El costo de reproducción de la información pública

Érika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia

El costo de reproducción de los pedidos de acceso a información pública ha sido establecido por la propia Constitución al señalar, en el inciso 5) del artículo 2º, el derecho de toda persona a   solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Sin embargo, es con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información y su reglamento que se esclarece el tema.

En efecto, es este marco normativo el que establece el término costos de reproducción, y señala expresamente que dicho costo deberá ser determinado teniendo en cuenta únicamente  los siguientes criterios: a) Gastos o costos en los que incurre la entidad como consecuencia directa de la reproducción de la información solicitada. b) Gastos o costos derivados o generados de manera exclusiva de la reproducción del pedido de información. Excluyéndose aquellos gastos fijos, en los que se incurre independientemente de que se atiendan o no solicitudes de información.

Pese a que la referida legislación fija los parámetros del valor del costo de reproducción de las solicitudes de información; no han sido pocas las denuncias contra las entidades de la administración pública obligadas a entregar información. En efecto, en las sentencias 9125-2006-PHD/TC, 4468-2006-PHD/TC y 0395-2005-PHD/TC, el Tribunal Constitucional declaró que las instituciones demandadas habían incurrido en cobros  desproporcionados, de esta manera se afectaba el derecho de acceso a la información pública de los recurrentes.

Del mismo modo, en el Informe Defensorial Nº 96[1], la Defensoría del Pueblo indicó haber recibido una serie de denuncias ciudadanas por motivos similares. Es por ello que basado en estas denuncias, el referido informe clasifica las diferentes formas en las que una institución puede vulnerar  los criterios normativos ya señalados. Así, en primer término identifica los cobros por conceptos ajenos al costo de reproducción, o también llamados cobros ilegales, como son los cobros por derecho de trámite o búsqueda de información y los cobros adicionales por copia ‘fedateada’ o certificada.

De otra parte, están los llamados cobros arbitrarios, ubicando en este rubro a los cobros desproporcionados cuya finalidad en realidad es recabar recursos presupuestales adicionales, y cobros que exceden el precio de mercado.

Si bien actualmente, a través de los portales de transparencia de las instituciones públicas, los casos de vulneración del derecho de acceso a la información pública, por la fijación de montos ilegales y/o desproporcionados parecen haber disminuido, cierto es también que el problema no ha sido superado en su totalidad, encontrando entidades[2] que todavía incurren en cobros indebidos por costos de reproducción.

Es importante entonces, no perder de vista estos casos y continuar en la tarea de difusión y concientización sobre el deber que tienen las entidades públicas de facilitar el acceso a la información, y no impedirlo elevando arbitrariamente el costo de reproducción.

 

[1] Defensoría del Pueblo (2005) Informe Defensorial N° 96. Balance a dos años de vigencia de la ley de transparencia y acceso a la información pública 2003 – 2004. Lima. Pgs 135-137.

[2] A modo de ejemplo, el Gobierno regional de Lima, estable un monto de 0.0083%  de una UIT (0.30 céntimos de sol) por fotocopia simple.

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DOCUMENTO RELACIONADO:

Acceso a la Información y Costos de Reproducción

3 Respuestas a “El costo de reproducción de la información pública

  1. Lo que sucede es que se subutiliza el Portal de Transparencia de la entidad, tdoa vez que no se cuelga toda la información que por ley se encuentra obligada a consignar; y de limitarse a ello, se soslaya el hecho que la misma ley faculta a colgar toda otra información que considere necesario. Ello lleva a que se siga utilizando el medio tradicional como el papel para brindar respuesta al administrado, con todos los costos, tiempo y factor humano que ello conlleva, en vez de tener dicha información el Portal de Transparencia, o en su caso poder remitirla vía mail. Sin duda, situación que constituye una de las tantas deficiencias en la administración pública que restringe sin duda el ejercicio de un derecho.

  2. Frank Rojas Alarcón

    Ciertamente el costo de reproducción obedece a criterios técnicos, el mismo se encuentra en relación con el soporte material para la entrega al solicitante, constituyendo no solo un malestar, sino un desincentivo, al ejercicio del derecho a la información pública los sobrecostos o los costos acumulados por la cantidad de folios que conforma el documento solicitado, es por ello, que casi sin proponérselo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispuso que una modalidad de entrega de los solicitado fuera por correo electrónico, siempre que la información fuese susceptible de ello, no comprometiendo pago alguno.

    Por experiencia propia, las entidades que atienden los pedidos consideran que la única forma de entrega es la fotocopia de lo solicitado, quizas sancionado la “impertinencia” de “entrometerse” en la administración de la cosa pública, aun cuando expresamente aparezca otra opción. Para sostener la imposibilidad de cumplir con la entrega por correo electrónico, esgrimen dificultades técnicas y hasta económicas, desconociendo las virtudes de la compresión de datos y el ahorro de bienes escasos como el papel y la electricidad.

    Es más, los portales electrónicos de los gobiernos regionales y locales exhiben una pobre cantidad y calidad de documentación de interés público, siendo una posibilidad que toda información solicitada y entregada sea indexada en dicho soporte, contribuyendo de esta forma a la existencia de un gobierno abierto y amigable con los usuarios, que no pase por la publicación de prorrogas de pagos de arbitrios.

    Queda entonces la tarea de educar tanto a la burocracia como a los usuarios en las bondades de la tecnología y el ahorro, desterrando así la corrupción y las sospechas.

  3. Lo que sucede es que a veces por desconocimiento del personal de la entidad, así como de los administrados, dentro de las solicitudes de acceso a la información pública, los útlimos suelen requerir copias certificadas de la documentación materia de solicitud de acceso; cuando ello no es lo que corresponde por cuanto la expedición de copia certificada se trata de un servicio exclusivo y no de un procedimiento. Las copias certificadas se expiden como parte de acceso al expediente administrativo, derecho previsto en la Ley N° 27444.

    Es así que el malestar se produce cuando se pretende cobrar por copia certificada dentro de un procedimiento de acceso a la información pública, cuando en éste último caso sólo se deberán otorgar las copias simples cuyo costo es muy inferior al de una copia certificada.
    Sin duda la confusión generada se origina por una falta de orientación al administrado por el personal de la entidad que no se encuentra debidamente capacitado, lo que lleva a la distorsión de las solicitudes.

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