El derecho de acceso a la información pública frente a la reserva de la etapa de instrucción penal

Sofía Liliana Salinas Cruz

Abogada de la Procuraduría Pública Especializada en materia constitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con estudios de Maestría con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En una anterior oportunidad se esbozó la diferencia entre el ejercicio del derecho de defensa y el derecho de acceso a la información pública en el marco de un proceso judicial[1]. En esta ocasión, se tratará el derecho de acceso a la información por parte de terceros ajenos al proceso, y su repercusión en la condición de reservada de la etapa de instrucción o de investigación de un proceso penal.

El proceso judicial, como el de índole penal, es público (artículo 139, numeral 4, de la Constitución); por lo que cualquier persona, que no actúe como parte del proceso, puede acceder a la información consignada en el expediente que corresponda, solicitándola. Sin embargo, al principio de publicidad del proceso se le imponen límites razonables establecidos en la ley. En ese sentido lo han establecido el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones (…), en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”) y el artículo 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”).

En cuanto a la regulación de las limitaciones en el acceso a esta información, el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales y el artículo 324 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, establecen que la etapa de instrucción y de investigación, respectivamente, tienen el carácter de reservado. Las partes procesales podrán acceder a los actuados y diligencias procesales que correspondan, salvo que el juez o el fiscal (en la etapa de investigación en el nuevo Código Procesal Penal) dispongan lo contrario temporalmente.

El Tribunal Constitucional, al respecto, ha establecido cinco reglas para que se pueda acceder a información de un proceso judicial en la sentencia recaída en el Expediente N° 03062-2009-PHD/TC. Ahora corresponde citar dos de ellas: “a) si el expediente pertenece a un proceso judicial que aún no ha concluido, la información debe ser solicitada al juez que conoce el proceso, dado que es éste el funcionario responsable de tal información” y “c) en ambos casos, los funcionarios encargados de atender lo solicitado tienen la responsabilidad de verificar caso por caso y según el tipo de proceso (…) si determinada información contenida en el expediente judicial no debe ser entregada al solicitante debido a que afecta la intimidad de una persona, la defensa nacional o se constituya en una causal exceptuada por ley para ser entregada (…), bajo las responsabilidades que establece el artículo 4 del T.U.O. de la Ley Nº 27806”.

De lo expuesto, se puede concluir preliminarmente que la condición de reservada de la etapa de instrucción de un proceso penal, no significa la negación de la información sin tomar en cuenta ciertas consideraciones de las circunstancias concretas por parte del juez. Es decir, que es posible que se acceda a información pública que proceda del expediente de un proceso en curso, que se encuentra en la etapa de instrucción, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

En primer lugar, es necesario indicar que la reserva en la etapa de instrucción o de investigación tiene por finalidad garantizar la prosecución del proceso, que este llegue de manera adecuada y con éxito a su fin, por lo que también se debe garantizar que no se entorpezca el desarrollo de la actividad probatoria. Se pretende evitar que puedan generarse alguna “ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos (…)” (sentencia recaída en el Expediente N° 02262-2004-HC/TC, fundamento jurídico 20). Con lo cual se garantiza el valor justicia.

En segundo lugar, el funcionario encargado, en este caso el juez que conoce del proceso en la etapa de instrucción o el fiscal en el caso se conozca en la etapa de investigación, según el nuevo Código Procesal Penal, deberá analizar si la información pública que forma parte del expediente en esta etapa del proceso, merece ser excluida del conocimiento público porque su publicidad puede afectar la consecución del proceso o la actividad probatoria, como se ha indicado. Pese a la reserva, se requiere un análisis de cada caso concreto respecto de la información solicitada para determinar si puede o no ponerse a conocimiento público.

En tercer lugar, la reserva es de carácter temporal, puesto que aunque en un momento determinado de la instrucción o investigación cierta información haya sido considerada como reservada, es posible que dicha condición varíe si también han variado las condiciones que permitieron afirmar en su oportunidad que el proceso se podía ver afectado.

Por último, en cuarto lugar, se debe considerar de forma análoga, lo establecido en el artículo 13 del T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que la denegatoria de la solicitud de información debe estar debidamente fundamentada, colocando por escrito por qué se considera que la información es reservada. Asimismo, en concordancia con los principios 5 y 7 de los Principios sobre el derecho de acceso a la información pública[2], cuando se deniega la información solicitada, se deben exponer las razones específicas que motivan dicha denegatoria y, además, que la carga de la prueba para justificar la negativa, recae en la autoridad competente, esto es, el juez o el fiscal. De este modo, se asegura el principio de interdicción de la arbitrariedad en la denegatoria y el derecho de acceso a la información pública.


[2] Resolución N° 147, adoptada en la 73° Período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 4 al 14 de agosto de 2008, en Río de Janeiro, Brasil. En: http://www.oas.org/CJI/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.pdf.

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  1. Pingback: Transparencia, publicidad, reserva y secreto en el proceso penal | Suma Ciudadana

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