Proceso penal y acceso a la información

Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la PUCP. Socio Fundador de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Según el artículo 73 del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940 “La instrucción tiene carácter reservado”. La llamada “reserva del proceso penal” ha sido el manto protector frente al escrutinio público en un asunto que, en términos generales, es de interés público: la persecución penal y la imposición o no de la pena (artículo 139.4[1] del Constitución). Este interés público debe sin embargo ponderarse frente a la vigencia de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria y tributaria. Dos casos resueltos por el Tribunal Constitucional en procesos de hábeas data dan cuenta de esta tensión. Sigue leyendo

El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema. Sigue leyendo

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las últimas constituciones del Perú

Suma Ciudadana

Constitución de 1933

Artículo 22.- Todo funcionario o empleado público, civil o militar, si tiene bienes o rentas independientes de su haber como tal, está obligado a declararlos expresa y específicamente, en la forma que determine la ley. Sigue leyendo

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Suma Ciudadana

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja un problema al que el Estado no le quiere brindar atención pero que afecta gravemente la eficacia de estos instrumentos de control: el soslayo del rol de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Sigue leyendo

El Blog de Suma Ciudadana: Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 43.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 16 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales. Sigue leyendo