¿Es prudente la actuación inmediata de una sentencia recurrida, a favor del acceso a la información pública?

Christian Donayre Montesinos

Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad del Pacífico

Cuando se publicó e incluso tiempo después de que entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, uno de los mecanismos procesales que no había quedado claro si estaba recogido en él era el de la actuación inmediata de la sentencia. En efecto, de la redacción del artículo 22° de la referida norma, no se desprendía con certeza si acaso la sentencia expedida por el juez de primer grado en el seno de un proceso constitucional podía ser ejecutada inmediatamente, muy a despecho de que contra ella se haya interpuesto el medio impugnatorio correspondiente.

No obstante, ese escenario fue cambiando progresivamente a partir de algunas sentencias que expidió el Tribunal Constitucional, llegando finalmente la oportunidad en la que el colegiado tomaba posición sobre el tema. En efecto, a partir de la sentencia recaída en el caso “Flavio Jhon Lojas” (Expediente N° 607-2009-PA) tenemos mayores luces sobre la verdadera presencia del mecanismo de la actuación inmediata de la sentencia en el Código Procesal Constitucional, en qué casos y bajo qué consideraciones procede.

Así, en resumidas cuentas el Tribunal Constitucional, tras ponderar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el aspecto que se refiere al derecho a la ejecución de las sentencias y el debido proceso en lo que concierne al derecho a impugnar y a la pluralidad de instancias, entiende que es perfectamente posible que el juez de primer grado ordene la actuación inmediata de su sentencia, siempre que atienda determinadas consideraciones. Por un lado, puede ser de oficio o a pedido del beneficiado o su representante y puede ser extensible para todas las pretensiones o algunas de ellas, estando exceptuadas de sus alcances las que se refieren al pago de costas, costos, devengados e intereses. De otro lado, la sentencia en cuestión bien puede haber sido apelada o estar a tiempo de serlo y debe contener un mandato preciso.

No obstante, también hay algunos recaudos que no puede ser pasados por alto, como es la irreversibilidad, es decir, que por su intermedio no deben producirse situaciones que luego no puedan retrotraerse. No olvidemos que aun cuando se ordene la ejecución inmediata de la sentencia, ésta puede haber sido impugnada, dando lugar a la posibilidad de que el juez constitucional en segundo grado o incluso vía recurso de agravio constitucional decida u ordene cosa distinta a lo dispuesto por el de primer nivel. Otro límite a considerar es, obviamente, el principio de proporcionalidad. Finalmente, no se requiere contra-cautela y la decisión que plantea la ejecución inmediata de la sentencia es inimpugnable.

Vistas así las cosas, encontramos entonces elementos de juicio suficientes para deducir que en virtud de aquel artículo 22° del Código Procesal Constitucional es posible que el juez constitucional de primer grado, de oficio o a pedido de parte, pueda hacer efectiva su sentencia, muy a despecho de que haya sido apelada o esté a tiempo de serlo. Sin embargo, estas líneas no están orientadas a tan sólo dar cuenta -en términos generales desde luego por limitaciones de tiempo y espacio-, del sustento y las condiciones de procedencia de la actuación inmediata de la sentencia, sino más bien llamar la atención respecto de una situación curiosa que se presenta en el particular caso del proceso constitucional de hábeas data.

Y es que, conforme se ha visto, uno de los límites que debe tener en cuenta el juez constitucional al ordenar la actuación inmediata de su sentencia es el de la irreversibilidad que, insistimos, no es otra cosa que evitar que producto de la ejecución de la decisión judicial se terminen generando situaciones que llegado el caso no puedan luego revertirse, es decir, volver al estado anterior.

Pues bien, si tenemos en cuenta, en primer lugar, que dentro de los derechos pasibles de ser protegidos por el hábeas data está el derecho de acceso a la información pública, el cual en algunas ocasiones puede entrar en conflicto o por lo menos en tensión con otros derechos o bienes jurídicos protegidos como a la intimidad o la seguridad nacional. En segundo término, que si se decide proteger aquel derecho por encima de alguno de estos derechos o bienes de relevancia constitucional, en estricto la situación a la que se da lugar es irreversible, ya que una vez que la información salió del espacio íntimo, confidencial o reservado, no podrá volver a ese estado; bien convendría preguntarse qué tan factible es sugerir la actuación inmediata de la sentencia en este tipo de supuestos.

Somos de la opinión que ante esas situaciones, muy a despecho del compromiso del juez constitucional con los parámetros propios del Estado Constitucional y, en esa lógica, con la promoción de un mayor y mejor escenario para el ejercicio de los derechos fundamentales e incluso aun cuando signifique una demora en la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública, un actuar prudente y razonado aparentemente debería ser la pauta a seguir, salvo mejor parecer.

5 Respuestas a “¿Es prudente la actuación inmediata de una sentencia recurrida, a favor del acceso a la información pública?

  1. Sin duda la divulgación o no de la información está sujeto al criterio judicial, al balance que haga de los intereses en juego, en el mejor sentido de la palabra. Lamentablemente, a la mayor parte de la judicatura en el país carece de tal capacidad en muchas dimensiones.

  2. Lo cierto es que de ejecutarse la sentencia apelada el recurso carecería inmediatamente de objeto, toda vez que se generaría una situación de sustracción de la materia porque la entidad requerida estaría finalmente revirtiendo la negativa que fue objeto de reclamo judicial. El TC ha incluso declarado las demandas IMPROCEDENTES, evitando ir al fondo del asunto, cuando la entidad ha entregado la información requerida dentro del proceso.

    • No creo que el recurso carezca de objeto, pues se señala fecha para la vista y se resuelve, y esa resolución es susceptible de ejecutarse, siempre que contenga pronunciamiento condenatorios. Pueden pasar tres cosas: primero, que se confirme la decisión, de modo que, bien hecha la ejecución. Segundo, se revoque totalmente, de modo que, habrá que retrotraer -si se puede, claro- la ejecución hasta el momento anterior a su inicio y hacer frente a los perjuicios y daños ocasionados al ejecutado por su inmediata ejecución; tercero, que la sentencia modifique parcialmente la sentencia, lo que afecta evidentemente, a la ejecución, que tendrá que ajustarse a la nueva decisión.

  3. Entiendo que cuando el autor propone ” un actuar prudente y razonado”, está apelando a la ponderación judicial. De modo que, en determinados casos, la intimidad o la seguridad nacional, justifican que no se ejecute una sentencia inmediatamente, sino hasta que sea firme. De acuerdo, con ello, habrá que ver el caso concreto y lo difícil será -para el Juez- construir un razonamiento que permita apreciar la tensión entre los derechos y la preponderancia de alguno de ellos.

  4. Es muy válido el elemento introducido por el autor del artículo. Sin duda merece atención, máxime si se considera que existe responsabilidad también en el caso de brindar información que es restringida o cuya divulgación se encuentra prohibida, como es el caso de la información referida a la vida íntima de las personas u otro carácter.

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