El derecho al acceso a la información electoral en Perú a propósito del caso Rafael Rodríguez Castañeda vs México

Úrsula Indacochea Prevost

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro de Constitucionalismo Crítico.

A inicios del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia interpuesta en favor del periodista mexicano Rafael Rodríguez Castañeda, y dirigida contra los Estados Unidos Mexicanos, por vulneración del derecho de acceso a la información pública protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según los peticionarios, el Estado había vulnerado este derecho al negarle al periodista y director del semanario Proceso, el acceso a información de carácter electoral, específicamente “el acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país para la elección de Presidente de la República.”

Otro punto importante de la denuncia, estuvo referida a la existencia de disposiciones legales de derecho interno que ordenaban la destrucción de las boletas electorales una vez culminado el proceso electoral[1], por considerar que ello era incompatible con el contenido del derecho de acceso a la información.

El citado caso resulta relevante, por dos razones. En primer lugar, porque se trata de uno de los pocos casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar en un supuesto que no involucra el riesgo de un daño irreparable a la vida o a la integridad personal, ordenando al Estado mexicano que suspenda provisionalmente la destrucción de las boletas[2].  Y por otro lado, porque al igual que en el caso mexicano, el ordenamiento jurídico peruano también dispone la destrucción de las cédulas de votación.

En el Perú, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que las entidades de la Administración Pública (que incluye al sistema electoral) tienen la obligación de proveer la información requerida siempre que haya sido creada u obtenida por ella, o se encuentre en su posesión o bajo su control. Las cédulas de votación son documentos impresos por la propia administración electoral, que son distribuidos a las mesas de sufragio para ser utilizadas por los votantes, quienes consignan en ellas el sentido de su voto de manera anónima.

Al final de la jornada electoral, las cédulas de votación son escrutadas por los miembros de mesa, en un acto público sujeto al control ciudadano a través de la presencia de personeros electorales. El artículo 300 de la Ley 26859 -Ley Orgánica de Elecciones-, obliga al Presidente de la mesa de sufragio a destruir las cédulas escrutadas que no han sido impugnadas, al final del escrutinio, bajo responsabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿debemos considerar que al estar las cédulas de votación bajo el control de la administración electoral, son documentos sujetos al principio de publicidad que deberían ser entregados en caso que alguien lo solicite? ¿Es la disposición legal que ordena destruir las cédulas, violatoria del derecho de acceso a la información pública? ¿ O nos encontramos ante un nuevo supuesto de excepción al ejercicio de este derecho, que debe agregarse a los previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al declarar inadmisible la petición del caso Rafael Rodríguez Castañeda, nos brinda algunos elementos de análisis. En su informe, la CIDH considera que “en determinadas ocasiones el acceso a la información comprende tanto el acceso al dato procesado, como el acceso a la información en bruto”[3], y que al poner a disposición de la ciudadanía las actas electorales que consignan el resultado del escrutinio de las boletas solicitadas “el Estado estaría asegurando el acceso a esa información, en su modalidad de dato procesado”.  Así, la CIDH consideró que la necesidad de acceso a la información en este caso, se vio satisfecha o podría haberse visto satisfecha con la entrega de las citadas actas, y que no se había aportado elementos para mostrar porqué dicha información no resultaba útil.

De esta manera, la negativa de acceso –y la eventual destrucción- de las cédulas o boletas de votación no parece contravenir, en abstracto, los estándares interamericanos del derecho de acceso a la información pública; sin embargo, a efectos de preservar la claridad de nuestra legislación en esta materia, cabría plantearse la posibilidad de incorporar este supuesto a alguna de las excepciones establecidas en ella, salvo mejor parecer.


[1] Nos referimos al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[2] La reseña de la medida cautelar puede verse en: http://www.cidh.org/medidas/2008.sp.htm

[3] CIDH. Informe 165/11. Petición 492-08, Rafael Rodríguez Castañeda (México), párrafo 44. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/inadmisibilidades.asp

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