El “interés público” en relación con el presunto conflicto entre el acceso a la información pública y otros derechos.

Carlos Hakansson

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra), Profesor de Derecho Constitucional e Integración (Universidad de Piura), Titular de la Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea).

El ejercicio judicial para la interpretación constitucional de los derechos humanos ha dado lugar a la creencia que éstos pueden colisionar entre sí; es decir, se asume la idea que los conflictos de derechos humanos (la libertad de información versus el derechos de intimidad por ejemplo) son posibles y se pueden evidenciar en un caso concreto; en ese sentido, la doctrina nos presenta dos teorías que buscan justificar esta afirmación.

La primera de ellas es la teoría de la jerarquización[1], la cual parte de la premisa de posicionar a la democracia como el valor más importante en una comunidad política, por esa razón todos los derechos que guardan una relación directa con dicho sistema político (libertades de expresión, asociación, reunión, sufragio, etc) tendrán una posición o valor preferente frente a los demás derechos humanos. Es decir, mediante un juicio a priori se podría determinar si un derecho debe prevalecer frente a otro de menor valor para un caso concreto en el que, eventualmente, colisionen. Por eso, tratándose de las libertades de expresión e información, siempre poseerán una posición preferente frente a derechos como la intimidad por ejemplo.

La segunda teoría es la llamada ponderación de derechos[2], en inglés más conocida como el balancing test, con ella se trata de realizar un juicio en el caso concreto, no pudiendo realizarse a priori, en abstracto. En el caso concreto que dos derechos colisionen entre sí, volviendo al mismo ejemplo, la libertad de información con el derecho a la intimidad, el juez deberá “ponderar” cuál de los dos “pesa más” en el caso concreto, atendiendo a las distintas circunstancias que lo rodean . Nos explicamos. Si se trata en concreto de despejar dudas respecto al real estado de salud del Presidente de la República, la prensa podría publicar los resultados de un informe clínico que certifica el normal estado de salud del Jefe de Estado sin que se afecte el derecho de intimidad, pues se trata de un tema de interés público, dado que a la ciudadanía le interesa conocer el estado de salud de la persona que los representa y tiene a su cargo importantes decisiones para el país. De este modo, en el caso concreto, se estaría brindando un mayor peso a la libertad de información y prefiriéndola al derecho a la intimidad. La solución sería distinta, por ejemplo, si la prensa decidiera difundir las conversaciones privadas del Jefe de Estado con sus hijos, pues en ese caso, si bien nos referimos a la misma persona, se debería primar el derecho a su intimidad frente a las libertades comunicativas; precisamente, por carecer de un interés público de por medio[3].

En la teoría de la ponderación el interés público equivaldría al requisito clave para determinar el mayor peso de un derecho humano frente u otro que, presuntamente, entra en colisión. El concepto de interés público es la traducción de naturaleza jurídico-administrativa del concepto de bien común, que es más jurídico-político, y que forma parte de los fines del Estado. Se trata de un concepto que permite fundamentar y justificar la actuación de la administración pública en los campos de la vida social y económica. La investidura pública que tenga una persona, ya sea por elección democrática u ocupar un cargo en su administración; así como la concreta responsabilidad y estado de los bienes que administran las mismas autoridades, genera un legítimo interés de conocimiento por parte de los miembros que componen una comunidad política que en vive en democracia.

De las dos teorías, la teoría jerarquizadora y de la ponderación, la segunda es certera en resolver los problemas de presuntas colisiones de los derechos humanos, precisamente por partir de un caso concreto y, a la luz de la existencia o no un legítimo interés público, poder determinar judicialmente la protección de un derecho fundamental; sin embargo, tanto una como la otra teoría parten de una premisa conceptual que resulta errónea y que dejaría en mala posición tanto a la supremacía constitucional como a la propia concepción de los derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos humanos derivan de la dignidad humana, precisamente porque la persona es un bien en sí misma; los derechos, por tanto, no pueden colisionar entre sí sino más bien las pretensiones de las partes (centros de interés) en un caso concreto. Los derechos humanos no son piezas independientes con autonomía y desprovistas de unicidad; son bienes humanos, cuotas de perfección y realización que brotan de la persona humana, por tanto gozan de coherencia y armonía unos con otros. Por eso, los derechos humanos nacen ajustados unos con otros, no pueden ser limitados por el legislador (llámese Parlamento o Gobierno) y sólo pueden ser delimitados sus alcances por el juzgador en un caso concreto (Poder judicial), atendiendo a las concretas circunstancias y al interés público.

Coincidentemente con los profesores Luis Castillo, Juan Cianciardo, Pedro Serna y Fernando Toller, es necesario conocer en un caso concreto si las pretensiones de las partes se sustentan en la probada afectación o amenaza de un derecho humano o, por el contrario, en su ejercicio irregular no amparado por el orden constitucional. Por eso, concebir que los derechos humanos puedan colisionar entre sí sería aceptar que la Constitución es incapaz de protegerlos en el mismo grado, que no podríamos hablar de unidad, que no vincularía plenamente a todos para su plena observancia y garantía. En ese sentido, es pertinente destacar que si los derechos nacen ajustados unos con otros, son ilimitables por el legislador y delimitables por el juzgador, los derechos se armonizan entre ellos, lo cual nos debe llevar a afirmar que los conflictos no son reales, que las pretensiones son las que entran en conflicto pero los derechos no; que en un caso concreto el juez deberá amparar el derecho que está siendo afectado frente al ejercicio irregular de otro y que, por tanto, no es un derecho[4].

El concepto de interés público sólo debe invocarse mediante una debida justificación para no afectar un derecho fundamental. La información solamente podrá difundirse cuando sea relevante para el conocimiento de la opinión pública y que la ciudadanía tenga acceso a ella mediante el ejercicio de las libertades comunicativas, de lo contrario sería una vulneración a los derechos humanos.

______________________

[1]La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, por ejemplo, atribuye a la libertad de expresión e información una posición prevalente en su ordenamiento jurídico, otorgándoles “una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales”; véase la Sentencia del Tribunal Constitucional español 104/1986 de 17 de Julio (fundamento jurídico 5).

[2]Un caso que podemos aportar como ejemplo es el presunto conflicto entre el derecho a la objeción de conciencia y el derecho de ius variandi del empleador en una relación laboral; al respecto, el Tribunal Constitucional peruano argumentó que “dadas las particulares circunstancias del caso, la objeción de conciencia al deber de asistir a laborar los días sábados planteada por el recurrente, encuentra fundamento en la medida en que la empresa no ha aportado razones objetivas que permitan concluir que el cambio en la programación laboral obedezca a intereses superiores de la institución hospitalaria compatibles con el sacrificio del derecho del recurrente”; cfr. Exp. Nro. 0895-2001-AA/TC (Fundamento jurídico 9).

[3]No obstante, si dentro de la misma conversación privada con sus hijos, el Presidente de la República se ofreciera a brindarles una ayuda especial, valiéndose de su posición e influencia, para lograr por ejemplo un mejor trato o condiciones para obtener trabajo en alguna dependencia estatal, o una concesión pública; en esos casos, los pasajes de dicha conversación sí serían de interés público.

[4]Véanse los trabajos de los profesores CASTILLO CÓRDOVA, Luis: Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general, Palestra Editores, Lima, 2007, págs.323-398; CIANCIARDO, Juan: El ejercicio regular de los derechos. Análisis y crítica del conflictivismo, AD-HOC, 2007, págs. 231-293; SERNA, Pedro; TOLLER, Fernando: La interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, págs. 37-75.

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