho privado:

–          Respecto a una empresa privada que brinda servicio de electricidad (Luz del Sur S.A.), el Tribunal ha señalado que tiene la obligación de entregar información relacionada con el tipo o naturaleza de los reclamos interpuestos con relación a la prestación del servicio público; el número de reclamos solucionados y no solucionados, así como los derivados a otras instancias o instituciones (STC 1347-2010-HD). Similar decisión adoptó respecto a una empresa privada de transporte aéreo –Air Comet, sucursal del Perú- (STC 4884-2009-HD).

–          Respecto a una empresa privada que presta servicio de agua potable (SEDALIB S.A.), el Tribunal determinó que se encontraba obligada a brindar información respecto a los procesos laborales y civiles iniciados por los trabajadores y/o terceros en su contra, así como la información sobre los pagos efectuados por concepto de asesoría jurídica especializada al directorio y la gerencia general de la empresa. Para el Tribunal, la información solicitada se relaciona con el manejo administrativo de dicha entidad, que se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información. (STC 3156-2009-HD).

–          En cuanto a las universidades privadas, el Tribunal ha señalado que se encuentran obligadas a entregar información sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión, el número de reclamos administrativos relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional. Decisiones de este tipo se encuentran en las sentencias 4146-2009-HD (Universidad Tecnológica del Sur), 6238-2008-HD (Universidad Marcelino Champagnat), 3887-2008-HD (Universidad del Pacífico) y 6759-2008-HD (Universidad Norbet Wiener S.A).

De otro lado, el Tribunal también ha venido precisando el tipo de información que las entidades privadas no se encuentran obligadas a entregar, dado que quedan fuera de los alcances del derecho de acceso a la información pública. En el caso de empresas privadas que brindan servicios públicos, se encuentran fuera de los alcances de este derecho los cuadros analíticos y de asignación de personal, el número y la relación de plazas vacantes, el tipo de contrataciones, entre otras (STC 1143-2011-HD). En el caso de las universidades, el tiempo de servicios de los docentes (STC  3221-2010-HD).

De esta forma, gracias a la clasificación temática de la base de datos “Justicia y Transparencia” se puede identificar el tipo de información que bajo los alcances del derecho de acceso a la información pública las entidades privadas se encuentran obligadas a entregar.

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