El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

Juan Manuel Sosa Sacio

Coordinador general de Gaceta Constitucional. Miembro de Constitucionalismo Crítico

El artículo 18 del T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) sintetiza la finalidad y alcances de la norma: establece que, siendo la regla el acceso a la información pública, las únicas excepciones admitidas son las reguladas por los artículos 15, 16 y 17 (información calificada de reservada, secreta o confidencial) cuya interpretación debe ser restrictiva; y precisa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada tienen el deber de mantenerla en reserva, bajo responsabilidad. En otras palabras, limita las excepciones favoreciendo el acceso y, al mismo tiempo, establece responsabilidades para que la información sensible realmente se mantenga fuera del alcance de todos –salvo, aunque también con varias restricciones, para algunos funcionarios como los congresistas, los jueces, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo y, desde 2012[1], la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; siempre que la soliciten en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con las condiciones estrictamente señaladas por la propia ley–.

Ahora bien, al final del referido artículo 18 aparece una peculiar mención, una especie de excepción a las excepciones: “Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona”.

Sin pasar por alto la imperfecta redacción de este párrafo –que, por ejemplo, denomina “puntos” a los “artículos” 15 y 16 del Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la ley 27806; que señala que la información reservada incluye la documental (algo que quedaba claro del artículo 10, como si además no fuera obvio); y que llama “convenciones” a los “Convenios” de Ginebra–, la referida disposición precisa que de ninguna forma puede mantenerse en secreto –como reservada o secreta– información que se refiera a la violación de derechos humanos o contravención al Derecho Internacional Humanitario.

Una primera cuestión que podría surgir al leer este párrafo es plantearnos si se trata de una norma dirigida a todos los ciudadanos o únicamente a los funcionarios que mencionamos en el primer párrafo (congresistas, jueces, Contralor, Defensor del Pueblo y unidad de inteligencia financiera), ya que el artículo 18 hace referencia a ambos asuntos. Al respecto, consideramos que se trata de una regulación de carácter general, que permite el acceso a cualquier persona: primero, porque la norma no hace esta distinción restrictiva respecto a los solicitantes; segundo, porque establece expresamente que “no se considerará como información clasificada”, sin centrarse en quiénes la solicitan sino refiriéndose a la naturaleza de la información (que no podrá considerarse secreta); tercero, porque como el primer párrafo del mismo artículo señala, las excepciones de los artículos 15, 16 y 17 del TUO deben interpretarse de modo restrictivo, por ende, optimizando el acceso a la información pública, en este caso permitiendo el acceso de todo ciudadano.

Señalado esto, debemos mencionar algo sobre el contenido de los dos supuestos: violación de derechos humanos y violación de los Convenios de Ginebra. Respecto a la violación de derechos humanos, debemos entender por estos no sólo a los derechos reconocidos por los tratados internacionales sobre esta materia sino a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución peruana –entre estos, por ejemplo, el derecho al acceso a la información pública–; es más, incluso a estos efectos sería necesario acudir a las leyes de desarrollo constitucional y a la jurisprudencia constitucional, en la medida que delimitan o regulan el contenido de estos derechos. Del artículo 18 se desprende que, en nombre de la seguridad nacional, tanto en el ámbito interno como externo, no se admite la transgresión de derechos fundamentales; y si, pese a la prohibición, esta se produjera, no puede admitirse ocultamientos por parte del poder público.

En lo que concierne a los Convenios de Ginebra de 1949, como se sabe, estos cuatro tratados constituyen la base del actual Derecho Internacional Humanitario (y se refieren al trato digno –mejor aun: humanitario– que merecen los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y personas civiles en contexto de enfrentamiento armado). La intención de estos convenios fue hacer menos cruenta, dar visos mínimos de humanidad, a la difícil situación por la que pasan quienes se ven envueltos en guerras internacionales e incluso conflictos armados internos o no tradicionales. Con tal previsión, se especifica que no sólo no puede lesionarse derechos humanos en general, sino que ni siquiera situaciones graves como las guerras o conflictos armados constituyen una excepción al Derecho Humanitario o a las reglas humanitarias de la guerra, y que la contravención de éstas de ninguna forma podrá mantenerse en secreto.


[1] Decreto Legislativo 1106

Una respuesta a “El acceso a la información vinculada a la violación de derechos humanos o a los Convenios de Ginebra de 1949

  1. Pingback: La regulación de las excepciones al derecho de acceso a la información pública | Suma Ciudadana

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