Las órdenes de captura (requisitorias policiales) son públicas gracias al hábeas data

VIDEO: El abogado Elmer Gurreonero cuenta la historia de la demanda de hábeas data registrada en el expediente 5060-2009-PHD/TC

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Javier Casas. Abogados especializado en libertades informativas.

La policía incumple desde hace años su obligación de hacer público el registro completo de personas requisitoriadas. Esta información está en su poder y en julio de 2011 el Tribunal Constitucional (TC) señaló que estaba comprendida dentro la regla general de publicidad de los procesos judiciales, establecida en la Constitución. El TC dijo que la publicidad de esos datos personales no colisiona con la salvaguarda del debido proceso y tampoco con la reserva de la investigación y la presunción de inocencia.

La requisitoria, dijo el Tribunal, “no está referida a aspectos íntimos” y se limita “a exigir la aprehensión de quien teniendo la condición de procesado no ha podido ser habido. Por ende, dicha decisión judicial escapa de los márgenes de la excepcional reserva judicial, para ingresar en [los] de la regla constitucional imperante de la publicidad de los procesos”.

“Así las cosas -añade el TC- se ha de concluir que la información contenida en la base de datos de un registro de requisitorias es pública”.

La sentencia se dio antes de que Perú tuviese su Ley de Protección de Datos Personales; norma que impone como regla la exigencia de recabar el consentimiento del titular de los datos personales, previo al tratamiento de sus datos (como copiar, transferir, organizar, etc.). Sin embargo, el caso de las requisitorias se enmarca en las excepciones a dicha regla, previstas por la misma ley. Primero porque la emisión  de requisitorias se inscribe dentro de las funciones constitucionales del Poder Judicial y de la policía, siendo un sinsentido admitir la posibilidad de que los ‘no habidos’ pudiesen autorizar su emisión. Y con respecto al tratamiento “publicar”, el Tribunal concluyó que no entorpece la misión estatal de asegurar el orden interno -podría hasta reforzarlo-, ni tampoco pone en riesgo la posición del no habido dentro del proceso que se le sigue. Por lo tanto, estamos ante datos personales que tienen como destino una base de datos accesible al público por mandato del TC.

Otra consecuencia importante de la decisión del TC ha sido señalada por quien litigó este asunto, el abogado Elmer Gurreonero, en un video que presentamos más arriba, visto ya miles de veces en internet. El abogado se propuso que el Tribunal Constitucional fijara un hito para frenar la corrupción policial alrededor del tratamiento de esa información. Su tesis es que la publicidad de las requisitorias reduce la posibilidad de que malos policías lucren con el acceso a dicha información, o con su ocultamiento. Se trata de una opinión bastante razonable y que refuerza la necesidad que la policía cumpla de una vez con el mandato de los jueces constitucionales, publicando la base de datos de requisitoriados, actualizada y en formato reutilizable.

@javiercasas