¿Son públicas las remuneraciones de las autoridades de la PUCP?

Por Aníbal Rodríguez Salazar                                                                                               Bachiller en Derecho de la PUCP

Al mediatizarse la discusión jurídica entre la PUCP y la Iglesia Católica, acerca de la propiedad de los bienes y voluntad testamentaria de Riva Agüero, han surgido cuestionamientos acerca de cómo se maneja la universidad y cuánto estarían percibiendo sus autoridades por sus servicios. ¿Es información pública?

En principio, la información pública es aquella creada, obtenida o bajo control de la administración pública, según el art. 10º del Texto Único Ordenado de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública (la Ley), el cual ha sido mencionado expresamente en dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Como ya se ilustró en un artículo anterior del Dr. Huerta, es también posible que entidades privadas se encuentren obligadas a entregar información, las llamadas personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa reguladas en el art. 9º de la Ley, al cual el TC hace alusión directa en múltiples sentencias.

En el caso concreto de la PUCP, esta es una persona jurídica de régimen privado, que presta el servicio de educación, el cual ha sido reconocido como un servicio público de carácter prestacional en la sentencia Nº 4232-2004-AA/TC, citada en diversas sentencias de hábeas data del TC. Por ello, el art. 9º de la Ley le es aplicable, estando obligada a entregar información acerca del servicio público que presta, las tarifas y la función administrativa que ejerce. Cabe entonces preguntarse si las remuneraciones de quienes trabajan para dicha institución se encuentran incluidas en alguna de estas categorías.

Hasta la fecha el TC ha atendido 24 demandas de hábeas data en las cuales el demandado fue una universidad (pública o privada). En la mayoría de casos la información demandada se refirió a procesos de admisión y modalidades de los mismos, así como atención de reclamos, copias de actas, etc.

Sin embargo, la sentencia Nº 264-2007-PHD/TC, se refiere a un caso en el cual entre muchas otras cosas, se solicita los montos de las remuneraciones y beneficios del personal de una universidad privada. Es de resaltar que para resolver este caso se requirió convocar a 2 magistrados adicionales para llegar a la mayoría de votos necesarios para emitir una sentencia, debido a que hubo discrepancias sobre la resolución de la controversia, como se aprecia en los votos singulares. La sentencia consideró que la totalidad de la información solicitada por el demandante no era información pública, por lo que se declaró infundada la demanda. Por el contrario, los votos singulares de los magistrados Landa y Vergara analizan la naturaleza de la institución demandada (universidad privada) y admiten que sí hay información pasible de ser entregada, la cual está relacionada con las características del servicio público que brindan y la función administrativa que ejercen, pero excluyen de esta información a la relativa a las remuneraciones, sueldos o salarios del personal, aplicando de forma estricta el art. 9º de Ley.

Es evidente entonces, que el TC maneja un criterio restringido respecto de la información que una universidad privada está obligada a entregar, ya que como se dilucida de la sentencia, la negativa fue respecto de todo lo solicitado por el demandante, siendo los votos singulares reflejo de opiniones de los citados magistrados. Por lo tanto, en el caso de la PUCP, la información acerca de las remuneraciones de sus autoridades, y en general del personal, no constituye información pública y no podría ser exigible a través de una solicitud de acceso a la información, ya que formarían parte de un contenido protegido por el derecho a la intimidad, el secreto bancario y la autonomía en el régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico de la entidad.

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