Archivo de la etiqueta: jurisprudencia

La reserva de la información elaborada por asesores jurídicos de la administración pública

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El artículo 17.4 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene dos supuestos diferentes que conviene analizar por separado: (i) la reserva de la información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de la Administración, cuya publicidad pudiera revelar las estrategias legales a adoptarse en un proceso o procedimiento; y (ii) la reserva de la información protegida por el secreto profesional.  En el presente comentario, analizaremos el primero de ellos, conocido en la doctrina norteamericana como el “Privilegio del Producto del Trabajo del Abogado” (Attorney Work-Product Privilege). Sigue leyendo

Anuncios

La seguridad nacional en la ley de transparencia y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú

Christian Donayre Montesinos

Profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

De acuerdo con los artículos 15° y 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, la información clasificada como secreta o reservada, por estar vinculada con la seguridad nacional, constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública. Aun cuando son pocas las referencias efectuadas por el Tribunal Constitucional peruano en relación con lo que debe entenderse por tal concepto (puede revisarse en este sentido sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 0017-2003-AI/TC, N° 01805-2007-PHD/TC y N° 00002-2008-AI/TC, por mencionar sólo algunos de los escasos pronunciamientos sobre la materia), ello no es óbice para que, a partir de una revisión de la legislación al respecto puedan plantearse algunas críticas que obliguen a definir de manera más óptima sus contornos. Sigue leyendo

El hábeas data no sirve para intentar romper el secreto de las fuentes periodísticas

 

En la sentencia 134-2003-PHD/TC (descrita en el video) el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

“El Hábeas Data no es un proceso destinado a obligar a los periodistas o empresas periodísticas a revelar sus fuentes de información, que, por lo demás, se encuentran protegidas por el artículo 2, inciso 18, de la Constitución, y menos a impedir el libre ejercicio de la libertad de comunicar.”

Precedentes sobre hábeas data y acceso a información pública de municipalidades de Chiclayo

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la U. Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Parece que en las escuelas de gestión pública no se enseña a cumplir sentencias, o en todo caso, no se las considera como una fuente de reglas de gestión. Este es el resultado preliminar de una investigación empírica[1] hecha por mis alumnos del curso de Derecho y Legislación de Medios (para futuros periodistas), destinada a evaluar si los funcionarios de 15 municipalidades distritales de la Provincia de Chiclayo (norte del Perú) hacían caso o no a pedidos de información sustentados en decisiones del Tribunal Constitucional que declararon pública dicha información. Sigue leyendo

La finalidad del derecho de autodeterminación informativa y su afianzamiento a través del hábeas data

Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de La Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

1. Introducción: El artículo 2.6 de la Constitución recoge el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. La pregunta más relevante que de este derecho es posible formular es la siguiente: ¿a qué da derecho este derecho fundamental? Esta pregunta enlaza directamente con su contenido esencial o constitucionalmente protegido. Saber determinar el contenido constitucional de este derecho fundamental, permitirá primero, saber a lo que faculta y a lo que no; y segundo, saber qué pretensiones pueden ser formuladas en un proceso de hábeas data. Ayuda a la determinación del contenido esencial o constitucional de un derecho fundamental, saber la finalidad que persigue, en otras palabras, saber acerca del bien humano que subyace y justifica al derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Una tal finalidad puede formularse en los términos siguientes: defender a la persona de los usos extralimitados del poder informático. Sigue leyendo

Anotaciones sobre las características de la información pública

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre las características de la información objeto del derecho de acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional señaló que se trata de aquella que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado (Exp. Nº 01797-2002-HD/TC). Igualmente, ha señalado que también será información pública la que está bajo el dominio de personas jurídicas de Derecho Privado que prestan un servicio público o que desarrollen funciones administrativas, siempre que dicha información esté referida a las características del servicio, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que desarrollen (Exp. N° 0390-2007-PHD/TC y 03803-2008-PHD/TC). Sigue leyendo

Contenidos de la sentencia ‘Claude Reyes y otros vs Chile’ de la Corte IDH, relevantes para la protección del derecho al acceso a la información pública

Puntos relevantes de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006

  • Párrafo 64. La Corte ha establecido que el deber general del artículo 2 de la Convención implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.  Sigue leyendo