El principio de transparencia activa para garantizar los derechos sexuales y reproductivos

Ursula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Master en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

El 10 de agosto de 2012, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia en la Acción de Tutela iniciada por 1278 mujeres contra el Procurador General de la Nación de ese país, quienes exigían –entre otras cosas- el reconocimiento y tutela de su derecho de acceder a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos[1]. Se trata de una sentencia importante que merece nuestro comentario, pues constituye un hito a nivel regional que aplica los principales estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictado por una corte extranjera de gran prestigio a cuyos desarrollos presta particular atención el Tribunal Constitucional del Perú.

Pues bien, en el caso mencionado, las demandantes sostuvieron que la Administración Pública había incumplido con su deber de suministrar a las mujeres colombianas, información oportuna, veraz, objetiva y completa sobre sus derechos reproductivos y sobre la posibilidad de acceso a servicios de salud reproductiva, e identificaron diversas situaciones en las que funcionarios estatales habrían difundido información falsa, inexacta o tergiversada, generando confusión y desinformación en la población. Una de las situaciones identificadas en la demanda, por ejemplo, fue el intento de cancelación del permiso sanitario de diversos medicamentos de anticoncepción oral de emergencia, bajo el argumento del supuesto carácter “abortivo” de uno de sus componentes, contrariamente a lo indicado en informes de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones especializadas.

La demanda de Acción de Tutela también resaltó el papel fundamental del acceso a la información para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y autonomía, el derecho a la salud, y los derechos reproductivos), especialmente tratándose de sectores vulnerables de la población. Textualmente, las demandantes argumentaron que  “no es posible construir un proyecto de vida sin tomar decisiones autónomas” y que “estas decisiones no pueden ser calificadas como verdaderamente libres si no se tiene acceso a la información de las opciones de las que se dispone, o la información es falsa, tergiversada o sesgada.”[2]

La sentencia de la Corte Constitucional colombiana no analizó este caso desde la perspectiva del derecho de acceso a la información, tal como venía planteado en la demanda, sino decidió analizar este tema como un componente de los derechos reproductivos. No obstante, el caso tiene la virtud de resaltar la importante relación entre el derecho de acceso a la información, por un lado,  y el derecho a la salud y los derechos reproductivos, por otro, a través del principio de transparencia activa.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este principio impone a los Estados el deber de “suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, por lo menos en cuanto a: (a) la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado; (b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos—por ejemplo, la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión, a la salud o a la educación—; (c) la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos de cualquier tipo; y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas, si existiere”. Por lo tanto, los Estados tendrían la obligación de suministrar la información completa, comprensible y actualizada que resulte indispensable para que las personas puedan ejercer sus derechos o satisfacer sus necesidades básicas[3].

La Comisión también ha indicado la importancia de esta obligación, cuando se trata del derecho de las mujeres a acceder a información sobre salud reproductiva, y especialmente si se trata de mujeres en especial situación de vulnerabilidad (pobres, indígenas, afro descendientes, o que habitan en zonas rurales) debido a su mayor dificultad para acceder por sí mismas a información confiable que les permita tomar decisiones libres e informadas acerca de aspectos tan íntimos de su personalidad como su salud, su sexualidad, y la planificación de su familia[4]. Finalmente, la CIDH ha señalado que en materia de acceso a la información sobre salud reproductiva, de los estándares establecidos por la Corte Interamericana en el Caso Claude Reyes contra Chile se derivaría la obligación de los Estados, de capacitar a sus profesionales para informar a las mujeres en estos temas, así como de atender esta problemática de manera integral y multisectorial.[5]

Es importante considerar estos parámetros dentro del debate público sobre los derechos sexuales y reproductivos, no solo porque aportan elementos útiles para el análisis, sino porque ayudarán a que los eventuales conflictos sean resueltos por nuestros tribunales de conformidad con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú en materia de derechos humanos.


[1] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-627, del 10 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-627-12.htm

[2] La demanda se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=324&lang=en

[3] CIDH, Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF 1/09 ,30 de diciembre de 2009, párr.. 32.  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf

[4] CIDH, Ob.Cit, párr. 25 y ss.

[5] CIDH, Ob.Cit, párr. 40 y 41.

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