Archivo de la categoría: Normas y enfoque en la gestión

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

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Autoridad de Tutela del derecho de acceso a la información pública: Cuatro modelos

La Oficina Antifraude de Cataluña (España) ha elaborado un documento que analiza los elementos esenciales de una adecuada regulación del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Es de especial interés el análisis de las diversas modalidades de Autoridad de Tutela que presenta.

 

La cultura del secreto en la gestión pública

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

Hace ya unos años y antes de que quien escribe dé por terminada una charla sobre transparencia judicial, uno de los jueces más antiguos pidió la palabra: “Quisiera –dijo- dirigirme sobre todo a los jueces más jóvenes que están aquí presentes. Quisiera advertirles de que no deben aplicar nada de lo que han escuchado en esta reunión. Porque yo lo hice una vez y me sancionaron”. Sigue leyendo

La conservación de la información pública por los sujetos obligados a brindarla

Érika Tejada Villar

Consultora en materia de transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principios que rige el derecho de acceso a la información pública es el principio de conservación de la información, en virtud del cual, se atribuye al Estado el deber de proteger la integridad y disponibilidad de la información pública, evitando su destrucción, deterioro o alteración con el fin de permitir el ejercicio pleno de este derecho. Sigue leyendo

Plan de Acción de Gobierno Abierto y Política de Modernización ¿Sancochado o Filet Mignon?

 Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Ex OGP-IRM de Perú. Suma Ciudadana. @javiercasas

El Plan de Acción de Gobierno Abierto[1] de Perú y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública[2] son normas que regulan la ley 27658 (Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado) y por lo tanto comparten la misma finalidad, esto es, modernizar la gestión pública. En el caso del Plan, el Gobierno Abierto equivale a Gobierno Moderno, mientras que en la Política el Gobierno Moderno es el que trabaja para alcanzar resultados favorables para la población. Sigue leyendo

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La Defensoría del Pueblo del Perú propone al Poder Ejecutivo crear una entidad pública que vele por la transparencia (haga clic en el documento)

El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–. Sigue leyendo