Proceso penal y acceso a la información

Dino Carlos Caro Coria

Profesor de Derecho Penal en la PUCP. Socio Fundador de Caro & Asociados y del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Según el artículo 73 del viejo Código de Procedimientos Penales de 1940 “La instrucción tiene carácter reservado”. La llamada “reserva del proceso penal” ha sido el manto protector frente al escrutinio público en un asunto que, en términos generales, es de interés público: la persecución penal y la imposición o no de la pena (artículo 139.4[1] del Constitución). Este interés público debe sin embargo ponderarse frente a la vigencia de derechos fundamentales como la intimidad, el honor, el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria y tributaria. Dos casos resueltos por el Tribunal Constitucional en procesos de hábeas data dan cuenta de esta tensión.

La sentencia N° 01669-2009-PHD-TC se refiere al proceso seguido contra un alcalde por el delito de concusión, donde se solicitó a la Sala Penal copias certificadas de partes del expediente. En primera y en segunda instancia se declaró la improcedencia liminar de la demanda de hábeas data, por considerarse que la información solicitada ostenta el  carácter de reservado. El TC ratificó esta decisión porque el proceso penal aún no había concluido y la información requerida implicaba el secreto bancario y la reserva tributaria del procesado, ya que uno de los temas a probar era si hubo o no incremento patrimonial del procesado o de un tercero a su favor. Consideramos correcta la decisión final, pero únicamente porque el artículo 2.5 de la Constitución garantiza de modo reforzado el secreto bancario y la reserva tributaria, de forma que solo “pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una Comisión investigadora del Congreso”. Ello concuerda claramente con el sentido del artículo 17.2 del TUO de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según el cual “El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de (…) la información protegida por el secreto bancario, tributario (…)”. Es más, tal protección está reforzada por el artículo 18 de la Ley, según el cual “Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 16 y 17 tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre”.

El segundo caso es el de la sentencia N° 3065-2012-PHD-TC donde el recurrente, sin ser parte en el proceso penal, pidió copias del auto de apertura de Instrucción, de la denuncia fiscal y del informe final del Juez de instrucción en un proceso por colusión desleal seguido contra un funcionario público. Tras la negativa del Poder Judicial a dicha entrega, la demanda de hábeas data fue declarada improcedente en primera y segunda instancia, señalándose que debió solicitarse las copias ante el órgano judicial que tramitaba dicho expediente, es decir ante la Sala Penal Liquidadora. Sin embargo, el demandante había solicitado la información al órgano correspondiente según el artículo 11.a de la Ley N° 27806, en este caso el funcionario responsable del acceso a la información pública de la Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima. El Tribunal Constitucional reproduce este error, dejando de lado la citada Ley, y sin explicar el motivo para tal desvinculación, estableció que el pedido debió formularse ante la Sala Penal Liquidadora, y en especial porque el demandante era abogado, sin reparar seguramente en que el demandante no era abogado en el proceso penal y por ello siguió el curso procesal previsto en la Ley N° 27806 para recabar la información. Por ello resulta contradictorio que la propia sentencia del TC señale que en verdad la información no podía ser entregada porque se viola el derecho a la intimidad si la información llega a manos de quien no es parte en el proceso penal. A esta regla general se oponen sin embargo los propios fundamentos de “lo público” del derecho de acceso a la información, y es que la denuncia fiscal y el auto de apertura de instrucción, como fuentes de la imputación penal levantada contra alguien para el inicio de un periodo de prueba no pueden relacionarse sin más con la intimidad. La descripción de los hechos atribuidos, las pruebas iniciales que los respaldan, y la calificación provisional de esos mismos hechos como potencialmente infractores de un tipo penal, no son actos propios de la intimidad personal, esto es, protegidos por el derecho de todo ser humano de reservar para sí y excluir de la esfera pública determinados aspectos de su vida personal.

Como se indicó al inicio, la imputación de un delito es per se de interés público, es la noticia de que el Estado postula o tiene una pretensión punitiva contra alguien. Similar razonamiento se extiende al informe final del Juez que se había solicitado, dicho informe contiene únicamente un recuento de las pruebas del expediente, sin conclusiones sobre la responsabilidad del imputado. Esta regla general sobre lo público de la denuncia fiscal, del auto de apertura de instrucción y del informe final del Juez solo puede aceptar excepciones parciales, en caso el contenido refleje aspectos propios por ejemplo de la intimidad personal como sucede en los delitos sexuales, y más si se trata de menores de edad, o incorpore información especialmente protegida por el secreto bancario o tributario. En tales supuestos la excepción a la regla es parcial, los documentos deben exhibirse pero descontando ese contenido especialmente protegido o de acceso prohibido por la propia Ley N° 27806, por ello el propio artículo 19 señala “En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento”.

Los casos reseñados, en especial el último, muestran la necesidad de que el propio Tribunal Constitucional precise los alcances de lo público (artículo 139.4 de la Carta Magna) en el proceso penal. La publicidad no puede limitarse al juicio oral, el escrutinio público del desempeño de las autoridades debe darse desde las primeras etapas del proceso penal, como sucede en el sistema americano y en los sistemas europeos, donde cualquier ciudadano puede acceder gratuitamente desde la web del Ministerio Público y de las Cortes al contenido de los principales documentos producidos en los casos penales.

______________

[1] Art. 139 de la Constitución Política del Perú. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.
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2 Respuestas a “Proceso penal y acceso a la información

  1. Brillante artículo, el cual contrariamente a lo señalado por Yolanda Doig en este mismo blog, admite que es necesaria la publicidad del proceso penal en etapas previas al juicio debido al escrutinio público al que que la función jurisdiccional debe ser sometida. Solo de esa forma podremos combatir la indignante impunidad que se presenta a diario en nuestro país, con una fiscalización ciudadana permanente y eficaz, evaluando las decisiones de quienes administran justicia.

  2. Pingback: Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal | Suma Ciudadana

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