Control de los datos personales y bases de datos en centrales privadas de información de riesgo

Luis Castillo Córdova

Doctor en Derecho, Universidad de A Coruña (España). Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Piura.

1. Introducción: En esta oportunidad se comentará la sentencia al EXP. N.° 0831-2010-PHD/TC. La demandada, una Central Privada de Información de Riesgo (CEPIR), tiene información de riesgo del demandante. La pretensión constitucional de éste es que: a. se suprima determinada información por ser falsa; b. se suprima determinada información por ser innecesaria. Las dos primeras instancias han rechazado liminarmente (sin analizar el tema de fondo) la demanda, pero en tanto que la parte demandada “ha tomado debido conocimiento de su contenido (…) y ha ejercido de manera plena su derecho de defensa” (Fundamento 1), se presta el Tribunal Constitucional (TC) a ingresar a valorar sobre el fondo de la pretensión. En esta sentencia el TC formula una serie de  normas constitucionales adscritas, que permitirán resolver casos posteriores sustancialmente iguales.

2. Necesidad de probar la falsedad de la información: La primera de las normas se formula en torno a la información que el demandante solicita se suprima de la base de datos, por ser falsa. El TC no ampara esta parte de la pretensión porque el demandante no había acreditado la falsedad de la información: “para lograr que sea estimada una demanda que tiene por objeto la exclusión de determinada información de un banco de datos por considerarla falsa, dicha demanda debe venir acompañada de determinados medios probatorios que permitan acreditar de modo indubitado la referida falsedad” (Fundamento 3).

De esta manera el TC crea al respecto una primera norma constitucional: Está ordenado acreditar la falsedad de una información para que proceda su exclusión de la base de datos de una CEPIR.

3. Vía judicial igualmente satisfactoria: La demandada sostuvo que se cumplía la causal de improcedencia del hábeas data prevista en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda debía ser rechazada sin ver el tema de fondo. A su decir, la vía igualmente satisfactoria era el proceso civil sumarísimo (en aplicación del artículo 17.1 de la Ley 27489). El TC rechaza esta afirmación: la determinación de lo igualmente satisfactorio, “no puede ser consecuencia de un enfoque simplemente etéreo o teórico [sino] de un análisis pragmático” (Fundamento 6). Así, la igual satisfacción “debe encontrarse pragmáticamente garantizada” en el proceso ordinario para ser considerado como vía igualmente satisfactoria.

Esta garantía pragmática, dice el TC, no se verifica en el proceso judicial sumarísimo. La razón: “la ausencia de una importante suma de pronunciamientos consolidados sobre la materia por parte del Tribunal Constitucional impide generar una prognosis razonable y confiable de que ella recibirá el tratamiento que merece en razón de su relevancia iusfundamental en las vías ordinarias” (Fundamento 7).

En cristiano: dado que los jueces no tienen la capacidad para determinar el contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa, y dado que esa deficiencia aún no se ha cubierto por la jurisprudencia del TC, la vía ordinaria sumarísima no es vía igualmente satisfactoria que el amparo. Más allá de la ofensiva consideración hacia los jueces y la altamente soberbia consideración de si mismo, el TC se equivoca radicalmente: lo igualmente satisfactorio no tiene que ver con la supuesta ignorancia de los jueces ni con la supuesta sabiduría del TC, sino que tiene que ver con la eficacia procesal (formal y material) de la vía ordinaria para alcanzar una razonable (no matemática) igual satisfacción en la salvación del derecho fundamental.

Lo cierto es, pues, que el TC ha creado en este punto una segunda norma que puede enunciarse en los siguientes términos: El proceso sumarísimo no es vía igualmente satisfactoria que el amparo para atender las pretensiones referidas al derecho a la autodeterminación informativa formuladas en torno a la información administrada por una CEPIR.

4. Plazo de caducidad de la información: El TC admite como constitucional el propósito de las CEPIR: dar noticia de “la capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago de quienes alguna vez fueron sujetos de crédito en el sistema financiero” (Fundamento 9). Esto incluye un historial compuesto no sólo por las obligaciones incumplidas, sino también de las deudas debidamente honradas. Las obligaciones incumplidas permanecerán registradas hasta dos años después de haber sido extinguida (artículo 10.d Ley 27489); y este mismo plazo se aplica para las deudas oportunamente pagadas. De no cumplirse este plazo para ambos supuestos, se vulnera el derecho a la autodeterminación informativa.

Así, el TC vuelve a crear una tercera norma constitucional que se enuncia en los términos siguientes: Las CEPIR están prohibidas de contener en sus bancos de datos o difundir en sus reportes de crédito información referida a deudas que fueron oportunamente pagadas si es que han transcurrido 2 años desde la fecha en que se efectuó el pago.

5. Información innecesaria: El demandante planteaba también que se excluyese de la base de datos de la CEPIR demandada, tanto el monto de las deudas oportunamente cubiertas, como su domicilio y ocupación laboral. El TC acoge esta parte de la pretensión al considerar que estas informaciones son innecesarias para la consecución del objetivo de las CEPIR: valorar la capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago de las personas. El TC abre como excepción que sólo si el titular de la información expresa su voluntad de que se incluyan los montos, éstos podrán ser incluidos. Y aunque no lo dice expresamente, esta misma excepción podría extenderse para cuando el dato es el domicilio y/o la ocupación laboral.

Con esto el TC crea una cuarta norma constitucional en los términos siguientes: Está prohibido que en la base de datos de las CEPIR se haga contener el monto de las deudas oportunamente satisfechas, así como el domicilio y la ocupación laboral de la Persona respecto de la que se tiene la información crediticia, salvo medie consentimiento expreso del titular de la información crediticia.

6. Valoración: Sólo es posible una valoración general. Y en términos generales, estas cuatro normas constitucionales que crea el TC se justan al contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa. Según corresponda, se adscriben al artículo 2.6 y 200.3 de la Constitución. Son normas constitucionales adscritas. Y todas, salvo la segunda, tienen corrección en los argumentos que sustentan la norma constitucional creada.

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