Datos personales en la internet y el buscador de sentencias del Tribunal Constitucional

Erika Tejada Villar

Consultora de la Defensoría del Pueblo en materia de transparencia.

Hace un tiempo se originó un debate en los Estados Unidos y en la Unión Europea a raíz de un proyecto de ley elaborado por la comisionada de Justicia de la  Unión Europea, Viviane Reding, en el que exige a las redes sociales y a cualquier entidad que almacene datos personales, eliminar toda esta información de manera  inmediata si su titular así lo solicitare. Este proyecto ha dividido a la opinión pública entre los partidarios de este “right to be forgotten” o derecho al olvido y los que se oponen a él.

Si bien en nuestro país tal debate no ha alcanzado aún gran repercusión,  al parecer ello  no ha sido óbice para que este derecho sea exigido a través de un proceso de hábeas data. En efecto, en la sentencia recaída en el expediente 1986-2009 emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el recurrente demandó nada menos que al Tribunal Constitucional (en adelante TC) con el fin de suprimir su  nombre como modo de ubicar o identificar la sentencia N° 005894-2006PHC/TC publicada en la página web de la entidad demandada.

En respuesta a la demanda, la Sala Superior adujo que el solo hecho de que se tenga acceso a la resolución por medio del nombre del actor, no constituye una invasión de la intimidad personal y familiar del mismo, por lo que declaró infundada la demanda. Cabe destacar que pese a la posibilidad del demandante de acudir al TC, éste optó por descartar esta opción, por razones evidentes, perdiéndose la oportunidad de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre el tema.

No coincidimos con el fallo de la sala al considerar que la publicación de una sentencia a través de un medio masivo y de fácil acceso como lo es internet, no pueda afectar la intimidad personal o familiar de un individuo. Ahora bien, ello no impide que en aras de proteger otros derechos y/o principios Constitucionales, el derecho de la autodeterminación informativa sea vea limitado en su ejercicio, pues, como es por todos conocido, no existen derechos absolutos. En efecto, consideramos que en este caso la publicidad de las sentencias del TC a través de su página web busca cumplir con la disposición constitucional que señala que los procesos judiciales referidos a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos; además de ser una garantía que permite el control sobre el funcionamiento de la institución y, en última instancia faculta el ejercicio del derecho al análisis y crítica de las resoluciones judiciales.

Sin embargo, resulta conveniente no descartar por completo la existencia de casos en donde la publicación de cierta información en internet a través de una sentencia, produzca una grave afectación al derecho de autodeterminación informativa, por lo que el Tribunal deberá analizar bien estas situaciones, más aún si considera que hecha esta publicación, su difusión puede ser inmediata, dejando lejos la posibilidad del TC revertir el daño.

Post data: el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales considera que son fuentes accesibles al público: Los repertorios de jurisprudencia, debidamente anonimizados.

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