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Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal

M. Yolanda Doig Díaz

Profesora de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha

¿Puede cualquier ciudadano revisar una investigación penal en curso? ¿Tiene derecho a conocer la imputación que existe contra un inculpado en una investigación penal? ¿Y si el investigado es un funcionario público? ¿Tiene  derecho  a estar presente en las declaraciones testimoniales que se practiquen durante una instrucción? ¿Puede revisar un informe pericial? La presente reflexión pretende dar respuesta a estas interrogantes, pero exige, como paso previo, precisar ciertas reglas que informan el proceso penal y resaltar, también, los derechos en conflicto en un litigio penal. Sigue leyendo

El derecho de acceso a la información pública frente a la reserva de la etapa de instrucción penal

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En una anterior oportunidad se esbozó la diferencia entre el ejercicio del derecho de defensa y el derecho de acceso a la información pública en el marco de un proceso judicial[1]. En esta ocasión, se tratará el derecho de acceso a la información por parte de terceros ajenos al proceso, y su repercusión en la condición de reservada de la etapa de instrucción o de investigación de un proceso penal. Sigue leyendo

Perú: desde 2003 el hábeas data es un recurso que va en constante aumento

El derecho a la intimidad y el derecho de acceso a la información pública

Por: Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de  Ciencias Aplicadas (UPC) y de la Universidad del Pacífico.

Por el principio de publicidad y transparencia de la información pública (Expedientes N° 01219-2003-PHD/TC y N° 04912-2008-PHD/TC, entre otros), su acceso, en principio, no está sujeto a mayor condicionamiento que aquel que se predica necesario y justificado como el costo que le significa al Estado obtener las copias de los documentos que la contienen. De ahí que, en rigor, en estos casos el solicitante no está en la obligación de señalar para qué o con qué fin pide tal o cual información, sino que está en su derecho el solicitarla, y la entidad que la administra, en la obligación de entregarla. Sigue leyendo

Límites de las entidades para argumentar su negativa a crear o producir nueva información que se les solicita

Por: Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

Un asunto que ha llamado nuestra atención al revisar diversas sentencias de hábeas data se refiere, ya no al fondo o contenido de la información pública, sino a la forma en que esta puede ser entregada. Al respecto, la Ley y el reglamento señalan la posibilidad de acceder a cualquier información “si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”. Así, es claro que podemos acceder a “documentos” públicos. Sin embargo, la información que se encuentra en manos del Estado no es solo documentaria. Efectivamente, el Estado cuenta con diversas bases de datos que organizan o sistematizan información que es pública de acuerdo a la ley, por estar almacenada o haber sido financiada por el Estado. ¿Es posible acceder a ella? Sigue leyendo

El documento de fecha cierta como requisito de la demanda de hábeas data a favor del derecho de acceso a la información pública

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Para que proceda la protección del derecho de acceso a la información pública ante las instancias judiciales a través del proceso de hábeas data, el artículo 62º del Código Procesal Constitucional exige que el demandante previamente haya reclamado, mediante documento de fecha cierta, el respeto de dicho derecho (es decir, el acceso a la información solicitada) y que el demandado no haya contestado dentro del plazo de diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud.  Sigue leyendo

La seguridad nacional como límite al derecho de acceso a la información pública

Por: Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de A Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

I. FORMULACIÓN DEL LÍMITE

En los ordenamientos jurídicos constitucionales no existen reconocidos derechos fundamentales con contenido ilimitado. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública es un contenido limitado, ya sea por otros derechos fundamentales (como el derecho a la intimidad), ya sea por bienes jurídico-constitucionales, como la seguridad nacional (EXP. N.º 0007–2003–AI/TC, Fundamento 3). A ésta última como límite iusfundamental conviene hacer referencia ahora. Sigue leyendo