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El ‘bloque de constitucionalidad’

Se trata de una noción jurídico-política que persigue la coherencia en el orden de las leyes, posibilitando al juzgador otorgarle a unas la cualidad de referentes para analizar la constitucionalidad de otras, siendo todas de igual jerarquía. Siguiendo esta línea conceptual, cabe preguntarse si es que Texto Único Ordenado de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública no forma parte acaso del ‘bloque de constitucionalidad’. Sigue leyendo

‘Caso Magaly Medina’: Interés público, derecho a la información e intimidad

Expediente n° 6712-2005-HC/TC del Tribunal Constitucional del Perú.

(…)

4.b.ii. El juicio de interés del público 

56. El segundo gran tema respecto al desarrollo colectivo está referido a los asuntos que merecen una atención especializada de la sociedad. En él se demuestra cómo una persona puede terminar informando un asunto que imperiosamente merece ser conocido por los demás, y que ello justifica alguna intromisión de la vida privada de alguien. (…) Sigue leyendo

El “interés público” en relación con el presunto conflicto entre el acceso a la información pública y otros derechos.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra), Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura), Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea).

El ejercicio judicial para la interpretación constitucional de los derechos humanos ha dado lugar a la creencia que éstos pueden colisionar entre sí; es decir, se asume la idea que los conflictos de derechos humanos (la libertad de información versus el derechos de intimidad por ejemplo) son posibles y se pueden evidenciar en un caso concreto; en ese sentido, la doctrina nos presenta dos teorías que buscan justificar esta afirmación. Sigue leyendo

¿Es posible crear incentivos para la transparencia en la administración pública?

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

Es algo más o menos sabido que la información es un “bien público”. Eso significa que genera externalidades positivas y –por lo tanto- se tiende a producir o publicar por debajo del “óptimo”. En palabras más simples, dado que el productor de información no va a ser el único beneficiario de la información (alguna gente la va a usar sin pagar), entonces él tiene menos incentivos para producirla o brindarla. Es cierto para un pastizal común (nadie va a querer cuidar el pasto, pese a que todos quisieran que haya pasto) y es cierto para la información. Sigue leyendo

¿Es el Estado peruano una inspiración religiosa?

Suma Ciudadana

Camino a celebrar nuestro bicentenario de vida independiente, una revisión de los textos constitucionales indica que, salvo una excepción, el Estado peruano parece más el producto de la inspiración religiosa de los constituyentes, que de su espíritu republicano. Veamos: Sigue leyendo

La filosofía de los datos abiertos

Mariano Crowe

Investigador asociado a Escuelab.org

La filosofía de datos abierto (open data) es el libre acceso a la información sin restricciones de licencias ni patentes, en particular para la información científica, estadística y administrativa generada y/o recopilada por las entidades públicas. ¿Por qué liberar la información? Los datos que recopilan las entidades oficiales, son de todos. Nosotros (los ciudadanos) los generamos, nosotros debemos tener acceso a ellos tal y cómo se produjeron, y los terceros también pero sin vulnerar ilegítimamente nuestros datos personales. De la misma manera con los datos científicos, la era de la información requiere de las entidades de gobierno una actitud acumulativa y protectora. Pero además esa información tiene que ser accesible de manera análoga (digital) a los ciudadanos. Es como la evolución de una “Biblioteca Nacional”. Sigue leyendo

¿Existe la vulneración indirecta del derecho de acceso a la información pública? Reflexiones a partir del caso “Diario Militar”

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 18 de febrero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el Caso Gudiel Alvarez y Otros vs. Guatemala, relativo a la detención y desaparición forzada de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco conocido como “Diario Militar”, en el marco del conflicto armado interno en dicho país. Sigue leyendo

¿Es prudente la actuación inmediata de una sentencia recurrida, a favor del acceso a la información pública?

Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad del Pacífico

Cuando se publicó e incluso tiempo después de que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, uno de los mecanismos procesales que no había quedado claro si estaba recogido en él era el de la actuación inmediata de la sentencia. En efecto, de la redacción del artículo 22° de la referida norma, no se desprendía con certeza si acaso la sentencia expedida por el juez de primer grado en el seno de un proceso constitucional podía ser ejecutada inmediatamente, muy a despecho de que contra ella se haya interpuesto el medio impugnatorio correspondiente. Sigue leyendo

Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal

M. Yolanda Doig Díaz

Profesora de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha

¿Puede cualquier ciudadano revisar una investigación penal en curso? ¿Tiene derecho a conocer la imputación que existe contra un inculpado en una investigación penal? ¿Y si el investigado es un funcionario público? ¿Tiene  derecho  a estar presente en las declaraciones testimoniales que se practiquen durante una instrucción? ¿Puede revisar un informe pericial? La presente reflexión pretende dar respuesta a estas interrogantes, pero exige, como paso previo, precisar ciertas reglas que informan el proceso penal y resaltar, también, los derechos en conflicto en un litigio penal. Sigue leyendo

Gobierno abierto: un plan para un Estado disfuncional

Javier Casas

Abogado. Investigador local del Mecanismo de Reporte Independiente 2011-2013 de la Alianza para el Gobierno Abierto. Suma Ciudadana. @javiercasas

El Perú solicitó en 2011 ser incorporado a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que promueven el presidente de los Estados Unidos y la presidenta de Brasil. Una decisión que supuso para los entendidos una suerte de nuevo aliento hacia la modernización de la gestión pública, dado que esta iniciativa global busca que los países suscriptores se comprometan a llevar a cabo planes bianuales destinados a generar cambios importantes en cuatro campos: la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y el gobierno electrónico. Pero hasta la fecha no hay evidencias confiables de mejora. ¿Es posible revertir esto? veamos. Sigue leyendo