ONG ‘inteligente’

Suma Ciudadana[1]

La tendencia global al empleo cada vez más frecuente de las tecnologías de la información para solucionar problemas relacionados con la falta de acceso a información ha dado cabida a un sostenido –aunque incipiente aún- acercamiento entre los desarrolladores, es decir, estos técnicos capaces de crear aplicaciones maravillosas en la web, y las ONG, para cuyos integrantes estas aplicaciones pueden ser tan maravillosas como indescifrables. El riesgo latente es que esta abismal asimetría de información técnica puede terminar por jugarle en contra a las ONG si es que de pronto, por ejemplo, la relación se termina abruptamente. Por lo tanto, la ONG -quien paga por los servicios de un desarrollador- será inteligente si es que asegura su soberanía tecnológica sobre el producto de dichos servicios. ¿Cómo? Veamos algunas recomendaciones.

En primer lugar, el objeto de la relación entre la ONG y el desarrollador debe plantearse como si fuera la de una persona que construye su casa y la de un arquitecto que le ofrece entregársela ‘llave en mano’, aunque en verdad tiene sus diferencias como veremos a continuación.

En lo que se parece a dicha relación propietario-arquitecto podemos señalar que en primer lugar que debe plasmarse en un contrato en donde claramente estén expresados el producto del servicio brindado por el desarrollador y todas sus características funcionales. Por ejemplo, el contrato debe señalar que el desarrollador construirá por encargo de la ONG una herramienta web destinada a tal cosa, que exhibirá determinada información, y le permitirá al usuario realizar tareas fijadas.

Esto significa que la ONG es quien controla tanto el acceso al código fuente del producto (la estructura y descripción de la programación de la herramienta), como su destino y ubicación dentro de uno u otro servidor de internet. La ONG debe tener acceso a todo el programa con credencial de ‘administrador’, y también debe ser quien controla las credenciales de acceso (palabra clave y usuario) al servidor en donde se aloja el programa. Muchas veces desde la ONG dejamos que el desarrollador elabore la aplicación dentro de un servidor cuyo acceso él sólo controla, o simplemente no tenemos idea de donde está alojada. Es como si contratásemos al arquitecto para que construya nuestra casa dentro de un terreno de su propiedad. No tiene sentido.

Las condiciones del servicio que brinda el desarrollador deben estar también señaladas en el contrato, especialmente en lo concerniente a la confidencialidad que debe guardar sobre el código fuente. El tema más espinoso siempre será definir quien tiene el derecho de autoría sobre el programa. Evidentemente que será el desarrollador quien lo construya dadas sus habilidades especiales, pero lo hace a pedido de la ONG y siguiendo requerimientos específicos que satisfarán necesidades concretas de la ONG. Por lo tanto, si es la ONG quien guía o dirige al desarrollador en el diseño y en el proceso de incorporación de las características o funcionalidades del producto, debe también asegurarse de resguardar en el contrato su control sobre el programa.

Esto implica dejar en blanco y negro que, si la ONG ha elegido, por ejemplo, trabajar con un desarrollador que usa una licencia de software denominado ‘propietario’, pues si se da el caso será un derecho de la organización buscar a otro desarrollador que trabaje con la misma licencia para continuar la ampliación del código fuente de la herramienta web. Y si la ONG ha decidido trabajar su herramienta web con ‘software libre’ pues también debe fijar su derecho a trabajar con otro desarrollador si surgen desavenencias.

La diferencia central entre trabajar con software ‘propietario’ (por ejemplo Windows) y software libre (por ejemplo Linux) es que el primero normalmente no permite a los desarrolladores la lectura del código fuente ni modificaciones no permitidas por la empresa que tiene los derechos de autor. En ese sentido, los usuarios de un software ‘propietario’ deben usar necesariamente las herramientas que le brinda la empresa que lo comercializa, ateniéndose a sus límites. Por el contrario, el software libre promueve la reutilización del programa y por lo tanto su código es abierto (es decir es accesible por los desarrolladores) para ser modificado. En este último caso el beneficio es que la ONG podría, en principio, contratar con cualquier especialista para seguir trabajando el programa dado que no requiere licencia especial para modificarlo.

Pero tratándose de software libre hay un detalle que la ONG debe tomar muy en cuenta. Si su herramienta web fuese el resultado de la modificación de un programa construido previamente, es decir, si fuese una evolución de un programa anterior cuyo código es abierto (justamente para ser reutilizado), sería importante que la ONG y el desarrollador verifiquen la posible existencia de una licencia o condición de uso de dicho programa, que podría ser, por ejemplo, la obligación de liberar o abrir el código del programa modificado para su reutilización.

Finalmente, la ONG debe ser la propietaria de sus dominios (direcciones o URL en donde se ubica su página web) y también debe tener el control de las credenciales de acceso a las cuentas de correo electrónico de la organización.

En síntesis, si se sobreentiende que las relaciones entre las ONG y los desarrolladores tienen por finalidad satisfacer el interés público, deben preocuparse por mantener buenas relaciones basadas en la transparencia, en aras de alcanzar dicho objetivo. Normalmente estas relaciones son muy fructíferas e interesantes dado el inmenso conocimiento que puede generar la sinergia entre ambas partes. Pero si no se toma en cuenta las recomendaciones que hemos señalado más arriba, esta relación puede que no devenga en “el comienzo de una gran amistad”.


[1] Este documento ha sido elaborado sobre la base de uno de los módulos de la consejería de Gabriela Rodriguez de D.A.T.A. brindada a Suma Ciudadana en el marco del proyecto TABridge desarrollado por http://tech.transparency-initiative.org/

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