La sentencia de hábeas data ‘perfecta’

Luis Alberto Huerta Guerrero

Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La parte resolutiva de una sentencia es de suma importancia para lograr su cumplimiento, razón por la cual corresponde que en ella se precise de forma clara el derecho que ha sido identificado por el juez como amenazado o vulnerado; el acto mediante el cual se lesionó el derecho (por acción u omisión); el mandato concreto (de hacer, no hacer o dar) para asegurar su protección; la autoridad, funcionario o persona a quien corresponde cumplir el mandato; el plazo para su cumplimiento y las medidas de presión (coercitivas) a aplicar en caso de incumplimiento. De esta manera, el juez garantiza una efectiva protección judicial de los derechos fundamentales, pues evita posteriores errores o interpretaciones divergentes sobre lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales.

A nivel normativo, el Código Procesal Constitucional contiene una regla obligatoria sobre el contenido de la sentencia sobre hábeas data (artículo 17º), según la cual, ésta debe contener: 1) la identificación del demandante; 2) la identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza o violación del derecho, o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo; 3) la determinación (identificación) precisa del derecho vulnerado, o la consideración (apreciación) del juez de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida; 4) la fundamentación que al juez le lleva a adoptar su decisión; 5) la decisión o resolución adoptada por el juez señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto.

Como se aprecia, el citado artículo no hace referencia a la identificación del acto que lesiona el derecho, al plazo para el cumplimiento de lo ordenado por el juez, ni a las medidas de presión (coercitivas) a emplear en caso de incumplimiento del mandato judicial, aspectos que también deberían estar incluidos en la sentencia.

Si un fallo omite alguno de los aspectos a los que hemos hecho referencia, la parte interesada debería presentar un recurso de aclaración o de subsanación, previstos en el artículo 121º del Código Procesal Constitucional, a fin que el juez aclare algún concepto o subsane la omisión. De modo particular, somos de la opinión que todos estos aspectos deben estar precisados en la resolución o fallo de la sentencia, por ser la parte de la sentencia a ser invocada ante los jueces para su cumplimiento.

Una evaluación de algunas decisiones relevantes del Tribunal Constitucional arroja lo siguiente. En una de las decisiones más conocidas sobre acceso a la información, relacionada con el pedido para conocer los viáticos y gastos de los viajes del Presidente de la República al exterior (STC 01797-2002-HD/TC, caso Wilo Rodríguez), el Tribunal se limitó a declarar fundada la demanda y ordenar al Poder Ejecutivo (en forma general, sin hacer mención a alguna entidad en particular) la entrega de la información solicitada.

En la STC 01219-2003-PHD/TC (caso Nuevo Mundo Holding), el Tribunal falló en sentido similar, aunque indicando con precisión que correspondía a la Superintendencia de Banca y Seguros entregar la información solicitada. Lo particular en este caso es que el Tribunal establece una serie de lineamientos a seguir para el cumplimiento de la sentencia, relacionados con la necesidad de proteger el secreto bancario. Se trata de una técnica orientada a evitar que se perjudiquen derechos de terceros como consecuencia de la ejecución de la sentencia.

De otro lado, en la sentencia 2579-2003-HD/TC (caso Arellano Serquén) se aprecia un mayor contenido de la parte resolutiva, aunque con omisiones. De modo particular, en esta sentencia se estableció una vía especial para que el propio Tribunal pueda supervisar el cumplimiento de su decisión, relacionada con información en poder del Consejo Nacional de la Magistratura. En este sentido, ordenó que el juez de ejecución diera cuenta a la Secretaría General del Tribunal Constitucional del cumplimiento del fallo.

Tomando para el análisis una resolución más reciente, relacionada con el pedido de información sobre un expediente administrativo, el Tribunal declaró fundada la demanda y se limitó a ordenar a la demandada “adoptar las medidas necesarias a fin de localizar la información requerida. En su defecto y de comprobarse el extravío de la misma, disponer la reconstrucción del expediente administrativo  correspondiente, para luego de ello cumplir con su entrega en copias a los interesados” (STC 1410-2011-PHD/TC, caso Edison Pérez Rengifo).

Podemos ver que las decisiones del Tribunal Constitucional no son uniformes en cuanto al contenido de su parte resolutiva, a la vez que omiten una serie de aspectos que, como se señaló líneas arriba, resultan de especial importancia para garantizar una correcta ejecución de la sentencia y, en consecuencia, el acceso a la información solicitada.

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