Archivo de la categoría: Normas y enfoque en la gestión

La conservación de la información pública por los sujetos obligados a brindarla

Érika Tejada Villar

Consultora en materia de transparencia de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los principios que rige el derecho de acceso a la información pública es el principio de conservación de la información, en virtud del cual, se atribuye al Estado el deber de proteger la integridad y disponibilidad de la información pública, evitando su destrucción, deterioro o alteración con el fin de permitir el ejercicio pleno de este derecho. Sigue leyendo

Plan de Acción de Gobierno Abierto y Política de Modernización ¿Sancochado o Filet Mignon?

 Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Ex OGP-IRM de Perú. Suma Ciudadana. @javiercasas

El Plan de Acción de Gobierno Abierto[1] de Perú y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública[2] son normas que regulan la ley 27658 (Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado) y por lo tanto comparten la misma finalidad, esto es, modernizar la gestión pública. En el caso del Plan, el Gobierno Abierto equivale a Gobierno Moderno, mientras que en la Política el Gobierno Moderno es el que trabaja para alcanzar resultados favorables para la población. Sigue leyendo

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La Defensoría del Pueblo del Perú propone al Poder Ejecutivo crear una entidad pública que vele por la transparencia (haga clic en el documento)

El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–. Sigue leyendo

La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información pública

Erika Tejada Villar

Profesora adjunta en  Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN.

El acceso a la información pública es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo contenido reside, esencialmente, en reconocer la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública. Este derecho se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha establecido a su vez, una delimitación del contenido de este derecho así como las limitaciones a su ejercicio. Sigue leyendo

France: la Commission d’ Accès aux Documents Administratifs / Francia: una revisión a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos

Fiona Ruiz Morgan*

Faculté de Droit Jean Moulin Lyon III – France.

(El documento en castellano bajo el texto en francés)

La commission d’accès aux documents administratifs a été crée suite a la loi numéro 78-753 du 17 juillet 1978, portant sur l’amélioration des relations entre l’administration et le public des diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Sigue leyendo

Only 30% of OGP Action Plans Include RTI Reform / Sólo 30% de los Planes de Acción de la Iniciativa de Gobierno Abierto incluyen reformas al acceso a la información

Only 30% of OGP Action Plans Include RTI Reform. (Inglés)

In terms of the legal framework for RTI, no State should be allowed to remain in the OGP unless it is prepared to make a clear, time bound commitment  to protect this fundamental human right and core OGP value. For States that have legislation, clear minimum benchmarks for the quality of their RTI framework should be set, and incorporated into the ongoing process of review of country Action Plans, with a view to promoting improvement over time. This will not only promote good performance on this key governance issue, but it will also enhance the credibility of the whole OGP process.

Centre for Law and Democracy

En términos del marco jurídico para el derecho al acceso a la información, a ningún Estado debe permitírsele permanecer dentro de la Iniciativa para el Gobierno Abierto, a menos que esté dispuesto a asumir un compromiso claro y con plazos determinados  para proteger este derecho y valor fundamental de la Iniciativa. Los Estados que cuentan con legislación deben incorporar a sus Planes de Acción puntos de referencia mínimos y claros para mejorar la calidad de sus respectivos marcos jurídicos .  Esto no sólo promoverá el buen desempeño de los países en este tema clave de la gobernanza, sino que también aumentará la credibilidad de la propia Iniciativa.

CLD (Traducción libre de Suma Ciudadana)

Clasificación mundial de leyes de AIP / Global RTI Rating (2011)

De acuerdo con esta clasificación elaborada por Centre for Law and Democracy (Canada) y Access Info Europe (España), la ley 27806 de Perú se encuentra en el puesto 25. En el contexto latinoamericano sólo las leyes de El Salvador, México y Nicaragua plantean un mejor marco jurídico.

According to this classification developed by the Centre for Law and Democracy (Canada) and Access Info Europe (Spain), the law 27806 of Peru is ranked 25. In Latin America only the laws of El Salvador, Mexico and Nicaragua present a better legal framework.

Suma Ciudadana

A Comparative Report of Financial Disclosure Forms in the U.S. and Peru

Mariela Goett Samamé*
Master’s Candidate in Public Policy at the University of Maryland

A comparison of the public affidavit forms in the Peruvian context and the United States context reveals that both countries’ forms emphasize different aspects of anti-corruption measures. Whereas the Peruvian financial disclosure forms require detailed lists of public functionaries’ assets, the United States attempts to discern possible “conflicts of interest” that may affect a civil servant’s impartiality. Sigue leyendo