¿Existe la vulneración indirecta del derecho de acceso a la información pública? Reflexiones a partir del caso “Diario Militar”

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 18 de febrero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el Caso Gudiel Alvarez y Otros vs. Guatemala, relativo a la detención y desaparición forzada de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco conocido como “Diario Militar”, en el marco del conflicto armado interno en dicho país.

Al someter el caso a la Corte, la CIDH sostuvo inter alia que el Estado violó el derecho de acceso a la información contenido en el artículo 13 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas, al no habérseles permitido el acceso a la información y documentación de inteligencia militar que estaba en poder del Estado, ni de manera directa ni a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) creada en Guatemala, o del Ministerio Público que la solicitó en el marco de la investigación penal de los hechos. Por el contrario, el Estado (a través del Ministerio de Defensa, que tenía la información en su poder) la ocultó y negó su existencia[1].

Luego de evaluar tales alegaciones, la Corte se negó a analizar dicha negativa a la luz del derecho de acceso a la información, y realizó una distinción entre aquellos casos en que existe una solicitud directa al Estado por parte de las víctimas, de aquellos otros en que la solicitud de información ha sido formulada por otras autoridades del Estado. Para la Corte, este último caso (la falta de colaboración del Ministerio de Defensa con la Comisión de Esclarecimiento Histórico y las autoridades jurisdiccionales encargadas de la investigación) debe ser mas bien apreciada como un “obstáculo para el esclarecimiento de los hechos”, y como tal, analizarse a la luz de los derechos a garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención), y no del derecho de acceso a la información (artículo 13 del mismo instrumento)[2].

Para sustentar esta postura, la Corte hizo referencia a los casos Claude Reyes y otros vs. Chile  y Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil[3], en que las solicitudes de información habían sido formuladas por las víctimas o sus familiares, aun cuando este segundo caso se realizó en el marco de una acción judicial de naturaleza civil destinada a obtener información acerca de la sepultura de sus familiares.

La distinción, realizada por la Corte, nos plantea una cuestión que encierra importancia en la práctica: ¿puede violarse indirectamente el derecho de acceso a la información? El artículo 7 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reconoce la legitimidad para el ejercicio de este derecho a “toda persona” y regula con carácter general el procedimiento administrativo ante las entidades de la administración pública para el ejercicio directo de este derecho. Por su parte, el proceso de Hábeas Data (regulado en los artículos 61 a 65 del Código Procesal Constitucional) exige una solicitud de información previa del interesado hacia la entidad y la negativa de ésta, como requisito de procedencia de la demanda. Todo parecería indicar que  el derecho de acceso a la información en el Perú, por su naturaleza, debe ser siempre ejercido directamente por el afectado.

Sin embargo, ello parece poco razonable, si tenemos en cuenta que los mecanismos procesales que suponen la intervención de otras autoridades estatales para acceder a información, pueden ser precisamente impulsados y activados por los propios titulares del derecho. Ello ocurre, por ejemplo, cuando en el marco de un proceso judicial, ofrecemos como medio de prueba la exhibición de un documento que se encuentra en poder de una dependencia estatal. En tales casos, el derecho de acceso a la información es ejercido de manera indirecta, pues aunque exista intervención de otra autoridad jurisdiccional, ésta actúa a solicitud del afectado, y el  interés satisfecho sigue siendo individual.

Pero se puede mantener esta posición cuando la información es solicitada por una institución creada con la finalidad de investigar situaciones de carácter colectivo y de interés general, como por ejemplo, por una Comisión de la Verdad o una Comisión investigadora del Congreso? Creemos que en tales casos, aun cuando la información que estas instituciones obtengan sea de pleno interés de los particulares (especialmente si hablamos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos), se trata de mecanismos destinados a satisfacer el interés de la sociedad de conocer la verdad de lo ocurrido en ciertas situaciones, y en ese sentido, más que ser evaluados como violaciones del derecho de acceso a la información, deben más bien ser apreciados a partir del carácter colectivo del derecho a la verdad.

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[1]CIDH, Informe No. 116/10, Caso 12.590, Fondo, José Miguel Gudiel Alvarez y Otros (“Diario Militar”), Guatemala, 22 de octubre de 2010, párr. 440 y ss. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.590Esp.pdf

[2]Corte IDH, Caso Gudiel Alvarez y Otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr.269. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=404

[3]Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 57.13, 99 y 103, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 188.

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