La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Sosa Sacio

Miembro de Constitucionalismo Crítico

En la sentencia Exp. N° 05173-2011-PHD que resuelve el proceso de hábeas data dirigido contra la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, el demandante solicitó distinta información referida a oficiales y comandantes. Al sentenciar, el Tribunal Constitucional permitió que se entregara solo un grupo de información, pero denegó el acceso a otra, considerando que esos datos “suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”.

En un post anterior, precisamente habíamos dado cuenta de algunas decisiones del Tribunal Constitucional referidas a la sistematización o creación de datos para atender pedidos de información. Explicamos que, en general, el Estado no tiene el deber de elaborar, sistematizar o analizar información para entregarla al solicitante; sin embargo, si lo solicitado no requiere mayor esfuerzo y se trata de datos que ya posee el Estado, resultará irrazonable que se deniegue el pedido, pues la interpretación del derecho de acceso a la información pública debe favorecer a su tutela, es decir, a la entrega de información (principio de máxima divulgación de la información).

El caso materia de comentario el Tribunal Constitucional señaló que la información solicitada era sobre lo siguiente:

(1) Oficiales superiores de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ostenten el grado de comandante.

(2) Comandantes que registren 6 años o más de permanencia en el grado.

(3) Comandantes que registran 27 años o más de servicios, sin incluir periodo de formación.

(4) Comandantes que registran 27 años o más de servicios, incluyendo periodo de formación.

(5) Comandantes que no han realizado el curso de perfeccionamiento correspondiente a su grado, según el D. S. N° 012-2006-IN.

(6) Comandantes que no tienen posibilidad de realizar el curso de perfeccionamiento correspondiente a su grado.

(7) Comandantes que no han sido condecorados con la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú, por la causal de servicios meritorios.

(8) Comandantes incursos en causal de ineptitud para el otorgamiento de la Orden al Mérito de la Policía Nacional del Perú, por la causal de servicios meritorios.

(9) Comandantes que se encuentren en el tercio inferior en el cuadro de mérito para el ascenso – promoción 2010 sin considerar el factor tiempo de servicio en el grado. Y,

(10) Comandantes policías declarados inaptos para el proceso de ascenso – promoción 2010.

Como puede apreciarse, se trata de información que ya posee la entidad demandada, pero que no necesariamente se encuentra tal cual la solicita el demandante. Por ejemplo, respecto al punto (1), es claro que la Policía Nacional cuenta con los grados de todos sus oficiales, pero tal vez no tiene ordenada y a la mano la relación actualizada de cuántos específicamente ostentan el grado de comandante. De igual forma, con respecto al punto (10), no cabe duda que la Policía mantiene información sobre sus agentes y los procesos de ascenso, por ende, satisfacer lo pedido solo requería especificar el número de policías declarados inaptos. Del mismo modo con el punto (7): la entidad conoce la cantidad de comandantes que han sido condecorados con la Orden al Mérito, y ante la consulta sobre la cantidad que no lo fueron bastaría realizar una simple resta.

No obstante lo señalado, el Colegiado Constitucional consideró al resolver, sin más, que el pedido de información de los puntos (1) al (4) podía ser atendido “dado que en modo alguno (…) implica la creación o producción de información”; pero que no procedía la entrega de la referida a los puntos (5) al (10) “dado que suponen la creación y/o producción de información por parte de la entidad emplazada”.

Al respecto, el Tribunal no explicó en absoluto porqué diferenció a esos dos grupos de información, ni señaló –atendiendo a que se tratan de supuestos diferentes entre sí– cómo es que los puntos (5) al (10) suponen información que “debe ser producida”, si claramente es información que posee –y tiene el deber de poseer– la Administración demandada, tan igual como ocurre con la información de los puntos (1) al (4).

Con lo anotado, podemos señalar tres consideraciones que podría tomar en cuenta el Tribunal Constitucional para no resolver arbitrariamente casos como estos: primero, debería establecer a través de doctrina jurisprudencial algunos criterios que permitan conocer cuándo la entrega de información pública involucra la creación, producción, sistematización o análisis de datos, etc. Segundo, debería argumentar suficientemente toda denegatoria de información pública: no debería limitar el acceso a ella –como ha ocurrido en este caso– sin ofrecer ni una sola razón que explique porque la información solicitada involucra su “creación y/o producción”. Tercero, si el colegiado pretende diferenciar tipos de información para ordenar su entrega, debería señalar expresamente en qué basa esta distinción; de lo contrario la decisión quedaría dejada al puro arbitrio, lo que la haría inconstitucional.

2 Respuestas a “La ausencia de criterios para calificar la creación o producción de información por la entidad emplazada, en las sentencias del Tribunal Constitucional.

  1. Lamentablemente, en las entidades no existe sistematización, ni organización ni clasificación de la información que posee; no hay archivos ni base de datos; es un diagnóstico que espanta, lo que definitivamente de por ya constituye una omisión de funciones de la entidad, lo que conlleva a desconocer el derecho de acceso a la información del ciudadano.

  2. Es claro que el solicitante podría haber pedido la información en bruto y haber hecho los cálculos él mismo.El fallo del tribunal debió ser que la entidad entregue la información suficiente (siempre que esté en su posesión) para que el solicitante pueda cumplir con su objetivo.

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