La seguridad nacional en la ley de transparencia y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú

Christian Donayre Montesinos

Profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

De acuerdo con los artículos 15° y 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, la información clasificada como secreta o reservada, por estar vinculada con la seguridad nacional, constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública. Aun cuando son pocas las referencias efectuadas por el Tribunal Constitucional peruano en relación con lo que debe entenderse por tal concepto (puede revisarse en este sentido sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 0017-2003-AI/TC, N° 01805-2007-PHD/TC y N° 00002-2008-AI/TC, por mencionar sólo algunos de los escasos pronunciamientos sobre la materia), ello no es óbice para que, a partir de una revisión de la legislación al respecto puedan plantearse algunas críticas que obliguen a definir de manera más óptima sus contornos.

En ese orden de ideas, debe destacarse la falta de una adecuada técnica por parte del legislador al momento de precisar cuándo determinada información merece ser considerada secreta o reservada por su relación con la seguridad nacional. En efecto, si se revisan los diferentes incisos y literales que se encuentran comprendidos en los mencionados preceptos legales, es posible encontrar algunas redundancias y contradicciones o por lo menos un planteamiento discutible sobre qué aspectos merecen ser exceptuados de los alcances del derecho de acceso a la información pública.

Así, por ejemplo, el legislador parte de identificar los ámbitos militar y de inteligencia como aquellos propios de la seguridad nacional y cuya revelación no debería estar en los alcances de dicho derecho. Luego, procede a señalar qué información, dentro de esos ámbitos, es secreta o reservada, sin embargo, lo curioso es encontrar fuertes semejanzas entre la información que según la ley merecerían una y otra calificación (véase así los literales a), b), d), e) y f) del inciso del artículo 15° y el literal a) y c) del artículo 16°, del TUO de la ley 27806, por mencionar sólo un ejemplo.

Este escenario se agrava si reparamos en el detalle que tal calificación es otorgada por el mismo titular del sector o pliego respectivo o por los funcionarios que éste designe sin mayor control que aquél que se produce cuando la información se solicita y, ante la negativa, se inicia el proceso constitucional de hábeas data. No vendría mal, entonces, evaluar algún mecanismo que garantice mayor objetividad al momento de calificar cierta información como secreta, reservada o confidencial por su vinculación con la seguridad nacional, bien jurídico cuya protección está fuera de toda discusión. La conformación de un equipo multidisciplinario, por ejemplo, que tenga a su cargo dicha responsabilidad sería una opción a considerar.

Por si lo señalado no tuviera suficiente entidad, en los listados que contienen los artículos 15° y 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborados con una aparente vocación taxativa a fin de precisar qué información está dentro de los alcances del derecho de acceso a la información pública y cuál no, es reiterativa la advertencia que estas excepciones buscan evitar que se ponga en riesgo “…la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático”. Bajo este argumento es innegable que los funcionarios públicos pertenecientes a tales sectores tienen un margen bastante amplio para oponerse a facilitar información, dificultando en muchas ocasiones la consecución de los fines que se pretenden alcanzar como producto del ejercicio del derecho que nos ocupa.

Vistas así las cosas, no tarda uno en advertir que aparentemente el legislador habría buscado la forma de que las autoridades de turno se opongan prácticamente a facilitar cualquier información que corresponda o esté siquiera relacionada con la Defensa Nacional, el Orden Interno, el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, entre otros. Si bien está claro que toda excepción o restricción a un derecho fundamental debe ser interpretada en esos términos, esto es, restrictivamente, y por lo menos en este aspecto el Tribunal Constitucional peruano sí ha sido muy enfático, conforme se desprende, además, de sus pronunciamientos recaídos en los Expedientes N° 04886-2009-PHD/TC, 03221-2010-PHD/TC y 01352-2011-PHD/TC; no es menos cierto que si, como se ha visto, la normatividad vigente no apuntala tal lectura; su silencio, tampoco resulta el mejor aliado. 

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