La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información pública

Erika Tejada Villar

Profesora adjunta en  Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN.

El acceso a la información pública es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo contenido reside, esencialmente, en reconocer la facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública. Este derecho se encuentra regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ha establecido a su vez, una delimitación del contenido de este derecho así como las limitaciones a su ejercicio.

A diferencia de la delimitación que es el proceso de identificar cuál es el contenido o ámbito que protege un determinado derecho fundamental; la limitación supone realizar una restricción o injerencia al libre ejercicio de aquello que forma parte de ese ámbito protegido, ya sea para armonizarlo con otros derechos o con la finalidad de permitir la efectividad de otros bienes, principios o valores constitucionales.

Esta diferenciación se torna necesaria al momento de analizar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 13º de TUO de la ley 27806, cuando señala: “La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. (…) Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean.”

¿Será este el caso de un límite al contenido del derecho de acceso a la información pública? o ¿Nos encontramos ante una delimitación de este derecho? Consideramos que en estos supuestos el legislador no ha establecido un límite al derecho de acceso a la información pública, como de una primera lectura se podría inferir[1], pues se diferencia de los artículos 15º, 16º y 17º del TUO de la ley 27806, donde se enumeran taxativamente estos límites teniendo como propósito impedir que se vulneren otros derechos como la intimidad y el secreto bancario, o la reserva de ley u otros bienes jurídicos como la seguridad nacional.

En el caso del artículo 13º nos encontramos ante una delimitación del contenido del derecho, ya que excluye estas situaciones del ámbito protegido por el derecho de acceso a la información pública. Y es que sería un tanto absurdo otorgar la facultad para exigir información que una entidad no posee; no obstante, hace una salvedad en los casos en que la entidad de la Administración Pública esté obligada a poseer la información solicitada. Del mismo modo, el legislador no ha considerado como parte del contenido de este derecho, la capacidad de exigir  la elaboración de un análisis o evaluación de la información con la que ésta cuente.

Estas diferencias deberán observarse al momento de evaluar los fundamentos que sustenten una denegatoria de información. Si se alega estar frente a un límite del derecho de acceso a la información pública, la entidad tendrá que argumentar las razones del rechazo a la solicitud, amparada en la optimización de otro derecho, bien jurídico, valor o principio. En tanto que, en el caso de los supuestos analizados en el artículo 13º, la entidad tendría únicamente que sustentar la no posesión -ni obligación de posesión- de la información o señalar que lo solicitado implica la elaboración de evaluaciones no realizadas por la institución.


[1] De hecho en las sentencias el TC ha señalado a este articulado como una excepción al derecho de acceso a la información pública (Cfr. 05173-2001-PHD  y 05982-2009-PHD/TC)

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6 Respuestas a “La delimitación del contenido del derecho de acceso a la información pública

  1. Pingback: Consejos prácticos para solicitar información pública de manera eficaz | Suma Ciudadana

  2. Dra. Erika me parece buena y valiosa la información dada porque así podemos sebr como prevalecer nuestros derecho a la información. Quería comentarle que soy docente de un colegio público donde solicité una serie de doccumentos(actas, informe, parte de asistencia,…) en mérito a la ley de transparencia pero la Directora me respondió negandome por ser privados. En asi, que hice mi queja ante la UGEL adjuntándole todo. Grande fue mi sorpresa porque hace días atrás, me hacen entrega de un oficio adjuntando el informe de la CADER, donde me responden que mi queja al acceso a la ifnromación pública ha sido archivada porque mi persona ha cmetido negligencia al no adjuntar recibo de pagos por dicha información. ¿ Cómo presentaría si desde siempre me ha denegado la directora? es más, el colegio no cuenta con un TUPA. AGradeceré me oriente que hacer: o contestar mis pgtas ¿ Puedo presentar un Habeas Data, denunciar penalmente según el Cógido Penal art- 377 , presentar un proceso contencioso administrativo o qué hacer para que se me de la información y de ser posible se sancione a los que resulten responsables?

    • Estimado ‘Gipao’ corremos traslado de tu pregunta a Erika. No obstante, nos permitimos indicarte que, por lo que indicas, se configura un caso de negación injustificada de información pública en poder de la escuela. En ese sentido cabe el hábeas data como último recurso judicial, contra el director del colegio. Saludos

      • Muchas gracias por su orientación y que bueno que corran traslado a la Dra Erika, ojalá pronto me pueda orientar aún más. Sigan adelante. Éxitos.

  3. GILMER ALARCON REQUEJO

    Me parecen interesantes los comentarios de Erika Tejada Villar, Profesora adjunta en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad ESAN, sobre las permisiones y prohibiciones del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, me parece interesante que nos falta reflexionar sobre la obligación de producir información por parte de las instituciones estatales. GILMER ALARCÓN, CLÍNICA JURÍDICA SAN MARCOS.

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