Archivo de la categoría: Acceso a la información pública

Examen a la información que brindan los TUPA municipales de Lambayeque

Luis Alarcón Llontop

Profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán y consultor de Suma Ciudadana

Los Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) deben explicitar los procesos en cada entidad pública para que los ciudadanos se guíen cuando soliciten algún bien o servicio. La Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General establece su sentido y operatividad. Por ejemplo, el art. 37 enfatiza la “descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento”. El art. 38 manda que cada TUPA debe publicarse en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y en el Portal Institucional, y estar en una ubicación visible. Sigue leyendo

El nuevo marco legal de las declaraciones juradas patrimoniales y la participación ciudadana.

Javier Casas

Abogado especializado en libertades informativas. Suma Ciudadana. @javiercasas

La nueva Ley 30161 que regula las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos refleja la falta de consenso dentro del Estado para establecer bases sólidas encaminadas a reforzar cualquier estrategia contra la corrupción. Esta nueva ley del Congreso de la República es contraria al deber Constitucional de luchar contra la corrupción[1] porque, por un lado, ha reducido la información que se debe declarar y, por el otro, refuerza la marginación de la sociedad imponiendo una mayor reserva a dicho documento. Sigue leyendo

Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales. Sigue leyendo

La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Sosa Sacio

Miembro de Constitucionalismo Crítico

En la sentencia Exp. N° 05173-2011-PHD que resuelve el proceso de hábeas data dirigido contra la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, el demandante solicitó distinta información referida a oficiales y comandantes. Al sentenciar, el Tribunal Constitucional permitió que se entregara solo un grupo de información, pero denegó el acceso a otra, considerando que esos datos “suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”. Sigue leyendo

¿Tienen los funcionarios públicos derecho a la intimidad? El caso de las declaraciones juradas patrimoniales

Samuel B. Abad Yupanqui

Constitucionalista

¿Alguien conoce los ingresos declarados por Alejandro Toledo y Alan García al asumir el cargo de Presidente de la República y al dejarlo luego de cinco años? Si constitucionalmente tienen la obligación de declarar sus ingresos, un ciudadano ¿tendrá derecho a acceder a dicha información? ¿Y si se trata de un ministro involucrado en los llamados narcoindultos, podremos conocer sus ingresos? Hace unos años el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resolvió un caso relevante en el cual se solicitaba copia de la declaración jurada presentada por un Ministro. El Poder Judicial rechazó el hábeas data presentado ¿Qué habrá dicho el TC en el Exp. 4407-2007-HD? Veamos. Sigue leyendo

Los costos del derecho a la información

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

“La mayoría de personas –y empresas, si quieren permanecer en el mercado- toman decisiones comparando costos y beneficios. Solo en el ámbito gubernamental cualquier beneficio, por más reducido que sea, compensa cualquier costo, por más grande que sea”[1]. –Thomas Sowell.  Sigue leyendo

El principio de transparencia activa para garantizar los derechos sexuales y reproductivos

Ursula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 10 de agosto de 2012, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia en la Acción de Tutela iniciada por 1278 mujeres contra el Procurador General de la Nación de ese país, quienes exigían –entre otras cosas- el reconocimiento y tutela de su derecho de acceder a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos[1]. Se trata de una sentencia importante que merece nuestro comentario, pues constituye un hito a nivel regional que aplica los principales estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictado por una corte extranjera de gran prestigio a cuyos desarrollos presta particular atención el Tribunal Constitucional del Perú. Sigue leyendo