¿Es posible crear incentivos para la transparencia en la administración pública?

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

Es algo más o menos sabido que la información es un “bien público”. Eso significa que genera externalidades positivas y –por lo tanto- se tiende a producir o publicar por debajo del “óptimo”. En palabras más simples, dado que el productor de información no va a ser el único beneficiario de la información (alguna gente la va a usar sin pagar), entonces él tiene menos incentivos para producirla o brindarla. Es cierto para un pastizal común (nadie va a querer cuidar el pasto, pese a que todos quisieran que haya pasto) y es cierto para la información.

Muchas personas dicen que las empresas no dan suficiente información acerca de sus productos. Esas personas, sin embargo, saben poco o nada acerca de economía de la información. La información dada en el mercado tiende a ser la “óptima” porque las empresas tienen una manera de “vender” (es decir, tratar como un bien privado) a la información: la publicidad es un bien accesorio a un bien principal, el bien publicitado. Es decir, la publicidad de un auto es “cobrada” por la empresa en el precio de venta del carro; por ejemplo. Más allá de que exista algo como un “derecho a la información” en el mercado, las empresas tienen un incentivo para dar tanta información como sea demandada por los consumidores.

¿Qué hay de la administración pública? En la administración pública, muchas veces, los bienes privados (sobre los cuales es posible la internalización de beneficios) son tratados como si fueran públicos. Es el caso de las pistas (donde se podrían cobrar peajes) o el Poder Judicial (donde se podría cobrar por el costo real del servicio prestado). En ese escenario, ¿es posible crear un incentivo para proveer información demandada por los usuarios del sistema?

Pues sí. Una manera es estableciendo una obligación y haciéndola cumplir a través de penas, incentivos o una combinación de ambos. Otra es convirtiendo a los entes o procedimientos administrativos en algo más parecido a un mercado; haciendo competir entre ellos a los funcionarios o incluso instituciones públicas.

Por ejemplo, actualmente los jueces en Perú son nombrados de manera aleatoria para los casos, y en base a criterios pre-establecidos como la materia o el territorio. Es posible pensar en un sistema donde sean las propias partes las que elijan a los jueces, sobre la base de atributos como la consistencia de sus decisiones anteriores, la velocidad con la que resuelve las causas o la cantidad de información que dan a las partes (más sobre como introducir mecanismos de competencia en el Poder Judicial, ver aquí). Si, por ejemplo, el Poder Judicial funcionara como una empresa, entonces tendrían incentivos para relevar información que sea demandada conjuntamente o accesoriamente a los bienes principales. En este caso, el bien principal sería la asignación de derechos, mientras que el bien accesorio sería la información relacionada a dichas asignaciones de derechos.

¿Qué pasa con información sensible que es “demandada” independientemente de la prestación de un servicio específico? Pues si, por algún motivo distinto al económico, se cree que esa información debería llegar a manos de un ciudadano, entonces simplemente se debería obligar al funcionario o incentivarlo a dar dicha información. Los incentivos podrían incluir:

(i) Anonimato de la fuente o inmunidades para funcionarios que dan información aun en contra del interés de sus instituciones;

(ii) Mayores penalidades: sanciones o incentivos para revelar la información; o

(iii) Agilización de procesos de habeas data y mayores facultades a los jueces para requerir la información a otras entidades públicas.

Dicho esto, creemos que mejor sería cambiar la estructura de los incentivos del sector público, acercándolo más a los esquemas de competencia; antes que confiar en una regulación que suele estar mal diseñada o es incumplida.

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