¿Quién debe pagar las costas y costos de un proceso de Hábeas Data?

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

El artículo 56 del Código Procesal Constitucional señala que es la parte vencida, si la demanda es declarada fundada. Si la demanda es infundada, el juez podrá hacer pagar al demandante, cuando haya actuado con manifiesta temeridad. Sin embargo, tal como ha sido reseñado en un artículo de Dania Coz, la jurisprudencia ha contradicho dicha norma, creando una norma distinta: cada parte debe asumir sus propias costas y costos (CyC).  

La jurisprudencia peruana, claramente, está contradiciendo la ley. Sobre eso no hay duda. Nuestra pregunta es si –aun de mala manera- la jurisprudencia ha arribado a una decisión más o menos conveniente que la impuesta por la ley. Ojo, la ley sigue siendo ley, sea o no “conveniente”, y es obligatoria.

El pago o no de CyC, económicamente, funciona como un incentivo. El precio esperado de una demanda judicial es más alto o bajo dependiendo de la regla que adoptemos. Así, una regla que establezca que será la parte vencida, debería desincentivar las demandas o defensas temerarias. Sin embargo, ¿qué nos asegura que ese desincentivo será el óptimo? Si el pago es lo suficientemente elevado, también podría dejar de plantearse demandas con probabilidades de éxito moderadas o dejar de plantearse defensas medianamente atendibles. Se podría argumentar que esto tiene un efecto en la cantidad de acuerdos extrajudiciales, además, aunque una verificación empírica (como ésta) sería necesaria.

Esto podría ser perjudicial desde el punto de vista constitucional (siguiendo en algo el argumento del famoso texto “Against Settlement” de Owen Fiss). Algunas demandas que han hecho “avanzar” la jurisprudencia constitucional eran contrarias al “estado del arte” de la jurisprudencia, al momento de ser presentadas. Piense en Apolonia Ccollcca y su demanda de amparo contra resolución judicial basada en la vulneración de un derecho sustancial. Un “purista” habría dicho que esa demanda no era atendible, pero el TC extendió el ámbito de protección del derecho, en ese caso. Así, se podría argumentar que muchas veces las demandas “límite” son las que hacen progresar la jurisprudencia constitucional, por lo que no necesariamente queremos desalentarlas. Por lo menos no de esa manera.

Por otro lado, si cada quien paga sus CyC, se crea un incentivo mayor para interponer demandas con pocas probabilidades de éxito, lo que podría recargar el sistema. Esto se podría solucionar, sin embargo, con mayor discrecionalidad por parte del TC para decidir qué demandas admite y qué demandas no. Esta postura ha sido respaldada por el propio ex presidente del TC, Cesar Landa, quien aboga por la consagración del writ of certiorari en Perú. Otras solución es incrementar el costo para demandar. Otra es convertir en más claros los criterios de admisión o los derechos sustantivos involucrados. Esto puede tener un impacto ambiguo en el número de demandas presentadas. Por un lado, desincentiva a algunos, pero crea un incentivo para las personas que –claramente- tengan un derecho para demandar.

Todo esto tiene que ser contrastado, sin embargo, con el hecho de que las partes no necesariamente tienen información sobre las probabilidades de obtener una sentencia favorable, ni sobre el comportamiento de la otra parte. Además, su respuesta a la regla dependerá de factores como sus recursos disponibles, costo de oportunidad o aversión al riesgo.

Hablando específicamente del artículo 56, ya citado, éste establece una preferencia a favor del demandante. Esta preferencia podría llevar a que tengamos más demandas temerarias, donde los demandados tengan un incentivo mayor para no litigar o llegar a un acuerdo extrajudicial. Además, una regla sobre el pago de CyC como el que establece la ley, podría alentar a la parte demandante a gastar más o “inflar” sus gastos, de manera no óptima. La conveniencia de esta regla es –por lo menos- dudosa.

* Para un recuento de la literatura sobre el tema, desde el punto de vista económico, recomiendo revisar el punto nueve de este texto (aquí).

2 Respuestas a “¿Quién debe pagar las costas y costos de un proceso de Hábeas Data?

  1. Es necesario dar mas información al respecto .

  2. lamentable, los ciudadanos que ven denegado su derecho de acceso a la información a nivel administrativo, padeceran mayores lkimitaciones en hacerlo valer ante el poder judicial, carente de predictibilidad en sus fallos.Ello plantea la necesidad de crear una entidad supra en materia de acceso a la información pública.

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