Archivo de la categoría: Acceso a la información pública

La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Sosa Sacio

Miembro de Constitucionalismo Crítico

En la sentencia Exp. N° 05173-2011-PHD que resuelve el proceso de hábeas data dirigido contra la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, el demandante solicitó distinta información referida a oficiales y comandantes. Al sentenciar, el Tribunal Constitucional permitió que se entregara solo un grupo de información, pero denegó el acceso a otra, considerando que esos datos “suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”. Sigue leyendo

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos. Sigue leyendo

Los costos del derecho a la información

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

“La mayoría de personas –y empresas, si quieren permanecer en el mercado- toman decisiones comparando costos y beneficios. Solo en el ámbito gubernamental cualquier beneficio, por más reducido que sea, compensa cualquier costo, por más grande que sea”[1]. –Thomas Sowell.  Sigue leyendo

El principio de transparencia activa para garantizar los derechos sexuales y reproductivos

Ursula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 10 de agosto de 2012, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia en la Acción de Tutela iniciada por 1278 mujeres contra el Procurador General de la Nación de ese país, quienes exigían –entre otras cosas- el reconocimiento y tutela de su derecho de acceder a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos[1]. Se trata de una sentencia importante que merece nuestro comentario, pues constituye un hito a nivel regional que aplica los principales estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictado por una corte extranjera de gran prestigio a cuyos desarrollos presta particular atención el Tribunal Constitucional del Perú. Sigue leyendo

Consejos prácticos para solicitar información pública de manera eficaz

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas [1]

I.            Introducción

Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional señala que el deber de transparencia pasiva del Estado no se agota con la mera entrega de información a quien la solicita. El Estado está obligado a velar porque la información pública que entrega cumpla con un estándar de satisfacción mínimo, esto es, que sea “completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz” y sentencias posteriores le añadieron a dicho estándar la cualidad de ‘cierta‘. Pero conseguir esto de la administración no es fácil. Todavía la mayor o menor eficacia de una solicitud de información puede predecirse a partir de cuanto cuidado la persona haya puesto en la elaboración de su pedido información, antes de depositarlo en la entidad. En ese sentido, presentamos aquí algunos consejos que esperamos ayuden a mejorar el resultado de un pedido de información. Sigue leyendo

Una mirada a los portales municipales de ‘poca transparencia estándar’ en Lambayeque

Luis Alarcón Ll.

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la U. Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806, sancionó en el país hace más de 10 años que  las entidades estatales implementaran portales web dedicados, el cumplimiento ha sido muy bajo. Lo es en las municipalidades, y específicamente en las de Lambayeque. Así lo demuestra un estudio elaborado dentro del curso Taller de Producción y Redacción Periodística III, de la EAP CC.CC. USS[1]: el nivel general de cumplimiento es sólo del 12%, nueve municipios no cuentan con portal o si lo tienen es totalmente inactivo. Sigue leyendo

Rechazo de pedidos de información pública por su inexistencia o por defectos de la solicitud

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta oportunidad, se ha considerado conveniente hacer un breve recuento de las obligaciones que debe cumplir cualquier institución cuando deniega un pedido de información pública, de conformidad con el artículo 2, numeral 5, de la Constitución y el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la Ley). Sigue leyendo

Los servicios públicos a la luz de las normas de acceso a la información pública y de protección al consumidor

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Master en Derecho por U.C. Berkeley

El artículo 9 del T.U.O. de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que “Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen”. Sigue leyendo

Acceso a la información en poder de las universidades nacionales y privadas

Dania Coz Barón
Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Gerente del archivo de Hábeas Data “Justicia y Transparencia”.

Hasta la fecha el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto 25 demandas de hábeas data dirigidas a obtener información en manos de universidades públicas o privadas. El tipo de información a la que se puede acceder depende de la naturaleza de la institución. Si se tratase de una universidad privada (entidad de derecho privado), será de aplicación el artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo solicitarse únicamente información relativa a las características del servicio que brinda, sus tarifas o a las funciones administrativas que ejerza. Este criterio ha sido establecido por el Tribunal Constitucional al considerar que la educación es un servicio público, y como tal, las universidades privadas están comprendidas en artículo I inciso 8 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (STC N° 03887-2008-PHD/TC, 04602-2008-PHD/TC, 06238-2008-PHD/TC, entre otras). Sigue leyendo

Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región. Sigue leyendo