Una mirada regional al acceso a la información ‘disponible’ en las entidades públicas

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Un tema controvertido sobre la forma en que la Ley N° 27806 ha regulado el derecho de acceso a la información pública, es el referido a la obligación de las entidades públicas de brindar información disponible, esto es, eximiéndolas de brindar nueva información o a producirla a pedido del solicitante. Sobre este tema ya Juan Manuel Sosa Sacio[1] ha expuesto la tendencia jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, así como de posibles soluciones, que comparto para interpretar este derecho en su contenido más amplio. Es por ello que en esta oportunidad expondremos algunas ideas sobre el artículo 13 de la referida ley, con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Derecho Comparado de la Región.

Así, el artículo 13 de la Ley N° 27806 (en adelante, la Ley), en su tercer párrafo establece “La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión), a través del documento “El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales”[2], y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte), por medio de su jurisprudencia, han aportado criterios importantes para interpretar esta norma a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las obligaciones que del derecho en cuestión se desprenden para los Estados.

En ese contexto, se puede precisar previamente que esta norma no tiene por objeto (no puede tenerlo dada la interpretación amplia que se le debe dar al contenido del derecho de acceso a la información pública) eximir al Estado de su obligación de brindar toda la información pública que sea posible, sobre todo cuando su existencia es indispensable para el ejercicio de sus propias funciones constitucionales y legales (párrafos 285 al 287 del documento). Ello quiere decir que bajo esta norma, una entidad pública no podrá justificar su negativa a brindar información que estaba obligada a producir como parte de su actividad, dentro de los plazos establecidos.

En consonancia con lo expresado, la Comisión ha hecho mención a una serie de países de la región que han regulado de manera singular, pero amplia, esta obligación. Así, por ejemplo, Argentina ha impuesto, en su legislación,  la obligación a las entidades estatales de generar, producir o capturar la información a lo que están obligadas. Chile, por su parte, ha impuesto esta obligación con una limitación: que la complejidad y la cantidad de actos administrativos que deban llevarse a cabo para producir dicha información no afecte el normal desarrollo de sus labores.

En el caso de Ecuador y Uruguay, tiene una norma cuya redacción es similar a la de Perú (artículo 13 de la Ley), pero a diferencia de este, prevén que los peticionarios pueden exigir que las entidades creen o produzcan información que estén obligados a producir y, además, que no se entenderá por producir o crear, las obligaciones de recopilar o compilar información que estuviere dispersa en distintos organismos.

Asimismo, la Corte, en el caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil[3], tras advertir que el Estado no había entregado información justificándose en su inexistencia por diferentes motivos, saludó las medidas adoptadas por este para sistematizar, generar y dar publicidad a los documentos relativos al gobierno militar y relacionados con la Guerrillha do Araguaia, en cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del derecho de acceso a la información pública. Y además, señaló que el “Estado debe continuar desarrollando las iniciativas de búsqueda, sistematización y publicación de toda la información” sobre este caso, especialmente en lo referente a las violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar, garantizando su acceso.

Como se puede observar, estos criterios permiten entender que cuando el artículo 13 exonera a las entidades a producir nueva información para brindarla al solicitante, en modo alguno se está refiriendo a aquella información que está obligado a generar. Pero además, debe también entenderse que generar o producir no es un sinónimo de compilar o recopilar, o incluso procesar, si es que tal procesamiento no afecta la habitual realización de las funciones de las instituciones públicas.

Una interpretación de esta naturaleza del referido artículo 13 no solo se satisface con la obligación de dotar del mayor contenido posible al derecho de acceso a la información pública, sino también con el principio de máxima divulgación que inspira el contenido de este derecho (Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile)[4].

[1] SOSA SACIO, Juan Manuel. Límites de las entidades para argumentar su negativa a crear o producir nueva información que se les solicita. En: https://sumaciudadana.wordpress.com/2012/05/15/limites-de-las-entidades-para-argumentar-su-negativa-a-crear-o-producir-nueva-informacion-que-se-le-solicita/

[3] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de noviembre de 2010, párrafos 290 al 292.

[4] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de setiembre de 2006, párrafo 92.

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