Archivo de la etiqueta: información

Consejos prácticos para solicitar información pública de manera eficaz

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas [1]

I.            Introducción

Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional señala que el deber de transparencia pasiva del Estado no se agota con la mera entrega de información a quien la solicita. El Estado está obligado a velar porque la información pública que entrega cumpla con un estándar de satisfacción mínimo, esto es, que sea “completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz” y sentencias posteriores le añadieron a dicho estándar la cualidad de ‘cierta‘. Pero conseguir esto de la administración no es fácil. Todavía la mayor o menor eficacia de una solicitud de información puede predecirse a partir de cuanto cuidado la persona haya puesto en la elaboración de su pedido información, antes de depositarlo en la entidad. En ese sentido, presentamos aquí algunos consejos que esperamos ayuden a mejorar el resultado de un pedido de información. Sigue leyendo

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Autoridad de Tutela del derecho de acceso a la información pública: Cuatro modelos

La Oficina Antifraude de Cataluña (España) ha elaborado un documento que analiza los elementos esenciales de una adecuada regulación del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Es de especial interés el análisis de las diversas modalidades de Autoridad de Tutela que presenta.

 

Rechazo de pedidos de información pública por su inexistencia o por defectos de la solicitud

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta oportunidad, se ha considerado conveniente hacer un breve recuento de las obligaciones que debe cumplir cualquier institución cuando deniega un pedido de información pública, de conformidad con el artículo 2, numeral 5, de la Constitución y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la Ley). Sigue leyendo

La cultura del secreto en la gestión pública

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

Hace ya unos años y antes de que quien escribe dé por terminada una charla sobre transparencia judicial, uno de los jueces más antiguos pidió la palabra: “Quisiera –dijo- dirigirme sobre todo a los jueces más jóvenes que están aquí presentes. Quisiera advertirles de que no deben aplicar nada de lo que han escuchado en esta reunión. Porque yo lo hice una vez y me sancionaron”. Sigue leyendo

Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región. Sigue leyendo

Las órdenes de captura (requisitorias policiales) son públicas gracias al hábeas data

VIDEO: El abogado Elmer Gurreonero cuenta la historia de la demanda de hábeas data registrada en el expediente 5060-2009-PHD/TC

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Javier Casas. Abogados especializado en libertades informativas.

La policía incumple desde hace años su obligación de hacer público el registro completo de personas requisitoriadas. Esta información está en su poder y en julio de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) señaló que estaba comprendida dentro la regla general de publicidad de los procesos judiciales, establecida en la Constitución. El TC dijo que la publicidad de esos datos personales no colisiona con la salvaguarda del debido proceso y tampoco con la reserva de la investigación y la presunción de inocencia.

La requisitoria, dijo el Tribunal, “no está referida a aspectos íntimos” y se limita “a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en [los] de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos”.

“Así las cosas -añade el TC- se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública”.

La sentencia se dio antes de que Perú tuviese su Ley de Protección de Datos Personales; norma que impone como regla la exigencia de recabar el consentimiento del titular de los datos personales, previo al tratamiento de sus datos (como copiar, transferir, organizar, etc.). Sin embargo, el caso de las requisitorias se enmarca en las excepciones a dicha regla, previstas por la misma ley. Primero porque la emisión  de requisitorias se inscribe dentro de las funciones constitucionales del Poder Judicial y de la policía, siendo un sinsentido admitir la posibilidad de que los ‘no habidos’ pudiesen autorizar su emisión. Y con respecto al tratamiento “publicar”, el Tribunal concluyó que no entorpece la misión estatal de asegurar el orden interno -podría hasta reforzarlo-, ni tampoco pone en riesgo la posición del no habido dentro del proceso que se le sigue. Por lo tanto, estamos ante datos personales que tienen como destino una base de datos accesible al público por mandato del TC.

Otra consecuencia importante de la decisión del TC ha sido señalada por quien litigó este asunto, el abogado Elmer Gurreonero, en un video que presentamos más arriba, visto ya miles de veces en internet. El abogado se propuso que el Tribunal Constitucional fijara un hito para frenar la corrupción policial alrededor del tratamiento de esa información. Su tesis es que la publicidad de las requisitorias reduce la posibilidad de que malos policías lucren con el acceso a dicha información, o con su ocultamiento. Se trata de una opinión bastante razonable y que refuerza la necesidad que la policía cumpla de una vez con el mandato de los jueces constitucionales, publicando la base de datos de requisitoriados, actualizada y en formato reutilizable.

@javiercasas

El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–. Sigue leyendo

El derecho de acceso a la información pública frente a la reserva de la etapa de instrucción penal

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En una anterior oportunidad se esbozó la diferencia entre el ejercicio del derecho de defensa y el derecho de acceso a la información pública en el marco de un proceso judicial[1]. En esta ocasión, se tratará el derecho de acceso a la información por parte de terceros ajenos al proceso, y su repercusión en la condición de reservada de la etapa de instrucción o de investigación de un proceso penal. Sigue leyendo

La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información pública

Erika Tejada Villar

Profesora adjunta en  Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN.

El acceso a la información pública es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo contenido reside, esencialmente, en reconocer la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública. Este derecho se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha establecido a su vez, una delimitación del contenido de este derecho así como las limitaciones a su ejercicio. Sigue leyendo

El derecho al acceso a la información electoral en Perú a propósito del caso Rafael Rodríguez Castañeda vs México

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

A inicios del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia interpuesta en favor del periodista mexicano Rafael Rodríguez Castañeda, y dirigida contra los Estados Unidos Mexicanos, por vulneración del derecho de acceso a la información pública protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según los peticionarios, el Estado había vulnerado este derecho al negarle al periodista y director del semanario Proceso, el acceso a información de carácter electoral, específicamente “el acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país para la elección de Presidente de la República.” Sigue leyendo