Los costos del derecho a la información

Oscar Sumar

Profesor, investigador y consultor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  Master en Derecho por U.C. Berkeley.

“La mayoría de personas –y empresas, si quieren permanecer en el mercado- toman decisiones comparando costos y beneficios. Solo en el ámbito gubernamental cualquier beneficio, por más reducido que sea, compensa cualquier costo, por más grande que sea”[1]. –Thomas Sowell. 

La frase anterior se deriva del hecho de que la política –la asignación de derechos por medio del proceso político- es, en si misma, un bien público. Las normas benefician a todos y a nadie (salvo a los grupos de interés que las promueven, cuando las circunstancias son adecuadas; tal como describió Mancur Olson en su libro, completo aquí). Como consecuencia de esto, las normas no suelen considerar los costos que generan a la sociedad.

Las normas que obligan a las entidades públicas a revelar información no son una excepción. Si bien es cierto la información es un bien, “toda” la información, no es el nivel óptimo de información. Es decir, como sociedad, no estaríamos dispuesto a asumir el costo de que toda la información sea revelada.

Así como “cero” es rara vez el nivel óptimo de un mal social, como los accidentes de tránsito; del mismo modo, “todo” nunca es el nivel óptimo de salud. Dar información no es gratis, en varios sentidos. Para empezar, existe un costo administrativo o contable de dar la información. Esos memos, archivos de Excel, correos electrónicos, etc., no se hacen solos.

Además, el brindar la información tiene un costo de oportunidad. ¿Se ha brindado “x” información en lugar de hacer qué? ¿Se podría haber contratado un policía más? ¿Se podría haber pagado el mínimo vital a los conscriptos? Es complicado establecer con precisión cuál es la utilidad derivada de cada actividad alternativa, por lo que no podemos establecer con certeza si una unidad adicional de información vale más que una de seguridad. Sin embargo, sí sabemos que –dados los recursos escasos del Estado y las necesidades variadas- no queremos poner todos los huevos en una sola canasta. El presupuesto público se divide entre actividades competitivas, una de las cuales es brindar información a los ciudadanos acerca de los asuntos públicos.

Una manera de establecer cuál es el nivel óptimo de información en una sociedad, es dejando que las personas la demanden. Si las personas tienen que pagar por la información; por un lado, van a tender a pedir información que realmente quieren; y, por otro, no van a demandar mucha información. Esto último responde al fenómeno conocido como la “ignorancia racional”.

Las personas tenemos una capacidad de influencia tan limitada en el ámbito público, que no tiene sentido estar tan informados como un funcionario. Dado lo anterior, solemos mostrar desinterés por el manejo del Gobierno, salvo que nos dediquemos a algo relacionado a sector público. Esto no está bien o mal, solo es un fenómeno explicable desde la lógica económica.

Siendo esto así; ¿debemos tener un “derecho” a recibir “toda” la información? Desde el momento en que se califica como “pública”, debemos poder acceder a ella. Sin embargo, este razonamiento es tautológico. Si decidimos que no se debe entregar determinada información, entonces deja de ser pública. Por lo tanto, su carácter de “pública” no puede ser el criterio para elegir si debe o no ser proveída por el Estado. Regresando al punto anterior, dado que es muy complicado establecer, a priori, cuál es el nivel indicado de información que debe recibir un ciudadano, propondríamos uno en el que el costo de adquirir la información responda a algún criterio de costos real. Así, el derecho a la información tendería a estar alineado con el interés social y con la eficiencia.


[1] Traduccion libre de: “”Weighing benefits against costs is the way most people make decisions — and the way most businesses make decisions, if they want to stay in business. Only in government is any benefit, however small, considered to be worth any cost, however large”.

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Una respuesta a “Los costos del derecho a la información

  1. Hola Oscar,

    Interesante punto. Pero ¿qué costo le asignas a esa información? ¿el variable? ¿o le atribuyes costos fijos también?
    Y si le atribuyes costos fijos ¿crees que el ciudadano debería sufragar las ineficiencias del Estado (que casi invariablemente opera de manera más costosa que el privado)? ¿y quién determina que sean correctos_

    Tu post por otro lado no menciona nada respecto a la dramática reducción de costos de guardar, copiar y proveer información. Hoy en día es muy barato hacerlo (digitalmente por supuesto).

    Te dejo esta pregunta: ¿Se pueden considerar los Registros Públicos del Perú realmente públicos si hay que pagar tasas? La ley presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, Sin embargo se le cobra para que éste tome conocimiento de los mismos. ¿Es justa esa presunción? En muchos países, la información registral es gratuita y de libre acceso.

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