Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Las sentencias del Tribunal Constitucional que ponen fin a un proceso constituyen cosa juzgada para las partes que intervinieron en el mismo, y deben ser estrictamente cumplidas. A la vez, las decisiones del Tribunal deberían servir para evitar que actos lesivos similares vuelvan a ocurrir a futuro, no sólo respecto a la persona que ganó el caso, sino también respecto de todas aquellas otras que se encuentran en similar situación. En este sentido, si las entidades estatales identifican que hay un acto que ha sido calificado por los tribunales como lesivo de derechos fundamentales, lo lógico sería que no vuelvan a repetirlo, evitándose de esta forma la interposición de nuevas demandas judiciales.

Sin embargo, esa no siempre es la conducta asumida por las entidades estatales, ante lo cual se hace necesario identificar diferentes mecanismos orientados a garantizar que los mandatos del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales sean realmente observados.

Uno de esos mecanismos lo constituye el denominado “estado de cosas inconstitucionales”, utilizado por la Corte Constitucional de Colombia para casos especialmente delicados (situación carcelaria y desplazamiento forzado),  que también ha sido acogido por el Tribunal Constitucional peruano a través de su jurisprudencia. En pocas palabras, a través del mismo se busca que los efectos de una sentencia tengan un alcance mayor al de las partes en el proceso, beneficiándose de ellos quienes se encuentran en una situación similar.

La primera vez que el Tribunal peruano empleó esta técnica fue a propósito de una demanda de hábeas data mediante la cual se solicitaba el acceso a información en manos de la entidad responsable del nombramiento y ratificación de magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura. (Expediente 2579-2003-HD, caso Julia Arellano Serquén).

En los fundamentos de la decisión el Tribunal dejó en claro que había tratado de encarar el problema de la carga procesal a través de la expedición de jurisprudencia vinculante, que debía haber dado lugar a un cambio de conducta por parte de la Administración Pública, lo que sin embargo no había ocurrido. Por ello, para resolver el caso concreto, y a la expectativa de que su decisión pueda tener efectos más allá del mismo, decidió emplear la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” para establecer que  los magistrados sometidos a un proceso de evaluación y ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura tienen derecho a acceder a la información sobre su propio proceso, no siendo de aplicación para ello las limitaciones legales orientadas  a que dicha información no pueda ser proporcionada a terceros.

El uso del “estado de cosas inconstitucionales” para el caso del derecho de acceso a la información plantea aspectos de especial interés. Sin duda, el más importante es la posibilidad de identificar prácticas de la administración contrarias a este derecho, para a partir de ello calificarlas como contrarias a su ejercicio, permitiendo a toda persona la invocación del fallo, con miras a acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales sin necesidad de iniciar un proceso judicial de hábeas data. Ello podría darse con relación a problemas concretos relacionados con el acceso a información, como es el caso de información relacionada con los expedientes judiciales o –en su momento- la rendición de los viáticos por parte de los congresistas de la República.

Si bien podría argumentarse que ante estos problemas podría dictarse un precedente vinculante o una doctrina jurisprudencial, lo cierto es que cada vez es menos frecuente el uso de estos mecanismos por parte del Tribunal Constitucional, por lo que la posibilidad de acudir al “estado de cosas inconstitucionales” resulta de alguna forma una alternativa a considerar.

Una respuesta a “Estado de cosas inconstitucionales y acceso a la información pública

  1. El principal problema reside en el hecho que el funcionario público no tiene nada que perder cuando niega el acceso a la información y tal vez sí algo que perder cuando la otorga (tiempo, incomodidad política u organizacional).

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