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La cultura del secreto en la gestión pública

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

Hace ya unos años y antes de que quien escribe dé por terminada una charla sobre transparencia judicial, uno de los jueces más antiguos pidió la palabra: “Quisiera –dijo- dirigirme sobre todo a los jueces más jóvenes que están aquí presentes. Quisiera advertirles de que no deben aplicar nada de lo que han escuchado en esta reunión. Porque yo lo hice una vez y me sancionaron”. Sigue leyendo

Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región. Sigue leyendo

Las órdenes de captura (requisitorias policiales) son públicas gracias al hábeas data

VIDEO: El abogado Elmer Gurreonero cuenta la historia de la demanda de hábeas data registrada en el expediente 5060-2009-PHD/TC

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Javier Casas. Abogados especializado en libertades informativas.

La policía incumple desde hace años su obligación de hacer público el registro completo de personas requisitoriadas. Esta información está en su poder y en julio de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) señaló que estaba comprendida dentro la regla general de publicidad de los procesos judiciales, establecida en la Constitución. El TC dijo que la publicidad de esos datos personales no colisiona con la salvaguarda del debido proceso y tampoco con la reserva de la investigación y la presunción de inocencia.

La requisitoria, dijo el Tribunal, “no está referida a aspectos íntimos” y se limita “a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en [los] de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos”.

“Así las cosas -añade el TC- se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública”.

La sentencia se dio antes de que Perú tuviese su Ley de Protección de Datos Personales; norma que impone como regla la exigencia de recabar el consentimiento del titular de los datos personales, previo al tratamiento de sus datos (como copiar, transferir, organizar, etc.). Sin embargo, el caso de las requisitorias se enmarca en las excepciones a dicha regla, previstas por la misma ley. Primero porque la emisión  de requisitorias se inscribe dentro de las funciones constitucionales del Poder Judicial y de la policía, siendo un sinsentido admitir la posibilidad de que los ‘no habidos’ pudiesen autorizar su emisión. Y con respecto al tratamiento “publicar”, el Tribunal concluyó que no entorpece la misión estatal de asegurar el orden interno -podría hasta reforzarlo-, ni tampoco pone en riesgo la posición del no habido dentro del proceso que se le sigue. Por lo tanto, estamos ante datos personales que tienen como destino una base de datos accesible al público por mandato del TC.

Otra consecuencia importante de la decisión del TC ha sido señalada por quien litigó este asunto, el abogado Elmer Gurreonero, en un video que presentamos más arriba, visto ya miles de veces en internet. El abogado se propuso que el Tribunal Constitucional fijara un hito para frenar la corrupción policial alrededor del tratamiento de esa información. Su tesis es que la publicidad de las requisitorias reduce la posibilidad de que malos policías lucren con el acceso a dicha información, o con su ocultamiento. Se trata de una opinión bastante razonable y que refuerza la necesidad que la policía cumpla de una vez con el mandato de los jueces constitucionales, publicando la base de datos de requisitoriados, actualizada y en formato reutilizable.

@javiercasas

La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información pública

Erika Tejada Villar

Profesora adjunta en  Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN.

El acceso a la información pública es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo contenido reside, esencialmente, en reconocer la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública. Este derecho se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha establecido a su vez, una delimitación del contenido de este derecho así como las limitaciones a su ejercicio. Sigue leyendo

France: la Commission d’ Accès aux Documents Administratifs / Francia: una revisión a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos

Fiona Ruiz Morgan*

Faculté de Droit Jean Moulin Lyon III – France.

(El documento en castellano bajo el texto en francés)

La commission d’accès aux documents administratifs a été crée suite a la loi numéro 78-753 du 17 juillet 1978, portant sur l’amélioration des relations entre l’administration et le public des diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Sigue leyendo

Contenidos de la sentencia ‘Myrna Mack Chang vs. Guatemala’ de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2003:

Párrafo 179. Tal como lo ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos, en los casos donde cierta evidencia es mantenida en reserva por motivos de interés público (seguridad nacional, por ejemplo),  no es el rol del tribunal internacional  determinar si la reserva de la información es o no necesaria ya que como regla general ello corresponde a los tribunales nacionales.  En cambio, sí le corresponde determinar si el proceso interno respeta  y protege el interés de las partes.  Al respecto, dicho Tribunal Europeo señaló que el hecho de retener evidencia relevante argumentando el interés público,  sin notificar al juez de la causa, no cumple con los requisitos del artículo 6 del Convenio Europeo, el cual es equivalente al artículo 8 de la Convención Americana. Sigue leyendo

USA – Peru: A Comparison of Citizens’ Right to Access Information

Mariela Goett Samamé*

Master’s Candidate in Public Policy at the University of Maryland

Enacted in 1966 by the American President Lyndon B. Johnson, The Freedom of Information Act (FOIA) was intended to provide U.S. citizens with the right to information by allowing them to access government records. Over the years, the extent of FOIA’s reach waxed and waned. The 1976 Sunshine Act, which was intended to bring greater transparency in the US government, applied several exemptions to the kinds of government records that citizens could access under FOIA. In 1982, President Ronald Reagan issued an executive order allowing federal agencies to withhold information relating to national security. During the Clinton era, FOIA’s applicability expanded to cover previously withheld information regarding national security. In addition, the Electronic Freedom of Information Act of 1996 required that all agencies are required to make certain types of records created after 1996 available electronically. In recent years, FOIA has been modified to allow citizen access to information regarding the Security and Exchange Commission. Sigue leyendo

Anotaciones sobre las características de la información pública

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre las características de la información objeto del derecho de acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional señaló que se trata de aquella que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado (Exp. Nº 01797-2002-HD/TC). Igualmente, ha señalado que también será información pública la que está bajo el dominio de personas jurídicas de Derecho Privado que prestan un servicio público o que desarrollen funciones administrativas, siempre que dicha información esté referida a las características del servicio, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que desarrollen (Exp. N° 0390-2007-PHD/TC y 03803-2008-PHD/TC). Sigue leyendo

La protección de las deliberaciones previas a una decisión de gobierno en la administración pública (parte II)

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

Continuando con nuestro análisis del artículo 17.1 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. 043-2003-PCM) realizado en un anterior post, queremos referirnos a un problema que surge al momento de interpretar esta excepción, y que puede ser planteado de la siguiente manera: si la finalidad de la norma es proteger la calidad del proceso de deliberación y consulta previos a una decisión de gobierno, salvaguardando el libre intercambio de ideas por parte de los funcionarios públicos, ¿es razonable interpretar que la excepción abarca también la información referida a hechos, o sólo deben considerarse reservadas las opiniones, evaluaciones y análisis de hechos realizados por tales funcionarios? Sigue leyendo

La protección de las deliberaciones previas a una decisión de gobierno en la administración pública (parte I)

Por: Úrsula Indacochea Prevost
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

De acuerdo con el artículo 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (aprobado por D.S. 043-2003-PCM), el derecho de acceso a la información no puede ser ejercido respecto de información que contenga “consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública”. A través del presente comentario, pretendemos aportar algunos elementos útiles para la interpretación de este supuesto.  Sigue leyendo