Archivo de la etiqueta: suma ciudadana

Estado y religión en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

Echemos una mirada retrospectiva a la visión de la religión católica por el Estado peruano a través de sus normas constitucionales. Desde el inicio de la república, la permanente referencia a la religión católica en las Constituciones Políticas denota su influencia en la manera cómo el Estado se ha relacionado con la sociedad, moldeando el grado de desarrollo y reconocimiento de los derechos de las personas, hasta la fecha.  Sigue leyendo

Proceso penal y acceso a la información

Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la PUCP. Socio Fundador de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Según el artículo 73 del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940 “La instrucción tiene carácter reservado”. La llamada “reserva del proceso penal” ha sido el manto protector frente al escrutinio público en un asunto que, en términos generales, es de interés público: la persecución penal y la imposición o no de la pena (artículo 139.4[1] del Constitución). Este interés público debe sin embargo ponderarse frente a la vigencia de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria y tributaria. Dos casos resueltos por el Tribunal Constitucional en procesos de hábeas data dan cuenta de esta tensión. Sigue leyendo

El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema. Sigue leyendo

La declaración del patrimonio por los funcionarios públicos en las Constituciones del Perú

Suma Ciudadana

La primera Constitución Política del Perú en donde se registra el deber de los funcionarios públicos de declarar su patrimonio es la de 1933. Sesenta años más tarde, en 1993, se registra constitucionalmente, por primera vez, el deber del Estado de publicar estas declaraciones juradas en el diario oficial. Sigue leyendo

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento. Sigue leyendo

El Blog de Suma Ciudadana: Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 43.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 16 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales. Sigue leyendo

La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Sosa Sacio

Miembro de Constitucionalismo Crítico

En la sentencia Exp. N° 05173-2011-PHD que resuelve el proceso de hábeas data dirigido contra la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, el demandante solicitó distinta información referida a oficiales y comandantes. Al sentenciar, el Tribunal Constitucional permitió que se entregara solo un grupo de información, pero denegó el acceso a otra, considerando que esos datos “suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”. Sigue leyendo

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos. Sigue leyendo