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La seguridad nacional en la ley de transparencia y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú

Christian Donayre Montesinos

Profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

De acuerdo con los artículos 15° y 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, la información clasificada como secreta o reservada, por estar vinculada con la seguridad nacional, constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública. Aun cuando son pocas las referencias efectuadas por el Tribunal Constitucional peruano en relación con lo que debe entenderse por tal concepto (puede revisarse en este sentido sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 0017-2003-AI/TC, N° 01805-2007-PHD/TC y N° 00002-2008-AI/TC, por mencionar sólo algunos de los escasos pronunciamientos sobre la materia), ello no es óbice para que, a partir de una revisión de la legislación al respecto puedan plantearse algunas críticas que obliguen a definir de manera más óptima sus contornos. Sigue leyendo

Contenidos de la sentencia ‘Myrna Mack Chang vs. Guatemala’ de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2003:

Párrafo 179. Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos donde cierta evidencia es mantenida en reserva por motivos de interés público (seguridad nacional, por ejemplo),  no es el rol del tribunal internacional  determinar si la reserva de la información es o no necesaria ya que como regla general ello corresponde a los tribunales nacionales.  En cambio, sí le corresponde determinar si el proceso interno respeta  y protege el interés de las partes.  Al respecto, dicho Tribunal Europeo señaló que el hecho de retener evidencia relevante argumentando el interés público,  sin notificar al juez de la causa, no cumple con los requisitos del artículo 6 del Convenio Europeo, el cual es equivalente al artículo 8 de la Convención Americana. Sigue leyendo